Podemos consigue el aval del Parlamento para que el gobierno revoque sus contratos con las empresas de Miguel Ángel Ramírez
Noemí Santana afirma que “es hora de demostrar de qué lado estamos”
EDDC.NET / Santa Cruz de Tenerife
El Grupo Parlamentario Podemos Canarias ha conseguido el respaldo unánime de la Cámara regional para que el gobierno en minoría que preside el nacionalista Fernando Clavijo revise y revoque los contratos suscritos con empresas “que incumplan las obligaciones aplicables en materia laboral relativas al abono de los salarios de los trabajadores”, en especial los concernientes a Seguridad Integral Canarias SA y el Grupo Ralons, propiedad de Miguel Ángel Ramírez.
“Es hora de mostrar de qué lado estamos”, enfatizó la portavoz parlamentaria y secretaria general de Podemos Canarias, Noemí Santana, el mismo día en que Ramírez fue detenido y puesto en libertad sin fianza al estar siendo investigado como presunto autor de un fraude durante los años 2012 a 2013.
La líder de la formación morada ha recordado que Ramírez, “además del incumplimiento de la obligación básica del pago de salarios a sus trabajadores, a quienes se les adeuda en algunos casos sueldos desde el mes de septiembre de 2017”, ha incumplido la realización de numerosos servicios contratados por el Gobierno de Canarias y por sus consejerías con sus empresas.
Malas praxis empresariales
“Un ejemplo de empresario emprendedor para el presidente y una persona ‘non grata’ para la Ciudad de La Laguna por el sufrimiento que está causando a muchas familias con sus malas praxis empresariales”, insistió Santana desde la tribuna de oradores.
La portavoz de la formación morada ha recordado la Ley de Contratos del Sector Público contempla como causa de resolución del contrato “el impago de los salarios por parte del contratista a los trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las condiciones establecidas en los convenios colectivos en vigor para estos trabajadores también durante la ejecución del contrato”.
La iniciativa impulsada por Santana, y que ha negociado con la totalidad de los grupos parlamentarios para conseguir la unanimidad, incluye que tanto la Federación Canaria de Islas (Fecai) como la Federación Canaria de Municipios (Fecam) velen por “el efectivo cumplimiento por parte de las empresas” de Ramírez de “las obligaciones laborales, especialmente aquellas relativas a la subrogación de los trabajadores” de todos los contratos públicos que se les haya adjudicado.
Asimismo, la Cámara regional mandata al gobierno, Cabildos y Ayuntamientos a cumplir la disposición transitoria tercera de los presupuestos de Canarias de 2018 para “incluir condiciones laborales mínimas” como condición para suscribir contratos de carácter social.