La compra

Francisco Pomares (*)

Según pasaban los días, y a medida que se iban conociéndose los detalles del expediente de la compra de las fincas de la familia de Román Rodríguez en Amurga, por parte del Cabildo de Gran Canaria, controlado por el partido de Rodríguez, lo que al principio se presentó como una casualidad en una operación de largo recorrido para reforestar terrenos de la isla, comenzó a desvelarse como una decisión perfectamente planificada para sortear la oposición de la intervención insular a la compra, y coser desde la corporación un traje a medida para que pudiera realizarse. Según reveló el examen del expediente, la operación se intentó ya en 2016 con el formato de compra directa de los terrenos a los familiares de Rodríguez, aunque el intento fue bloqueado por la intervención cabildicia.

La evidencia de lo ocurrido se recogió en un mail remitido por un funcionario a un cargo intermedio del Cabildo, a finales de agosto de 2017, documento que fue portada en la prensa grancanaria, y que no sólo viene a poner negro sobre blanco la intención de la corporación presidida por Antonio Morales de comprar a los cuñados de Rodríguez en cualquier procedimiento, ya sea «directo o con concurrencia», sino las decisiones adoptadas por el Cabildo grancanario para intentar sortear el informe negativo de la intervención: entre otras, una modificación presupuestaria por un importe de cuatro millones de euros «si se incluyera la finca Amurga», según dice el correo.

Es pronto aún para establecer responsabilidades concretas en este asunto, pero sin duda lo razonable sería paralizar el procedimiento hasta que se despejaran las dudas, si eso ocurre. Y eso es lo que  se intentó conseguir por parte de la oposición a Morales en el pleno del Cabildo, sin éxito, porque el secretario general del PSOE canario, Ángel Víctor Torres, se enrocó en una numantina posición de defensa de las tesis de Morales y los suyos.

Ya se ha dicho aquí que esa posición colocó al líder socialista en una situación difícil ante sus compañeros: los medios reflejaron con claridad la existencia de un pulso soterrado entre quienes dentro del PSOE consideraban que este asunto debía ser aclarado antes de seguir adelante, y el propio Torres, que despachó la historia con una reflexión sobre la inconveniencia de discutir un asunto de carácter administrativo en el pleno. Pero es que no estábamos ante un asunto de carácter administrativo. Estábamos ante una operación de compra que la intervención paró el 30 de noviembre de 2016, y que se materializó dos años después -parece- a espaldas del PSOE y del pleno.

Pudiera ser comprensible que Torres, que era vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, no quería complicarle las cosas al que era su presidente, Antonio Morales. Pero fue inexplicable su cerrazón ante la posibilidad de investigar un asunto que -por afectar a quienes afecta- era la comidilla de Las Palmas. Mientras los socialistas grancanarios manifestaban dudas éticas ante la compra, Torres se comprometió con Nueva Canarias en silenciar una operación cuando menos dudosa, aún a riesgo de que iba a soportar el desgaste político y electoral de su partido y de él mismo.

(*) Periodista