Acaba el juicio de La Bufona: “imposible ejecutar esto sin la connivencia del Ayuntamiento”
La Fiscalía solicita el derribo de las viviendas
Saúl García (Diario de Lanzarote.com) / Arrecife
El juicio de La Bufona ha quedado visto para sentencia con la petición tanto por parte del ministerio fiscal como de la acusación particular del derribo de las casas de La Bufona, en el primer caso de las 14 que ocupan suelo rústico y en el segundo de toda la urbanización. Las acusaciones piden 15 y 11 años de prisión para Antonio Caro y Federico Echevarría, los promotores del plan parcial, por un delito contra la ordenación del territorio, otro de desobediencia, falsedad en documento público y estafa.
La Fiscalía sólo acusa de estos dos primeros delitos y ha rebajado su pena, de los cuatro años que solicitaba a un año y nueve meses de prisión más una multa por dilaciones indebidas y por aplicar la normativa más favorable para los reos antes de la reforma de Código penal.
El fiscal Carlos Fernández Seijo, en sus conclusiones, aludió al desarrollo urbanístico de finales de los años noventa y la “permisividad de los organismos públicos”. “En Arrecife se evidencia que no existieron esos controles”, señaló. El fiscal considera que está probado que varias casas se comenzaron antes de conseguir las licencias y que no pararon las obras a pesar de que conocían la orden de suspensión.
Irma Ferrer, una de las abogadas de la acusación particular, que representa a la familia Murillo, señaló que este plan parcial es el único de Lanzarote donde se dan todas las irregularidades: licencias irregulares, plan anulado, no se cobraba el IBI, no se han hecho las cesiones obligatorias, se ha ocupado suelo rústico... “Es imposible ejecutar esto sin la connivencia del Ayuntamiento de Arrecife”, señaló.
La letrada destacó que en otros procedimientos parecidos están imputados los alcaldes y técnicos de la administración local. Calificó el caso como “un urbanismo salvaje y criminal” porque las consecuencias, como la falta de espacios públicos, las cesiones, los aparcamientos o los accesos, “los pagamos todos”.
Además, destacó que desde el primer momento “se hizo una ficción porque no se hizo el proyecto de reparcelación, que era preceptivo y vinculante”. Consideró que los promotores hicieron “lo que quisieron” y que engañaron a la Administración tramitando una modificación puntual del plan parcial “cuando ya estaban haciendo otra cosa”. También destacó que el certificado final de obra es falso, igual que las certificaciones catastrales porque se registraron datos que no son ciertos.
El otro abogado de la familia Murillo, Ignacio Cáceres, dijo que los más perjudicados por las ilegalidades son los residentes y que el delito contra la ordenación del territorio es claro porque Brisa vendió una propiedad vallada ocupando suelo rústico.
La defensa alega prescripción de los delitos
Tanto la abogada de Antonio Caro, África Zabala, como el abogado de Echevarría, Julio Ortiz, consideran que los delitos están prescritos porque se tardó nueve años en llamar a declarar a los acusados, desde 1999 que se denunció hasta 2006. Ambos solicitaron la absolución y consideran que ninguno de los cuatro delitos se ha demostrado con pruebas durante el juicio.
Según Zabala, no está en cuestión todo el plan parcial sino sólo la franja de terreno al Norte de la urbanización. También destacó que el denunciante, Gonzalo Murillo, “ha ubicado las fincas que cree que son suyas donde ha querido”. Aseguró que no se ha medido bien el terreno y que no es de protección ecológica. “Todo cambia si la medición se hace desde la carretera”.
Julio Ortiz, el abogado de Echevarría, citó en su alegato final los testimonios del fiscal Pallarés, propietario de una de las viviendas, que compró con licencia y declaró que su finca lindaba con Brisa Inversiones; el de la ex alcaldesa Isabel Déniz, que declaró que “estaba todo bien” y el del notario Celestino Mendizábal: “Estamos hablando de un señor notario, no de unos agentes del Seprona”, señaló; y concluyó diciendo que todas las obras estaban autorizadas.
Finalmente, el acusado Federico Echevarría quiso tomar la palabra para decir que compró el plan parcial con el proyecto de parcelación y que no sabía que no se habían hecho las cesiones al Ayuntamiento. Dijo que durante 45 años de profesión ha construido cinco millones de metros cuadrados por todo el mundo y nunca ha tenido ningún problema, y señaló que el suelo que se dice que es rústico siempre ha sido suelo urbano porque el rústico empieza 450 metros por encima de la carretera. “Lo dijo el secretario del Ayuntamiento de Arrecife que sabe de esto un poco -señaló -, y en los avances del Plan General siempre se ha calificado como urbanizable”.