Cae el imperio de Miguel Ángel Ramírez, el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas

El empresario canario ha llevado a concurso de acreedores a su grupo empresarial, Ralons, uno de los mayores de Canarias y que emplea a cerca de dos mil personas

EDDC.NET / Madrid

El grupo Ralons, que ha sido propiedad del empresario Miguel Ángel Ramírez, uno de los mayores conglomerados empresariales de Canarias, ha sido declarado en concurso de acreedores. La compañía daba empleo a unas 2.000 personas en sociedades dedicadas a distintos servicios como lavanderías, seguridad, educación infantil o formación profesional, según ha publicado www.vozpópuli.com.

El juzgado mercantil número dos de Las Palmas de Gran Canaria ha declarado recientemente en concurso voluntario a las empresas que forman el grupo, y ha nombrado como administrador concursal a Pluta Abogados.

Las empresas de Ramírez siguen así la estela que hace ya dos años marcó la compañía de seguridad del presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Seguridad Integral Canaria.

La empresa de seguridad fue declarada en concurso de acreedores en enero de 2018, por el mismo Juzgado de lo Mercantil número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, con un agujero de 22 millones de euros, según Miguel Ángel Ramírez.

A mediados de 2018, Miguel Ángel Ramírez se deshizo de su participación, cercana al 100%, en la compañía de seguridad. “La vendí por un euro para que el administrador de la empresa la comprara; lo hizo con la autorización de la administración concursal y el juez del mercantil”, explica Ramírez en una conversación telefónica mantenida con este diario en la mañana del martes.

Ramírez dice que hace años se desligó del grupo Ralons y que en la actualidad da empleo a 1.000 personas en otros negocios

El empresario canario, que dio nombre a su grupo de servicios, Ralons, utilizando los apellidos de sus padres, Ramírez Alonso, constituyó a mediados de los años noventa una decena de sociedades.

En la actualidad el grupo lo conformaban una cadena de lavanderías; una sociedad de gestión de escuelas infantiles; una empresa de formación; una firma de vigilancia e instalación de alarmas; una empresa encargada de la gestión de eventos deportivos; una sociedad de gestión de zonas verdes; una empresa de residencias; y otra de limpieza.

“Hace ya unos años, desde 2013 o 2014, que no tengo que ver con esas empresas, ha sido un proceso de liquidación ordenado”, señala Ramírez. “Están ya sin actividad, pero se han ido liquidando de forma ordenada; ahora me dedico a otras empresas, con 1.000 empleados, no de servicios, ya hace años que no paso por esas oficinas”, asegura.

Hace unos meses “se vendió el negocio de la gestión de guarderías y a partir de ahí se ha ido a concurso para hacer un cierre ordenado de las empresas; en el proceso concursal se verá que hay más que cobrar que pagar”, añade Miguel Ángel Ramírez.

Carrera polémica

En los últimos tiempos la carrera profesional de Ramírez ha estado salpicada de escándalos empresariales y políticos.

Ramírez ha sido investigado por presunto fraude a la Seguridad Social y estuvo salpicado por actuaciones contra la exjuez Victoria Rosell.

Hace dos años la Fiscalía solicitó al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que condenara a diez años de cárcel y 29 de inhabilitación al magistrado de la Audiencia de Las Palmas Salvador Alba, por delitos de cohecho, prevaricación judicial, falsedad y revelación de secretos.

La Fiscalía acusó a Alba de manipular de forma “arbitraria” y “con ánimo espurio” una instrucción penal que había iniciado la juez Victoria Rosell -en la actualidad delegada del gobierno contra la violencia de género tras haber sido diputada por Unidas Podemos-.

En ese caso la Fiscalía defendió que el juez Alba había intentando llegar a “un acuerdo corrupto” con Miguel Ángel Ramírez para que este le proporcionara documentación sobre sus relaciones empresariales con la pareja de la juez Rosell.

Miguel Ángel Ramírez, cercano al exministro José Manuel Soria, también ha sido investigado por presunto fraude cometido contra la Seguridad Social por un importe de 1,3 millones de euros entre los años 2012 y 2013.