RIP por las RUP

Ángel Cuenca Sanabria (*)

La celebración en Las Palmas de Gran Canaria de la XXIII Conferencia de las Regiones Ultrapeféricas (RUP) es una buena oportunidad para denunciar el fracaso de las políticas comunitarias para estas regiones, todas insulares excepto Guayana, alejadas de  Europa. En el caso de Canarias, tras poco más de un cuarto de siglo de su  forzada  plena integración   en el mercado interior comunitario, en 1991, adoptada sin consultar a la ciudadanía pese a implicar  la renuncia a nuestros fueros históricos, el balance para nuestro desarrollo económico y social ha sido claramente deficitario, sobre todo, para nuestros sectores agrario, pesquero  e industrial y  el bienestar de amplios sectores de nuestra población.

Con la adhesión de España a la CE en 1986, Canarias se mantuvo fuera de la Unión Aduanera (UA), como ya lo estaba secularmente respecto del cinturón aduanero español. También de otras políticas comunes como la Política Agrícola Común (PAC), la de pesca y la Política Comercial Común (PCC), conservando el libre acceso a la CE de nuestras exportaciones hortícolas dentro del calendario y los contingentes tradicionales, así como la reserva de mercado español para el plátano hasta tanto se negociaran nueva medidas de protección frente a la banana americana. 

Nuestras exportaciones industriales a la CE conservaron las generosas normas de origen que tenían para el territorio español; los subsectores de auto abastecimiento agrario e industrial mantenían mecanismos de protección frente a las importaciones y, algo que se olvida con demasiada frecuencia, disfrutando del pleno acceso a los fondos estructurales y de cohesión, lo mismo que a los programas horizontales. Todo ello fuera de la UA.

Una plena integración que nos desintegra

La plena integración en la UA, la PAC y la PCC, ha representado muy mal negocio para las Islas, excepción hecha del subsector platanero y no olvidemos que el principal pretexto integracionista, fue el de la salvación del sector agrario, hoy paradójicamente casi desmantelado.

La superficie agrícola cultivada en 2017 descendió un 40% respecto de la de 1986. Pero la superficie de regadío descendió casi a la mitad. El subsector exportador tomatero se ha desmoronado en dos terceras partes desde la campaña 1985/86 hasta la de 2015/16. Otras hortalizas, flores y plantas ornamentales, siguieron la misma pauta.

El subsector de auto abastecimiento ha retrocedido tanto  como el exportador hortícola. Un cultivo como la papa, integrante tradicional emblemático del paisaje de medianías, se ha derrumbado en un 62% desde l986 hasta 2016, con relevante impacto en el retroceso del medio rural, disminuyendo su superficie en un 70%.

A excepción del caprino, el sub sector ganadero es hoy casi testimonial. Sobre todo el bovino, pese a ser el  más protegido por la PAC como floreciente negocio a nivel continental, mientras en Canarias se ha reducido un 40% desde 1986 y en un 60% el de ordeño. Otras producciones ganaderas han seguido la misma evolución descendente. El porcino sacrificado se ha reducido un 40% y  las aves sacrificadas una tercera parte. 

El sector vitivinícola cubre la cuarta parte del consumo y  nuestra producción cárnico láctea sólo alcanza un 18%, con un 16.5% para mantequillas y quesos. En suma, nuestros niveles actuales de auto abastecimiento alimentario representan una  quinta parte del valor comercial de nuestra demanda, cubriendo sólo un 17% de nuestras necesidades proteicas.

El sector  industrial manufacturero, que excluye la producción de agua y energía, ha descendido  una tercera parte su participación en nuestro PIB, desde un 7.3% en 1990 hasta un 4.7% en 2015. En el último cuarto de siglo hemos asistido al casi desmantelamiento de la industria tabaquera, al desplome de de la industria agro alimentaria y el cierre de la industria conservera abastecida por la flota artesanal y sardinal canaria, también casi desguazada.

