El escándalo del patrimonio histórico sin catalogar en Santa Cruz de Tenerife, una historia que huele muy mal
Foro contra la Incineración
La acción de una asociación ciudadana ha desempolvado reiterados informes del Cabildo que proponen proteger 500 inmuebles desde 2007, el Ayuntamiento ha dado licencias para demoler sin informes técnicos que contradigan a los del Cabildo.
Lo que ocurre con el patrimonio histórico de Santa Cruz de Tenerife se podría calificar de escándalo desde la perspectiva de los que aman y defienden la arquitectura de los siglos pasados como un tesoro que debemos preservar para legarlo al futuro como seña de identidad del pueblo canario. Escándalo urbanístico, si vemos la dimensión que tiene.
Uno se pregunta dónde están los intelectuales, los historiadores, los arquitectos, y las asociaciones y fundaciones culturales de renombre, y algunos partidos políticos, que guardan silencio sobre un asunto que pone los pelos de punta: informes técnicos del Cabildo que han sido ninguneados hasta ahora por el Ayuntamiento chicharrero vienen adviertiendo desde 2007 de que el Plan General de Ordenación es poco menos que una bomba de detonación programada para edificios históricos. Y es que son la friolera de 500 inmuebles antiguos los que merecen protección por sus valores históricos y artísticos para los funcionarios del Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo.
El asunto data de hace casi una década, cuando en tiempos de Miguel Zerolo (el ex alcalde de CC condenado por corrupción) se revisó el Plan General de Ordenación (PGO), pero el tema lo ha rescatado del olvido una asociación, llamada Nuestro Patrimonio, que preside el periodista Vicente Pérez Luis, que ha puesto en la picota al actual gobierno municipal (CC-PP) porque ha venido a demostrar que el Ayuntamiento ha ido dando licencias para derribar edificios históricos de ese listado de 500, sin ningún informe técnico propio que le lleve la contraria a los funcionarios del Cabildo. Osea, se autorizan derribos para que promotores privados tengan pingües beneficios, por decisión política sin criterio técnico, generando sustanciosas plusvalías urbanísticas.
Por las concejalías de Urbanismo han pasado desde 2007 concejales de CC, PSOE y ahora PP, y ninguno había frenado lo que para el Cabildo (los funcionarios, entiéndase) es una decisión -la de no proteger esos inmuebles- que puede mermar de forma notable el patrimonio histórico santacrucero, que también lo es de Canarias. Hete aquí que el actual alcalde, Bermúdez, fue consejero de Planificación del Cabildo, hasta meses antes de ser alcalde, por lo que, como miembro del gobierno insular, participó en y conoció bien las decisiones institucionales cabildicias sobre el Plan General de su amada Santa Cruz.
Si uno va hilando declaraciones públicas de los que gobiernan, con lo que dice el expediente del PGO y con los datos que va haciendo públicos la Asociación Nuestro Patrimonio en Facebook, y lo que algunos periodistas de los que investigan han publicado, uno se da cuenta de que la cosa huele bastante mal.
El Cabildo hizo sus informes de Patrimonio Histórico en 2007 y 2010 para la revisión del PGO, y los redactores de este plan hicieron un malabarismo muy propio de cómo funciona el urbanismo en esta tierra, y no digamos en la capital tinerfeña. A saber: no protegieron esos 500 inmuebles (no los catalogaron), alegando que el critierio del Cabildo legalmente no es vinculante, pero sí dijeron que eran “susceptibles de futura catalogación” y los metieron en un nuevo tomo del PGO con ese artero nombre, con las miras puestas en una futura revisión del Catálogo de Patrimonio Histórico. Tan futura que nunca llegó. Acaso se trataba de que nunca llegara.
Por supuesto que los redactores del PGO dejaron claro que si alguno de esos inmuebles se iba a derribar, siempre quedaba la opción de suspender (el Cabildo, por ejemplo) cautelarmente la demolición, aplicando un procedimiento previsto en la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias.
Osea, no pero sí, sí pero no, muy típico de quien quiere quedar bien con el que le paga y tratar de no ensuciarse demasiado las manos, por si acaso. La realidad es que cuando el PGO llegó a la Cotmac, este órgano -caído ahora en desgracia con la nueva Ley del Suelo de Clavijo- pues le vino a decir: oiga, que “susceptibles de” no es nada, no es ninguna figura jurídica legal; catalóguelos si cree que tienen valor histórico o artístico.
¿Y que hizo el Ayuntamiento entonces, allá por los primeros años de la década pasada? Pues que quitó del PGO el tomo de los inmuebles de futura catalogación y santas pascuas. Ya no estaba Zerolo, sino su heredero político, Bermúdez y, al frente de Urbanismo, el PSOE. Llama mucho la atención este modus operandi: de aquellos informes del Cabildo y de aquellos 500 inmuebles nada más se supo, el Ayuntamiento nunca encargó un informe técnico propio que replicara a los del Cabildo, es decir, que determinara que los valores de patrimonio histórico que les veía el Cabildo no eran tales. En lugar de eso, el Ayuntamiento empezó a dar licencias para proyectos de urbanización y de construcción privados, que implican la destrucción de esas edificaciones históricas. Como ha ocurrido en el antiguo barrio de Miraflores, donde se van a tirar seis edificios con valor histórico para el Cabildo. Una operación urbanística donde hay algún que otro promotor de mucho poder, como Manuel Daltre.
