Urbanismo dicta una instrucción para reorientar la disciplina urbanística y poner el foco en grandes infracciones

Se establece también la prioridad de perseguir las infracciones cuyo plazo de prescripción está más cercano en el tiempo

EDDC.NET / Santa Cruz de Tenerife

El concejal de Ordenación del Territorio de La Laguna y director de la Gerencia de Urbanismo, Santiago Pérez, ha dictado una instrucción que reordena las prioridades de la disciplina urbanística, establece planes objetivos para su actuación y pone el foco en las grandes infracciones urbanísticas en el municipio.

“Hemos dictado una instrucción inédita, muy detallada, que marca las prioridades del gobierno municipal en esta materia”, explica Santiago Pérez, quien defiende que “primero es preciso atajar la gran infracción urbanística, aquella que supone una vulneración más grave del ordenamiento jurídico y la que más repercusiones tiene sobre el territorio”. Igualmente se establece la prioridad de perseguir las infracciones cuyo plazo de prescripción está más cercano en el tiempo, “para tratar de evitar la impunidad”.

Santiago Pérez subraya la importancia de esta medida “porque además de tener un efecto pedagógico, refuerza la autoridad moral de la Administración: no puede ocurrir que la gran infracción urbanística acabe impune, prescribiendo, y que el pequeño infractor, que a veces infringe la legislación para resolver acuciantes necesidades sociales, vea cómo cae sobre él todo el peso de la ley. La experiencia nos enseña, asimismo, que el gran infractor está muy bien asesorado jurídicamente, mientras que el pequeño infractor, cuando es sorprendido, se rinde ante la Administración”, asegura el edil.

El concejal de Ordenación del Territorio considera “crucial” que la disciplina urbanística se ejerza primordialmente a través de planes objetivos de inspección, “y no se convierta en el campo de batalla en el que se dirimen malquerencias vecinales y ajustes de cuentas, de forma que la actuación de la Administración funcione a impulsos de denuncias. Los particulares tienen derecho a presentar denuncias y la Administración debe atenderlas, pero su actuación prioritaria debe regirse de acuerdo a planes objetivos. Para ello debemos aprovechar al máximo las nuevas tecnologías que nos permiten detectar cualquier alteración en el territorio en tiempo real”, asegura.