A mayor demanda, menos oferta

No hay peor política agraria  que  aquélla que produce menos alimentos cuanto más aumenta su demanda. Y este ha sido el bucle perverso generado por el binomio PAC-POSEICAN en Canarias. En 1993, al inicio de la integración en la PAC, las Islas tenían en torno a 1.700.000 consumidores diarios, entre residentes y turistas. En 2016, alrededor de 2.500.000, casi un 50% más. Sin embargo, la contribución del sector agrario al PIB se  redujo un 55% en el mismo periodo, desde el 3% al 1.35%, disminuyendo también drásticamente en valor absoluto. El empleo agrario aportaba el 7% de la población activa ocupada en 1993 frente al 2.3% actual, bajando un 40% en valor absoluto. 

Pero lo más lamentable es que dicho  binomio ha cambiado y degradado la relación  del hombre y la mujer canaria con nuestra madre tierra, haciéndonos vivir cada vez más de espaldas al medio rural y a expensas de los excedentes continentales europeos importados en régimen de dumping, cuando no de los bancos de alimentos, ante los que hacen cola nuestra cada vez más numerosa legión de excluidos sociales.

La plena integración en el mercado interior comunitario nos ha convertido en una colonia de mercado cautivo. Las importaciones desde el resto del Estado, que representaban un 50% del total en 1986, superan hoy el 77%, pasando las islas a ser el quinto cliente mundial de las exportaciones españolas, con un valor de 11.440 M € para 2016, causantes del 88.3% de nuestro déficit comercial exterior de bienes. 

Descenso al averno social como RUP

Y es que no  basta con tener un régimen especial, necesitamos además que beneficie a la inmensa mayoría de las canarias y canarios. Con unos sectores primario y secundario cada vez más testimoniales, el crecimiento económico ha quedado hipotecado al sector turístico y sus encadenamientos productivos de la construcción, el comercio y resto de servicios. 

Un crecimiento, con un PIB superior a los 42.000 M € en 2016, no traducido en  desarrollo económico y social,  como lo ratifica la grave situación de emergencia social que padecemos, a la cola del Estado y resto de la UE,  con un 26% de paro y más de un 50% de paro juvenil, un 40% de la población en situación de pobreza y exclusión social o en riesgo de sufrirlo, afectando en un 47.6% a la población infantil; y padeciendo  las  fatales consecuencias de las listas de espera sanitarias y de atención a la dependencia.

El mito de la Europa providencia

Este mito, cual espejismo, se desvanece al constatar las crudas realidades sociales como la canaria y se retroalimenta del tratamiento informativo que reciben los fondos transferidos por Bruselas, que tiene como objetivo crear en la ciudadanía una percepción sublimada y distorsionada de los mismos. Para ello se evita desagregarlos por anualidades, presentándose siempre multiplicados por siete y equiparándolos siempre con los conceptos de “ayudas” o “contribuciones europeas”, cuando realmente éstas sólo podrían referirse al segmento de transferencias recibidas que sobrepasen a las  aportadas, ya que el Presupuesto comunitario se forma principalmente con las aportaciones de los estados. 

Los periodos de programación y presupuestos comunitarios abarcan un plazo de siete años. En el anterior periodo 2007/2013, España recibió una media de pagos comunitarios de 12.625 millones de € (M €) anuales, mientras aportó al Presupuesto UE una media anual de 11.315 M €. El promedio anual de ayuda o contribución comunitaria real, fue de un 10.3% de los fondos totales recibidos. En el actual periodo 2014/2020, España ya va palmando en su saldo financiero con la UE con  3.257 M € de déficit, que probablemente la convertirá, al final del periodo, en contribuyente neto al Presupuesto UE, lo que debe servir para enterrar de una vez el discurso tramposo sobre el  cuerno de la abundancia europeo. Más aún cuando tras el BREXIT, los ajustes presupuestarios la convertirán en contribuyente neta “de pleno derecho”... 

Los fondos estructurales y de cohesión asignados a Canarias para 2007/2013 se redujeron casi a la mitad,  al dejar de ser considerada Objetivo 1 tras la incorporación de los nuevos miembros de Europa del este y mediterráneos, bajando hasta una media de 227.5 M€ anuales, desde los 445,5 M€ de media anual del precedente periodo. De nada sirvieron nuestros reclamos para que se tuvieran en cuenta nuestras debilidades estructurales permanentes, más allá del engañoso PIB por habitante.