Precisamente el derribo del primero de estos seis inmuebles ha provocado una polémica entre el Ayuntamiento y el Cabildo. Este ha paralizado cautelarmente la demolición de un edificio antiguo en Puerta Canseco, mira por dónde usando el procedimiento legal que los propios redactores del PGO recordaron que se podía aplicar en estos casos en tanto en cuando no se revisara el Catálogo Municipal. Y el Ayuntamiento, que lo gobiernan en este mandato CC y PP, con los populares en Urbanismo, se ha ido directamente a los tribunales para presentar un recurso contencioso administrativo contra la suspensión de las obras por el Cabildo. Andan muy cabreados con esto el alcalde Bermúdez (CC) y el concejal de Urbanismo, Carlos Tarife (PP), pero no por indignación por que se pierda patrimonio histórico sino por todo lo contrario, porque el Cabildo les estorbe las demoliciones previstas.
Un litigio judicial que llama mucho la atención porque la ley permite al Ayuntamiento levantar esa suspensión en un mes simplemente demostrado que el inmueble no tiene valores históricos o artísticos. Cosa que en teoría debía ser sencilla, pues los informes tenían que haber estado hechos desde que hace allá por 2013 durante la última revisión del PGO se supone que el Ayuntamiento descartó darles un grado de protección. Pero no, todo hasta ahora ha sido pura decisión política en este asunto en el Ayuntamiento, y cuando hay que buscar en qué apoyatura técnica se basa permitir derribarlos, pues todo son evasivas, no hay informes… Es más, los informes los ha tenido que encargar ahora el Ayuntamiento, a la fundación CICOP, de renombre pero que tiene un convenio con el Consistorio y hasta ahora no ha dicho ni mu sobre tal escándalo aireado por la Asociación Nuestro Patrimonio.
Esa asociación ha clamado en el desierto varios años, y en junio de 2017, una moción conjunta de IUC y SSP se hizo eco del asunto y se aprobó por unanimidad en el pleno municipal el mandato al gobierno local de revisar el Catálogo para ampliarlo a partir de los inmuebles que propone proteger el Cabildo. La moción, hasta ahora incumplida, recogía también que se pronunciara al respecto un órgano que lleva inactivo desde 2009, el Consejo Municipal de Patrimonio Histórico de Santa Cruz.
Puede decirse que cuando la vida de este órgano asesor fue un visto y no visto: se creó en tiempos de Zerolo por iniciativa del entonces concejal de Patrimonio Histórico, Alfonso Soriano, entonces en el PP y hoy fuera de la política, pues acabó harto de todo, hasta de su partido, y del ninguneo de su entonces socio de gobierno, CC, al patrimonio histórico, según ha llegado a comentar en entrevistas públicas.
La actual concejal de Patrimonio Histórico lleva prometiendo la reactivación de este consejo desde 2015, y desde entonces solo ha logrado que se esté tramitando el nuevo reglamento de ese futuro órgano. Desde 2009, por tanto, todo lo que se hace en el patrimonio histórico de Santa Cruz (PGO, planes especiales de cascos históricos, proyectos de rehabilitación, catalogaciones y no catalogaciones) se ha hecho sin el criterio de un órgano de especialistas en la materia que ya estaba creado entonces y se descreó como por arte de magia. La magia, más bien negra, de la gestión urbanística en Santa Cruz.
En este mandato el area de Patrimonio Histórico del Cabildo la lleva el PSOE, y las de Urbanismo y Patrimonio HIstórico en la capital, el PP. Podría pensarse, y no sería descabellado, que eso ha ayudado a atizar la polémica, porque así son las cosas de la política, pero no es menos cierto que en el Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo hay un grupo de funcionarios firmes y honrados en la defensa del patrimonio cultural, a los que más de un alcalde y promotor gustaría sustituir por otros funcionarios más dóciles y maleables.
El Cabildo que preside Carlos Alonso y el Ayuntamiento de Bermúdez últimamente han anunciado que van a colaborar para ver qué hacer con esos 500 inmuebles desprotegidos. Pero la cosa no está clara políticamente aún. Y todo porque una asociación ciudadana, con rigor y con información en las redes sociales, les ha puesto colorados.
La Asociación Nuestro Patrimonio ha recordado que hay sentencias judiciales, algunas del Supremo, que dicen que eso de catalogar o no requiere no sólo un juicio de valor por parte de los políticos que gobiernan, sino que hay que sustentarlo en criterios técnicos. Algo que se ha saltado a la torera el Ayuntamiento chicharrero, donde ha bastado el criterio político.
En resumen que en Santa Cruz de Tenerife, cuya mala gestión urbanística ha deparado un puñado de casos de presunta y también condenada corrupción política en la última década, el patrimonio histórico también está en el foco de la sospecha.
Raro, muy raro lo que ha pasado con esos 500 inmuebles. Por no hablar de la nefasta gestión de los cascos históricos de El Toscal y del Antiguo Santa Cruz, y de muchos edificios públicos monumentales y catalogados. Habrá que ver si algún partido político tira de la manta o no, porque algunos detalles de esta historia que hemos contado desprenden un mal olor espantoso. Y la Fiscalía provincial, ubicada en el Palacio de Justicia, está precisamente muy sensibilizada con los malos olores, pues durante muchos años les ha llegado los de la refinería y también los del Ayuntamiento.
