Debate del proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2018

Dolores Corujo Berriel (*)

Asistimos a un cruce de agradecimientos mutuos en el que el Gobierno elogia a unos su responsabilidad por apoyar las cuentas y los otros se sacuden los elogios diciendo que actúan en nombre de esa responsabilidad.

Quiero que tengan claro que al Partido Socialista no le van a dar lecciones de responsabilidad ustedes ni nadie, porque fuimos responsables durante seis años aprobando presupuestos para administrar los recortes que nos imponía el Partido Popular y que, en algunos casos, superaron los 600 millones al año.

Fuimos responsables para no despedir a 3000 maestros y maestras a los que el Gobierno de España quería que pusiéramos en la calle. Fuimos responsables para aprobar los presupuestos de 2017 a pesar de que conocíamos el reparto injusto y clientelar que tres días más tarde iba a llevar el señor Clavijo al Consejo de Gobierno.

Por eso, no voy a entrar a valorar si las decisiones de otros son o no responsables, o si son un querer salir bien en la foto o el cumplir una orden de Madrid. Pero una cosa sí quiero que quede clara: que al Partido Socialista no le gusten los presupuestos que ha mandado el Gobierno no merma un ápice nuestra responsabilidad, porque esa responsabilidad no la tenemos con el Gobierno, sino con el interés general de todos los ciudadanos y ciudadanas de Canarias.

La pregunta que nos estamos haciendo desde el Partido Socialista no es si estos son unos presupuestos buenos o malos, o si son mejores que los de 2017. Eso tiene una respuesta obvia cuando estamos hablando de unas cuentas que crecen en 983 millones, 767 si excluimos la deuda pública, y que concentran importantes recursos en áreas como Sanidad, Educación o Servicios Sociales, en las que existía un déficit histórico de financiación.

La pregunta que nos hacemos es si estos presupuestos despliegan toda su capacidad para dar una respuesta adecuada a las necesidades reales de la población a la que representamos.

Estas cuentas son un perfecto punto de inflexión para decidir qué modelo de Canarias queremos construir: uno con unos servicios públicos potentes donde prime la equidad o uno donde las condiciones de vida digna las decidan las rentas familiares. Eso es lo que está juego.

El gobierno de Canarias, con el proyecto de presupuestos que ha pactado con el Partido Popular, opta por este segundo modelo. Es una decisión legítima, tan legítima que no deben esconderla. Es su opción ideológica y, como tal, respetamos que la defiendan, pero no traten de decirnos lo contrario y, sobre todo, no traten de confundir a la opinión pública: esto no es un conmigo o contra mí.

Por eso, no tenemos ningún problema en reconocer los avances que suponen muchas de las medidas que recogen los presupuestos. Por ejemplo, estamos de acuerdo en la recuperación de la carrera profesional del personal del Servicio Canario de la Salud. Cómo no vamos a estar de acuerdo si lo pedimos en septiembre en la ley de crédito extraordinario y ustedes dijeron que no…

Recordarán, porque está en el Diario de Sesiones, que el presidente decía que tenía un informe jurídico donde se afirmaba que no se podía reconocer la carrera profesional en una ley de presupuestos. Muy contundente no debía ser ese informe cuando tres meses después ustedes han hecho lo mismo que decían que no se podía hacer.

También estamos de acuerdo con el incremento en el presupuesto de Sanidad, el segundo más alto de la historia de Canarias con respecto a su PIB. Cómo no vamos a estar de acuerdo si se cumple así una reivindicación del Partido Socialista, dentro y fuera del Gobierno: contar con un presupuesto adecuado para afrontar el gasto real del Servicio Canario de Salud.

Antes de lanzar las campanas al vuelo, tengamos en cuenta una cosa: esta medida va a permitir una mejor gestión presupuestaria de la Sanidad, pero no va dar cobertura económica para nuevas políticas sanitarias. El incremento respecto al presupuesto final de 2017, que se limitó a cubrir el gasto real, solo es de 33 millones, un dinero que, además, se va a comer la recuperación de la carrera profesional.

Por lo tanto, no es que crezca el gasto sanitario. De momento solo crece el presupuesto sanitario.

También estamos de acuerdo en la implantación de un plan de infraestructuras sociosanitarias. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo si fuimos nosotros, los socialistas, los que antes de que se empezara a hablar del Fdcan ya queríamos que la supresión de la compensación del IGTE se destinara a esta materia? Son el señor Clavijo y la señora Dávila quienes se oponían.

En materia de Educación, y aunque no se llega al objetivo del 4 por ciento, valoramos el incremento en las partidas para infraestructuras educativas, en el aumento de la financiación de las universidades canarias o en cómo se comienza a dotar los planes que contempla la Ley Canaria de Educación, como el plan de atención a la diversidad o el Plan de Impulso de Lenguas Extranjeras. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo el desarrollo de una ley que aprobamos los socialistas?

También, y aunque nos hubiera gustado llegar a los 70 millones que pedíamos, valoramos los 10 millones de más que hay para políticas públicas de vivienda, pese a que estén muy mal repartidos.

Así podría seguir con muchas cuestiones positivas que contempla el presupuesto. ¿Cómo no va a estar de acuerdo si fue el Partido Socialista el que las propuso estando en el Gobierno? No obstante, tenemos la responsabilidad de ver más allá, de hacer una lectura completa, de ver qué orientación política hay detrás del presupuesto, y esa orientación política ofrece un modelo de protección social que no da respuesta a las necesidades que tiene Canarias en este momento.

