A poco de que se cumpla un año desde su cierre, el Parque Marítimo César Manrique de la capital tinerfeña vio esta mañana como la Justicia hacía finalmente efectivo el desahucio dictado a principios del mes de septiembre contra la empresa arrendataria que venía explotando la instalación desde 2006, Santa Cruz Park Tenerife S.L., por impago del canon que fijaba el contrato.

Pasadas las diez de la mañana varios funcionarios del juzgado se dieron cita en el recinto de Cabo Llanos para tomarlo por la fuerza, si bien no fue necesaria siquiera la presencia de la Policía Local.

Sí fueron desalojados varios de los trabajadores con que aún contaba Santa Cruz Park Tenerife S.L., nueve en concreto, que se mantuvieron en las afueras del Parque Marítimo mientras la juez realizaba una visita por los diferentes espacios que formaban parte de la concesión y el contrato de arrendamiento.

Junto a ella, acudieron al recinto el abogado de la Sociedad Parque Marítimo, Ignacio Acha, y su secretario, Pedro Doblado. Una sociedad - formada al 50 por ciento por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y por Autoridad Portuaria, aunque la salida de ésta ya se tramita por imperativo legal – que recuperará para la Administración Pública la explotación del Parque Marítimo.

No se presentaron ni Luis Gil, propietario de Santa Cruz Park Tenerife, ni el gerente de la entidad, y tampoco sus representantes legales. En entorno, además de representantes de los medios de comunicación, se encontraban también varias de las usuarias que han venido denunciando la situación del histórico enclave.

Toca ahora debatir el futuro de la instalación, algo que tendrá lugar en un próximo pleno monográfico que tendrá lugar en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. El alcalde de la ciudad, Miguel Zerolo, ya ha explicado que la intención pasa por elaborar y sacar un nuevo concurso para el subarriendo.

De cualquier forma, tal cosa no se antoja inminente, por cuanto el Parque Marítimo presenta un aspecto de evidente abandono, con innumerables acumulaciones de basura y varias roturas y destrozos en el inmueble. Dichos arreglos pretenden ser financiados con el nuevo Fondo Estatal de Inversión Local que está siendo tramitado por el Ministerio de Política Territorial.

En ellas hay que sumar también los trabajos, previstos con anterioridad, a los que obliga la normativa sanitaria en materia de depuración de aguas y que nunca fueron realizados.