Los grupos parlamentarios del Pacto que sustenta al Gobierno de Canarias, Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP), han rechazado por 31 votos la enmienda a la totalidad que el Grupo Socialista había presentado al Catálogo Canario de Especies Protegidas, por entender que el mismo es “un atentado contra la biodiversidad canaria” al desproteger a 227 de las más de 450 existentes.

A partir de ahora, el polémico texto continúa su trámite con la presentación de enmiendas parciales en ponencia y comisión con el fin de que esté aprobado antes del mes de junio.

El texto alternativo, defendido por la diputada socialista y alcaldesa de Artenara, Guacimara Medina, pretendía que el Catálogo contara con los informes de las dos universidades canarias y que se convierta en un decreto y no en una Ley que, según los socialistas, no puede ser recurrida nada más que ante el Tribunal Constitucional y, por tanto, reduce las posibilidades de alegar por parte de los ciudadanos y de la comunidad científica.

“Es un proyecto que carece de rigor científico y técnico”, aseguró Medina, para quien el Ejecutivo ha usado a los grupos parlamentarios que lo apoyan para “imponer” un catálogo contestado por la comunidad científica y la opinión pública.

Por su parte, el portavoz nacionalista, José Miguel González, criticó que el PSC esté cuestionando la capacidad legislativa del Parlamento a la hora de proponer leyes y negó que el texto canario contradiga el aprobado por el Estado y que lo que hace es complementarlo, toda vez que introduce una “protección especial” a varias especies que no han sido admitidas por el Gobierno central.

“Ha sido el Estado el que ha descatalogado la mitad de las especies y las ha dejado fuera de combate”, ha insistido González, pues el Código Penal “solo puede sancionar las que están en peligro de extinción y son consideradas vulnerables, ¿pero qué hacemos con las que están en las categorías descatalogadas por el Estado?”

El portavoz del PP, Carlos Ester, insistió en que Canarias “va a reforzar la protección” del catálogo estatal, por lo que conminó al PSC a “sumarse a sacar la mejor ley posible”.

A ambos, Medina les acusó de “no tener argumentos” para defender una tesis denunciada hasta por el Comité de Empresa de la consejería de Medio Ambiente, pues el interés es “sacar adelante infraestructuras para ustedes más interesantes que la biota canaria”, en referencia al Puerto de Granadilla, ya que el texto desprotege los sebadales de esa zona tinerfeña gracias a los cuales la Unión Europea (UE) y los tribunales han paralizado su construcción.