El fraude que no cesa en los procesos selectivos del Cuerpo Nacional de Policía

Asociación La Voz del Opositor

Desde años se ha consentido y normalizado una aberración, ya que  fruto de las irregularidades, la opacidad y las continuas arbitrariedades que  se cometen en las pruebas de ingreso al CNP, los procesos selectivos vienen  acompañados del escándalo mediático e institucional, que ensucia el nombre  de la institución y desprestigia el trabajo de sus miembros, sin que a nadie  parezca importarle o interese ponerle remedio. 

Esta anomalía administrativa desemboca cada año en un colapso en la  vía judicial, debido a la ingente cantidad de recursos que los opositores se  ven obligados a interponer, y que se postula como la única posibilidad para  defender sus derechos, recobrar su dignidad y poder continuar como  opositor de pleno derecho en la lucha por una plaza. 

Estos recursos, que se han convertido en una rutina más del proceso,  son ganados sistemáticamente por los opositores. Una estadística de éxito  que se debe básicamente a dos aspectos: Por un lado, un cuadro médico  obsoleto, pruebas diagnósticas inadecuadas y dictámenes médicos ausentes  del rigor necesario. De otro lado, entrevistas personales que carecen de todo  rigor científico y adolecen de una evaluación psicológica previa al  candidato. 

Es a partir del año 2015, cuando la DFP, conocedora de esta  demoledora estadística, cambia el orden de realización de las pruebas, con el  único fin de obstaculizar la entrada en Ávila de los recurrentes injustamente  expulsados. Lo cual quedó constatado, el 27 de junio del año 2019, tras la  jugada que sufrieron los 28 opositores recurrentes de aquella promoción  convocados a realizar una prueba de psicotécnicos que, tras el fallo  estimatorio del TSJM, debería ser de la misma dificultad que la de su año.

Y  en cambio fueron sometidos a un examen con una dificultad extrema, que  conllevó que ninguno pasara el corte establecido, teniendo que acudir  nuevamente a la justicia, los magistrados del TSJM despacharon este  escabroso asunto con auto muy duro en el que se daba la razón a los opositores y se considera probada la desviación de poder de la DGP.

Este profundo desprecio hacia el opositor, emana de una autoridad  despótica que entronca con los más oscuros episodios de nuestra historia  reciente, y les lleva no solo a ignorar la ley, sino incluso a incumplir las  sentencias judiciales, como hemos visto. Y lejos de avergonzarse y corregir  esas actuaciones indeseables, se han elaborado estrategias para perpetuarlas: por un lado se ha utilizado el Cuestionario de Información Biográfica (CIB)  como prueba documental que esgrimir contra los posibles recurrentes. Por  otra parte, con respecto a la grabación de la entrevista personal, y a pesar de  los múltiples requerimientos para que sean aportadas como medio de  prueba, a día de hoy no han tenido respuesta ni se ha reportado ninguna. 

Asimismo, en la última convocatoria se modifican las Bases para que  el CIB y el test de personalidad (TP), sean instrumentos meramente  anecdóticos, utilizados para orientar la entrevista al capricho del tribunal. Se  da la paradoja de opositores expulsados en entrevista, alegando un supuesto  déficit en la comunicación por haber dejado alguna pregunta en blanco en el  CIB, frente a otros opositores que, a pesar de haber dejado en blanco  numerosos ítems, incluso en el TP, han superado la misma. 

Ahondando en la opacidad del proceso, nos encontramos con la  negativa de la grabación de las pruebas físicas, argumentando razones  peregrinas de protección de datos, cuando estas garantías son utilizadas en  otros cuerpos hermanos como la Guardia civil, e igualmente la negativa a  utilizar instrumentos de medición modernos, y homologados, y ello a pesar  de que el sindicato mayoritario JUPOL y alguna academia como DEPOL se  ofrecieron a sufragar de su bolsillo los chips para la medición de las pruebas. 

Una prueba más de este dislate es lo sucedido este año con la prueba  de ortografía, cuando se decidió elevar la nota de corte y se consideró que  determinadas palabras estaban mal escritas, contraviniendo el criterio de la  RAE a este respecto, y abocando a miles de opositores a recurrir estas  decisiones que parecen no tener padre, pero esperemos que pronto tengan  nombre y apellido. Esta situación además, guarda cierta similitud con la ocurrida en el año 2017, cuando se tuvo que anular dicha prueba y motivó el  cese del Jefe de la División en aquel momento, Carlos Lobato Masa. 

El pasado día 12 de diciembre se hacía pública la noticia, de El  Confidencial, así el Comisario Principal, Jesús María Marín Zabala, Jefe del  área de Procesos Selectivos del CNP era “cesado”. Otro lavado de imagen,  que a pesar de las similitudes con el anterior hemos de anotar una gran  diferencia, ya que a toda la vorágine mediática, administrativa y judicial y a  la incidencia acumulada estos últimos años, siendo especialmente grave el  auto de la XXXII, hay que añadir que este “cese” ha sido coincidente en el  tiempo con otra publicación, de la revista jurídica Economist&Jurist, en la  que JUPOL, habla de exigir y depurar las responsabilidades  correspondientes en la vía penal, ¿Estrategia, coincidencia, causalidad?...