Parque Científico y Tecnológico INtech de Tenerife

Jesús Antonio Rodríguez Morilla (*)                                                 

Durante los pasados meses redacté algunos artículos en medios nacionales, respecto a los distintos tipos de protección y principios que la UE establece sobre el control presupuestario y la lucha contra el fraude.

El relativo al control presupuestario no dista mucho de los modelos tradicionales occidentales con una mayor o menor flexibilidad según las circunstancias políticas que se traten. (Por ejemplo, la aceptación de una situación deficitaria de carácter temporal en un país miembro.)

El segundo, se ejerce a través de la OLAF (Oficina Lucha Contra el Fraude), qué a partir del año 2016, pasó a centrarse en grandes investigaciones a escala transnacional, es decir, su misión se vertebró hacia las grandes cifras y episodios que pudieran dañar la imagen de la UE.

Alrededor del 75% del Presupuesto de la UE se gestiona conjuntamente con las administraciones nacionales y regionales mediante el sistema de gestión compartida a través de los principales fondos: Estructurales; Cohesión; Feder; y Fondo Social Europeo, entre otros.

Dicha institución desde su fundación ha pretendido siempre granjearse la confianza de los nacionales de los Estados Miembros, intentando garantizar que el dinero de los europeos se utiliza correctamente mientras persista la lucha contra el fraude.

Dentro de la OLAF se encuentra el importante Tribunal de Cuentas Europeo. Una de sus funciones fiscalizadoras se encuentra dirigida a los Fondos Estructurales y de Cohesión, donde España tiene varios frentes abiertos.

Han existido ocasiones en que se han encendido las luces rojas en algunos despachos de la zona noble de Berlaymont, cuándo por ejemplo, en los años 2012 y 2013, se gastaron de forma inadecuada en cada ejercicio, unos 150.000 millones de euros, incumpliendo la gestión comunitaria.

Aparentemente, durante un largo periodo de tiempo, existió en Bruselas el viejo axioma de: “lo usas o lo pierdes”.

Los fallos se han repartido a lo largo de muchos presupuestos, pero sí ha existido algo a señalar ha sido en “política regional, energía y transporte”, sectores, en los que hasta el 7% del dinero comunitario, se gastó en forma poco ortodoxa.

Igualmente, se debe tener en cuenta que muy pocos países miembros, se encuentran sin mácula en el amplio sector de las irregularidades, y que los mejores escribientes comunitarios han vertido “borrones”.

Recuerdo una frase de uno de nuestros altos políticos destacados en la extinta CEE, allá por 1986, que nos afirmaba ante una magnífica cerveza en un lugar típicamente belga en la Grand Place, a los primeros que ‘desembarcamos’ como ‘stalier’ (aprendices), que la organización nos la describió como una especie de mercado negro persa, donde todo absolutamente tenía un precio.

Nos animaba a “brujulear” por pasillos y despachos a distinguir a los “enemigos esféricos” de los “menos enemigos” con objeto de empezar a confeccionar un catálogo.

España, ha tenido dos magníficos comisarios: Manolo Marín y Abel Matutes y un ‘super’ director de Gabinete como Juan Prat, posterior Embajador ante la OTAN. Los tres se han partido el pecho hasta donde han podido en defensa de los intereses españoles, pero si había uno que se lo recompusiera y volviera a ponérselo en defensa de las empresas españolas, ese era Juan Prat, catalán por más señas.

España, ha tenido, como la mayoría de los Estados Miembros un largo periodo de aclimatación a la gélida y aburrida Bruselas, así como un sinfín de “revolcones” en la compleja Institución.

Y seguirán sucediendo, como hasta ahora, que aún colea el problema del carbón por un lado y los Planes Hidrológicos Insulares por otro.

Pero si existe alguna mancha “indeleble” aún en la UE, son los desaforados despilfarros de los Fondos UE, a través de los ‘modificados de obra’ españoles, tal y como: AVE; Puertos españoles; Aeropuertos infrautilizados.

Por ello, en la importante obra que se inicia: sede de INtech Tenerife, ubicada en la zona de Cuevas Blancas, con una inversión que asciende según medios informativos a 5.800.000 euros, lo que supone una baja del presupuesto inicial de 300.000 euros, y en cuya financiación intervienen el Fondo Europeo, Feder con un 85% así como la corporación insular en un 15% con lo cual se deberán extremar las precauciones respecto al coste final y plazo de la ejecución de la obra.

(*)  Doctor en Derecho (Cum Laude), Diplomado en Estudios Avanzados, Caballero de Mérito por Real Orden Noruega