El sindicato CSIF denuncia la discriminación que sufren los funcionarios civiles del Estado
Asegura que no cotiza por sus trabajadores lo que debiera
EDDC.NET / Madrid
El sindicato CSIF denuncia la situación de discriminación que sufren los funcionarios públicos pertenecientes al régimen especial de funcionarios civiles del Estado (clases pasivas).
En el último congreso nacional de CSIF celebrado en Cáceres en el año 2015 se aprobó, por unanimidad, el requerir al Estado la posibilidad que los funcionarios de clases pasivas pudiesen, de forma voluntaria, solicitar a su empleador (Estado) la integración en el régimen general de la Seguridad Social, en iguales condiciones que el resto de trabajadores por cuenta ajena de este país.
Esta reivindicación, que es de sentido común, y más una vez que el régimen de clases pasivas ha sido formalmente declarado a extinguir con efectos del día 1 de enero de 2011, no está siendo atendida por el gobierno de la nación, por las razones que a continuación exponemos.
En primer lugar, el Estado, como empresario, en el régimen de clases pasivas, no cotiza por sus trabajadores lo que debiera, dado que no se tiene en consideración la retribución real que perciben los funcionarios y sí unos presuntos haberes reguladores que, en gran parte de la las ocasiones, son muy inferiores a los salarios reales.
De este modo, el gobierno central, que bien que se cuida de sancionar al resto de los empresarios si no realizan éstos la cotización mensual por los sueldos íntegros abonados exigiendo el pago hasta el último céntimo de euro, en cambio, y por lo que a él respecta, nos engaña y defrauda en realidad al conjunto de los ciudadanos españoles al no ingresar a la bolsa común de la Seguridad Social lo que debiera.
¿A quién perjudica la situación que denunciamos?. La respuesta es bien sencilla: a miles, y miles de funcionarios de grupos A2, C1, Y C2 cuyos sueldos, aunque muy escasos, congelados y hasta disminuidos en los últimos años, son aún sensiblemente superiores a los haberes reguladores que fija el mismo Estado, y que suponen, en la práctica que cuando se jubilen por edad sus pensiones sean muy inferiores, a las que en realidad les corresponderían si el Estado cotizara como un auténtico empresario, por salarios reales.
Otra de las consecuencias negativas de lo descrito anteriormente, es decir, del fraude que se comete, es que el funcionario de clases pasivas jamás es pensionista, y por tanto, debe seguir pagando sus medicinas, cuando accede a la jubilación y hasta la tumba, abonando las mismas cantidades que abonaba en activo.
Ningún argumento jurídico o pretendidamente histórico justifica ni un minuto más la situación actual antes descrita.
El actual gobierno del PP, a una pregunta formulada sobre esta cuestión en el Congreso por el grupo parlamentario de Unidos Podemos, ha contestado que ni se ha planteado el permitir el cambio voluntario de los funcionarios del régimen de clases pasivas al régimen general de la Seguridad Social.
Y, en peores términos, ante una iniciativa por escrito del sindicato CSIF Canarias dirigida, tanto al ministerio de Presidencia y Administraciones Territoriales como al ministerio de Hacienda y Función Pública, la contestación, que curiosamente nos remite el ministerio de Empleo y Seguridad Social, es que corregir esa situación supondría un coste económico inasumible para el Estado aunque claro, y eso lo decimos nosotros los perjudicados, ese famoso coste es menor, por ejemplo, que el que representará el rescate de las autopistas. Esta excusa tan peregrina del inasumible coste económico para el Estado en cambio, no se le admite a ningún otro empresario de este país cuando alega dificultades económicas para abonar la Seguridad Social de sus trabajadores.
Debemos preguntarnos lo siguiente: ¿a quién beneficia perpetuar esta situación?; ¿por qué ningún sindicato incluye esta reivindicación en la Mesa General de Negociación?; ¿ por qué ningún partido político, con la salvedad de Podemos, se une a la denuncia de la situación aquí planteada?; ¿por qué no hay ningún interés en incrementar la bolsa de cotizantes a la Seguridad Social?; y en definitiva, ¿por qué se permite que el Estado en el siglo XXI mantenga trabajadores que por igual trabajo tienen situaciones de Seguridad Social tan dispares?.