PSC y NC marcaron distancias en Amurga

El gobierno insular rechazó paralizar la compra que pedían PP, Unidos y CC porque el acuerdo sería modificado

EDDC.NET / Las Palmas de Gran Canaria

Por segunda vez el pleno del Cabildo descartó paralizar la formalización de la compra de la fincas de Amurga, hasta que se hagan los deslindes del dominio público de esos terrenos. Al mismo tiempo, también por segunda vez los grupos del PP, Unidos y CC no lograron dividir el voto de NC y PSOE en torno a la operación de adquisición de 4,66 millones de metros cuadrados a 22 propietarios, entre ellos la esposa y cinco cuñados del presidente de NC, Román Rodríguez, por un precio de 4,06 millones de euros.

La moción de los tres partidos de la oposición, apoyada por Podemos, fue rechazada por los 16 votos del gobierno de NC, PSOE y No Adscritos alegando que la solicitud de encargar al Consejo Insular de Aguas (CIA) que haga urgentemente los deslindes del dominio público «ya se realizó» y que hasta que no estén hechos el expediente no volvería al Consejo de Gobierno para el acuerdo definitivo, según destacó el entonces portavoz del PSOE, Ángel Víctor Torres.

Aunque votara lo mismo que NC, el PSOE marcó distancias en su rechazo a la moción al considerar que la revisión de oficio de la compra es obligatoria porque faltan informes preceptivos en el expediente, el acuerdo debería corregirse y la tasación de las fincas sería distinta, en todo caso inferior porque el suelo de dominio público sería excluido de la adquisición. Además, el PSOE anunció que se reservaría el voto sobre la compra de las fincas de Amurga si el expediente, una vez corregido, logrará regresar al Consejo de Gobierno antes de que terminará el mandato anterior. Por el contrario, el consejero de Hacienda, Pedro Justo (NC), aseguró que el expediente de la compra de Amurga «estaba perfecto» y que la revisión de oficio no procedía porque «requiere de un error que no existe».

El PSOE ofreció a los grupos proponentes una transaccional a su moción, que rechazaron, que proponía ratificar la decisión de Justo de solicitar los deslindes y que una vez sean recabados el expediente regresaría al Consejo de Gobierno. También abogaban por abrir un proceso de información interna para determinar si en las compras de suelo rústico que el Cabildo ha realizado hasta ahora pudieran existir superficies de dominio público.

Para el portavoz del PP, Carlos Ester, «al traje a la medida» que, a su juicio, suponía la operación de compra de fincas de Amurga «se le estaban abriendo las costuras». En esta operación, señaló, «el PSOE está entre la espada y la pared, entre Morales e Ibarra», dijo en alusión al candidato de este partido al Cabildo en los comicios de mayo y sus críticas al expediente.

Según el portavoz de Unidos, José Miguel Bravo de Laguna, el expediente «estaba suspendido desde que se encargaron los deslindes», a propuesta de la oposición, para saber cuántos metros cuadrados había que pagar, con lo que se lograría un ahorro para las arcas insulares.

Para el portavoz de Podemos, Miguel Montero, «el muñidor y máximo responsable de esta operación era Pedro Justo», al que tildó incluso de «posible cómplice» en la compra. El partido morado, agregó, defendía la compra de terrenos para reforestación, «pero bien hecha».

El ex consejero de CC, Fernando Bañolas, declaró que el gobierno insular «aquí ha ido a rebufo de la oposición» y dijo no tener claro si en la práctica el expediente está suspendido o no porque «según el presidente no lo está, seguía adelante y se resolvería antes de las elecciones».