Defendamos a nuestros mayores con todas nuestras fuerzas

Coordinadora estatal por la defensa del sistema público de pensiones

Ante la grave crisis social, económica y sobre todo sanitaria originada por la pandemia del coronavirus queremos expresar, una vez más, nuestro agradecimiento, admiración y respeto por las personas que, incluso a riesgo de su salud, nos cuidan y nos alimentan, muy especialmente a los sanitarios, dependientes de comercios alimentación, agricultores y transportistas. Queremos manifestar también nuestro pesar por quienes sufren, en los hospitales y en sus casas, las nefastas consecuencias de la pandemia, así como nuestra honda preocupación por la situación de los ancianos y ancianas que viven solos, en muchas ocasiones con escasísimos recursos económicos y una salud precaria. Imaginamos su miedo y su impotencia. 

Residencias sin control

Tenemos en cuenta también a las personas dependientes ingresadas en residencias de mayores, donde están muriendo numerosos ancianos y ancianas sin que ni siquiera se les haya hecho pruebas diagnósticas. En muchos casos, estas muertes sin diagnosticar se están registrando por causas como neumonía, según informaba el diario El País el pasado 22 de marzo. Pero ha sido el pasado día 23,  cuando redactamos este escrito, que nos ha llegado la escandalosa y terrible noticia de que la UME (Unidad Militar de Emergencia), que realiza labores auxiliares para atajar la epidemia, ha encontrado ancianos muertos en sus camas en residencias de mayores de varias ciudades y provincias del Estado, un suceso que nos retrotrae a épocas lejanas, cuando las epidemias de peste asolaban periódicamente Europa. Ante lo insólito del caso la Fiscalía ha abierto una investigación al respecto. 

Esta circunstancia atroz no es ajena a la misma concepción de las residencias de mayores como negocios, cuya principal finalidad es el beneficio económico, no el bienestar y la salud de las personas. La dejación de sus obligaciones por el gobierno central y los autonómicos es la causa principal de estas situaciones inicuas. Así, en Madrid el 87% de las residencias de mayores son privadas y, según denuncias sindicales, la mayoría de ellas carecen de los medios necesarios y del personal suficiente para atender de manera adecuada las necesidades de las personas acogidas. Mientras, el gobierno de la Comunidad, apoyado por PP, Ciudadanos y Vox, se niega sistemáticamente a aprobar una comisión de investigación que destape esa realidad. Por las informaciones que periódicamente salen a la luz, consideramos que la situación en el resto de comunidades autónomas es bastante similar. 

¿Colectivo prescindible?

Como organización defensora de las pensiones públicas, nos preocupa que la cuantía de las prestaciones sea adecuada a las necesidades de los y las pensionistas, pero también nos interesa mucho su calidad de vida en todos los aspectos, especialmente ahora el asistencial y sanitario. En este sentido, agradecemos las muestras de solidaridad con las personas mayores y los esfuerzos evidentes de la sociedad para preservarlas del contagio, dada su especial vulnerabilidad.

Pero al mismo tiempo percibimos con gran preocupación que, en una situación de crisis como la actual, una parte de esa sociedad está empezando a percibir a la gente mayor como un colectivo prescindible. Opiniones de personajes como Christine Lagarde, actual presidenta del Banco Central Europeo, que declaraba hace un par de años que los ancianos “viven demasiado y suponen un riesgo para la economía”, y del viceprimer ministro y responsable de Finanzas de Japón, Taro Aso, que pedía unos años antes a los ancianos “que se den prisa en morir”, para que el Estado no tuviera que pagar su atención médica, abonan y ejemplifican esa apreciación. 

¿Ética nazi?

Sin llegar a este grado de sincera brutalidad, la Semicyuc, una sociedad española de médicos especialistas en Medicina Intensiva, estrecha más sutilmente el círculo de la infamia en los criterios propuestos por su denominado grupo de trabajo de Bioética, para la gestión de la crisis provocada por el Covid-19. El documento, ampliamente difundido en la prensa, aunque evita señalar directamente a los mayores, propone, entre otros, los siguientes criterios para establecer la prioridad de acceso a los cuidados intensivos, es decir, para decidir entre quién vive y quién muere: 

• “21.-Valorar cuidadosamente el beneficio de ingreso de pacientes con una expectativa de vida inferior a 2 años, establecida mediante herramienta Necpal o similar. 

• 22.-Tener en cuenta otros factores como, por ejemplo, personas a cargo del paciente, para tomar decisiones, maximizando el beneficio del máximo de personas. 

• 23.-Tener en cuenta el valor social de la persona enferma.” (Los subrayados son nuestros) 

¿¡¡Tener en cuenta el valor social de la persona enferma!!? ¿Es que acaso, mientras estamos encerrados en casa, hemos vuelto sin enterarnos a los tiempos de la Alemania nazi? ¿Quién se supone que debe determinar el ‘valor social’ del enfermo, el médico de guardia? ¿Desde qué tipo de púlpito moral se puede instar a los sanitarios a introducir tal grado de subjetividad, como indica esta supuesta guía, en su ya difícil labor diaria? ¿Cómo podría influir a la postre la edad, entre tantos otros factores igualmente inadmisibles, en la medida de ese hipotético ‘valor social’? En un estado democrático de derecho, ningún equipo médico puede tener, jamás, el poder de hacer semejante evaluación. Es más, a día de hoy, que sepamos, todas y cada una de las personas, por el hecho de serlo, sanas o enfermas, jóvenes o viejos, trabajadores o pensionistas, valen exactamente lo mismo. 

Las verdaderas causas

Por otra parte, ¿era inevitable llegar a esta situación en que hay que determinar, por ejemplo, quién debe poder respirar y quién no? Ni mucho menos. Las sociedades occidentales, también la española, disponen de recursos suficientes para garantizar la atención sanitaria en una coyuntura como la que estamos sufriendo. No es la pandemia, considerada en sí misma, quien hace que nos veamos en unos momentos de indefensión por la falta de recursos, sino la criminal política de recortes en sanidad, la privatización de hospitales y residencias de mayores y, en suma, las políticas económicas al servicio solo de los poderosos, sin importar la exclusión de grandes sectores de las mayorías sociales. 

Que tome nota el actual gobierno progresista de coalición: el movimiento de pensionistas, no aceptará nunca esas infamias: ni las vilezas políticas y económicas, ni la consecuente vileza de una bioética carente de ética. Escoger quién debe tener prioridad de atención en una situación excepcional como la que estamos viviendo, sería en todo caso, una decisión individual de las personas afectadas, que, según sus principios, acepten sacrificarse por otras; nunca una imposición externa basada en criterios utilitarios que ofenden a la condición humana. 

Cuando todo esto termine, muchos miles de personas habrán muerto innecesariamente por culpa de esta concepción desalmada de la política y de la vida. En ese momento, la sociedad civil, y también Coespe, como parte de ella, deberá exigir las responsabilidades que correspondan.