Señalamos que el Estado recibió una media anual de fondos brutos comunitarios de 12.625 M€, de los que teóricamente debieron corresponder a Canarias un 4.51%, como mínimo,  por nuestra aportación a la población estatal, es decir, unos 570 M €, que deberían incrementarse para que la retórica derrochada en favor de los RUP no luzca cual  florero en los Tratados. Sin embargo, se recibieron 552 M € brutos de media anual, sumando todos los fondos brutos recibidos del  FEDER, FSE, FEADER, FEMP, Fondo de Cohesión y POSEICAN. Un 1.32 % de nuestro PIB. En eso consiste nuestro  trato especial como RUP, con muy inquietantes dudas sobre su mantenimiento para 2021/27.

La imprescindible revisión de nuestro estatus en la UE

Ante el ruinoso balance de nuestro actual régimen en la UE, que se extiende al resto de los territorios RUP, instalados en una crisis económica y social endémica,  sólo procede entonar por él un ‘Requiescat in pace’  (RIP) y ponernos a la tarea de negociar para Canarias un nuevo régimen.  Continuar con la camisa de fuerza  que nos imponen las normas sobre competencia del mercado interior comunitario es renunciar a un modelo de desarrollo económico y social equilibrado, sostenible, autocentrado en función de nuestras verdaderas potencialidades productivas y al servicio de los sectores populares canarios.

Un nuevo modelo productivo que nos permita la implementación de políticas propias como, entre otras, una Política Agraria Canaria (PACA), con los fondos necesarios -en torno al 6 % del Presupuesto canario- para   recuperar a corto plazo el 3% de contribución agraria al PIB y los miles de empleos perdidos, tanto en el subsector tomatero como en el  de auto abastecimiento, junto al incremento paulatino de la superficie cultivada y la defensa de nuestro medio rural, con el objetivo de alcanzar el máximo nivel posible de soberanía alimentaria.

Que garantice el libre acceso de nuestras producciones originarias agrarias, pesqueras e industriales a los mercados europeos, respetando los flujos tradicionales y haciendo compatibles las ayudas compensatorias, tanto europeas, como estatales y locales, para paliar las desventajas de estos sectores,  junto al establecimiento de derechos arancelarios e instrumentos de salvaguardia para nuestros sectores estratégicos y sensibles. Políticas propias que en ningún caso pueden falsear el mercado interior comunitario, ni generar competencia desleal en los mercados europeos, debido a la lejanía y pequeña dimensión de nuestro mercados insulares. 

El ejemplo de San Martín 

Con esta XXIII Conferencia finaliza el periodo anual de la Presidencia canaria de las RUP, que asume la Colectividad de Ultramar francesa de Saint-Martin. Este pequeño territorio RUP ocupa el 60% de la isla caribeña de San Martín, en su parte norte, cuyo 40% restante pertenece a Sint Maarten, en la parte sur, de soberanía holandesa, con un estatus de País y Territorio de Ultramar (PTU) en la UE, que le otorga una mayor autonomía y desarrollo económico, con mayor prosperidad que la zona francesa, muchos de cuyos habitantes se desplazan a trabajar a la zona sur holandesa. Esta isla franco-holandesa abarca sólo un tercio de la superficie de El Hierro.

Los regímenes de integración en la UE (RUP) y asociación con la UE (PTU) –a través de la IV Parte del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE)- coexisten en esta pequeña isla. Recordemos también que, en 2012, la cercana isla francesa de San Bartolomé, haciendo uso del Artículo 355 del TFUE o claúsula pasarela,  decidió cambiar su estatus RUP por el de PTU. Tan mala no debe ser esta agua (de los PTU) cuando la bendicen...

La IV Parte del TFUE sólo exige a los territorios que quieran asociarse como PTU a la UE, ser territorios geográficamente no europeos y haber mantenido en el pasado relaciones especiales con el país miembro de la UE al que pertenecen. ¿Les suena algún archipiélago, situado a 52 millas del continente africano y 750 millas del europeo, que cumple estas condiciones?...

Trabajemos pues por un nuevo traje a la medida en nuestras relaciones con la UE, que nos permita implementar el nuevo modelo productivo económico y social que necesitamos y nos merecemos. Si éste no fuera compatible con una interpretación restrictiva de las normas sobre competencia del mercado interior comunitario, no pasa nada, porque tenemos claro que, para hacerlo viable,  otras alternativas haberlas hailas...

(*) Articulista