La inmigración: oportunidad o reto

María Teresa Cruz Oval (*)

En el mes de junio se ha debatido en el Parlamento de Canarias una interpelación al gobierno con motivo del fenómeno de la inmigración irregular y la lucha contra el tráfico ilegal de personas. Mi impresión, tal vez errónea, es que tanto en la intervención como en la posterior moción se trasluce un interés casi exclusivo en condenar la inmigración, más que en otros elementos no menos importantes.

Considero que el pueblo canario más que ningún otro puede comprender y ser comprensible con los movimientos migratorios. No hace tanto, muchos de nuestros antepasados tuvieron que abandonar nuestro ‘terruño’ para hacer una larga y en ocasiones mortal travesía en busca de un futuro mejor para ellos o para su descendencia.

La inmigración irregular, contabilizada oficialmente es una cantidad casi irrelevante comparada con las personas extranjeras que viven legalmente en nuestro país.

En el periodo 2008-2017 entraron irregularmente 122.622 personas. En ese mismo periodo vinieron a vivir a España 3.480.846 personas. Una de cada diez personas residentes en España tiene nacionalidad extranjera y en su inmensa mayoría residen, trabajan, estudian y lo hacen legalmente; es decir, se integran.

No sé si por convicciones políticas profundas, que no las quiero eludir, por educación o por haberlo mamado desde mi más tierna infancia, pero lo cierto es que estoy absolutamente convencida que en la inmigración no cabe el cortoplacismo ni la política de trincheras.

Lo decía en mi intervención parlamentaria a colación de este asunto. Creo que al afrontar la realidad migratoria nos jugamos el tipo de país que queremos construir. Por eso debemos poner las luces largas, hacer política con mayúsculas y conseguir llegar a acuerdos de Estado en esta materia.

Pienso que en torno a la inmigración al igual que en la pobreza existe mucha hipocresía. Si eres negro y rico puedes venir cuándo y cuanto quieras, pero si eres negro, pobre y además lo haces en una patera, barcaza, cayuco…las cosas cambian radicalmente.

Desde el mes de agosto de 2019 nuestra Comunidad Autónoma asiste a un momento de llegada de inmigrantes irregulares debido, fundamentalmente, al cierre de otras rutas: una situación delicada que requiere medidas humanitarias de carácter urgente.

Sin embargo, utilizar términos como avalancha, invasión o hablar de millones de africanos dispuestos todos a venir de golpe a España, a Canarias, genera de una manera irresponsable, una alarma social injustificada y, además, incierta.

El gobierno de España ha puesto las luces largas con el fin de mejorar la gestión migratoria a medio y a largo plazo, que exige la actuación en tres niveles de intervención: dentro de nuestras fronteras, en los países de origen y tránsito y, por último y fundamentalmente, en el ámbito de la Unión Europea.

Algunos políticos parece que no tienen ninguna línea roja que no pueden traspasar. Cualquier asunto puede ser bueno si con el mismo consiguen su “minuto” de gloria. Hemos vivido tiempos muy difíciles. Aunque en momentos se nos hizo eterna la estancia en nuestros domicilios, al fin llegó el desconfinamiento físico; sin embargo a una gran cantidad de políticos, aún no les ha llegado el momento de desconfinar sus mentes.

El gobierno de España está centrando todos sus esfuerzos en tres cuestiones: que sea ordenada, que sea integradora y que sea de carácter comunitario.

Una inmigración ordenada porque evidentemente nadie en el gobierno ni nadie en el PSOE ha dicho nunca que en este país pueda haber papeles para todos, como se ha lanzado por los arrabales, de quien sabe dónde por algún responsable político.

Creo sinceramente que una circulación flexible pero ordenada de bienes y de capitales ha demostrado ser una fuente de enriquecimiento global. Lo mismo ocurre con la circulación flexible y ordenada de personas, que si se hace de esta manera, enriquece la vida de los propios migrantes desde todos los puntos de vista: pueden vivir con más dignidad, pero también enriquece a los países de origen y a los países de destino. De ahí que este gobierno apueste con firmeza por potenciar estas vías de inmigración legales y ordenadas.

Finalmente es necesario apostar por una inmigración integradora, porque el objetivo de la inmigración legal no puede ser otro que la integración plena de las personas migrantes en nuestra sociedad, de forma que no haya ciudadanos y ciudadanas de primera categoría y ciudadanos y ciudadanas de segunda categoría sino ciudadanos y ciudadanas iguales, dotados de los mismos derechos y las mismas obligaciones. 

(*) Diputada del Grupo Parlamentario Socialista.