Santa Cruz valora el cambio de plazos en la convocatoria de ayudas contra la pobreza

Considera más razonables los nuevos periodos de ejecución que replantea el gobierno 

EDDC.NET / Santa Cruz de Tenerife 

La concejalía de Atención Social de Santa Cruz de Tenerife valora la flexibilización de 2 meses planteada por el gobierno de Canarias tanto del plazo de ejecución como justificación de la convocatoria de ayudas contra la pobreza infantil, cómo fórmula que facilita a los Ayuntamientos la oportunidad de gestionar eficazmente esta línea de subvenciones.

El quinto teniente de alcalde y concejal responsable del área, Óscar García, considera que “ampliar los plazos de ejecución hasta el 31 de agosto y de justificación hasta el 1 de octubre abre la puerta a la posibilidad de gestionar los 224.391 euros que hemos solicitado desde Santa Cruz”. 

Óscar García mencionó que con independencia de esta partida de fondos adicional, “todas las líneas de financiación dirigidas a paliar la pobreza infantil, que en la práctica es pobreza familiar, están incluidas en los presupuestos y esta ayuda vendrá a descargar la inversión municipal ya prevista”. 

“Hablamos de una cantidad de recursos limitada (0,2 millones) frente a la inversión contra la pobreza, en sus diferentes modalidades y tipo de prestaciones, que ya sostenemos cada año desde el Ayuntamiento (6 millones), pero contribuye y colabora con el esfuerzo propio de Santa Cruz y eso siempre es bueno”, argumentó. 

Retraso

El concejal recordó que la polémica con esta convocatoria de subvenciones que el ministerio aprobó en 2017 y transfirió a las comunidades autónomas para su gestión final a través de loa ayuntamientos “tiene más que ver con los retrasos en la tramitación que con la voluntad compartida de combatir la pobreza infantil”. 

Conviene tener presente que el Ministerio autorizó estas subvenciones en noviembre del pasado año y hasta abril del presente el gobierno de la Canarias no suscribió el protocolo de actuación imprescindible para autorizar a los ayuntamientos en su ejecución efectiva, con un plazo de ejecución que había comenzado en enero y que finalizó en junio, hace más de quince días. 

Por ello, García valora que “la consejería haya entendido que en esos plazos es imposible gestionar la subvención y haya accedido a flexibilizar los plazos en dos meses para que los ayuntamientos contemos con las mínimas condiciones para optar a esos recursos y destinarlos al fin para el que están previstos”. 

El concejal de Atención Social reconoce que “si hubiéramos dispuesto del protocolo de actuación en enero, que es cuando comenzaba el plazo de ejecución, ningún ayuntamiento canario hubiera tenido ningún problema en la gestión de las ayudas”.