¿Cómo piensa luchar este gobierno contra la pobreza y la exclusión social? ¿Va a hacerlo manteniendo en 100.000 euros las ayudas de emergencia social mientras sube el presupuesto en publicidad y propaganda hasta llegar a los 691.816 euros? ¿Bajando la dotación del programa de Fomento de la Inclusión Social en 6000 euros?

En Canarias hay 227.000 personas que viven bajo índices de pobreza severa: más del doble de la población de La Palma -100.000 personas más que las que viven en Lanzarote- no tienen garantizadas unas condiciones de vida diga y uno de cada dos canarios está en riesgo de pobreza y/o exclusión social. La respuesta de este Gobierno es reducir las partidas y meter 15 millones de un plan de lucha contra la pobreza a gestionar desde Dependencia. Señor Clavijo, ¿a usted le preocupa la pobreza, le preocupa de verdad, o solo hasta que pase el chaparrón mediático?

Nada para aumentar las coberturas de las PCI, nada para que los 43.400 canarios y canarias que subsisten con pensiones no contributivas puedan llegar a final de mes con un mínimo de dignidad.

Andalucía, Aragón, Castilla la Mancha, País Vasco, Navarra, Baleares, Comunidad Valenciana y Cataluña pagan pensiones no contributivas. ¿Por qué no lo hace el Gobierno de Canarias? Hasta ahora por falta de recursos; ahora por falta de voluntad política, porque no es eso en lo que creen y eso es, precisamente, lo que nos diferencia.

Tampoco hay voluntad política para dar soluciones a otros problemas o, mejor dicho, para no aplicar las soluciones que ha propuesto el Partido Socialista a esos problemas.

Una de esas soluciones se llama Ley de la Dependencia que, aunque no les guste, también tiene sello socialista. Salvo la subida inexplicable del Plan contra la Pobreza y la dotación del Plan Sociosanitario, las partidas no solo no suben en 2018, sino que no tienen los 35 millones que le metimos en la Ley de Crédito Extraordinario. Señora Valido, ¿nos puede decir cómo va a mejorar sus resultados con 35 millones de euros menos que este año?

Otra de esas soluciones, buque insignia del proyecto educativo que aprobó el Partido Socialista, es la Educación Infantil de 0 a 3 años. Está en la Ley estatal, está en la Ley Canaria de Educación que sacamos adelante los socialistas, y en ningún momento se condiciona su implantación a contar con fondos del Estado.

Ustedes plantean 100 millones más para Educación, y de esos 100 millones destinan cero euros a la puesta en marcha de la Educación Infantil de 0 a 3 años.

Según un reciente informe del ministerio de Educación, la tasa media de escolaridad de 0 a 2 años en España es de un 34 por ciento. País Vasco, con el que tanto le gusta al presidente compararnos, tiene un 52 por ciento En Canarias estamos a la cola, como siempre en lo importante, con cuarenta puntos menos: 12 por ciento.

Pero esta es una cuestión más relevante que una mera estadística, porque ustedes, por una decisión política y no por falta de recursos, niegan a los padres y madres con menos capacidad económica la posibilidad de que sus hijos e hijas puedan cursar esta etapa educativa. Porque de eso se trata, de que estos padres y madres puedan decidir con criterios educativos si sus hijos deben recibir esta docencia. Lo que no cabe es que los ricos puedan decidir libremente y que a las personas con menos recursos la decisión les venga impuesta por la necesidad. Se puede hacer, y si no se hace es porque el señor Clavijo y la señora Monzón han decidido que no se haga, porque no es su modelo, sino el modelo del Partido Socialista.

Ahora ustedes pretenden reconducir un modelo de protección social a un modelo de protección fiscal. Su propuesta son 124 millones de euros menos con medidas fiscales diseñadas para beneficiar a las clases medias y altas en detrimento de la capacidad de la Comunidad Autónoma para atender a  los más desfavorecidos.

Por ejemplo, plantean bonificaciones para incentivar una serie las donaciones a entidades culturales, científicas o ecológicas. Eso está bien, pero lo raro es que las hacen retroactivas a 1 de enero de 2017. Señora consejera, le hago dos preguntas: ¿quiénes pueden hacer estas donaciones, quienes les sobra el dinero o quienes les falta? Y una segunda pregunta más importante: ¿cómo va a incentivar usted algo con carácter retroactivo? Lo único que no se nos ocurre es que o han sido muy torpes o hay gente con información privilegiada que sabía que estas donaciones iban a bonificarse. En cualquier caso, malo.

Otro ejemplo es la rebaja fiscal sanitaria. Coalición Canaria por fin se quita la careta: pretende que renunciemos a recursos de la sanidad pública para que la gente acuda a la sanidad privada.

Según el informe Arope, 1.288.479 personas en Canarias no pueden afrontar gastos imprevistos, por ejemplo, ir a una consulta privada. A todas esas personas ustedes les están negando una sanidad pública mejor a costa de que a los ricos y a las clases medias se les atienda más rápido en la sanidad privada.

Y digo bien, ricos, porque según su propuesta, si Amancio Ortega viviera en Canarias, tendría el mismo límite de deducción que una camarera de piso que acuda a la privada para que le curen una tendinitis en la espalda. Ese es el modelo de protección social, el que beneficie igual al señor Ortega que a las ‘Kellys’.

En la deducción para gastos educativos no llegan tan lejos pero casi. Primero se limita a 100 euros, tengas un hijo o tengas cinco, como si las necesidades fueran las mismas. Como vemos, muy progresiva la deducción.

Además, el umbral de renta que proponen es altísimo, 52.000 euros en la tributación conjunta. Señora consejera, no conozco a nadie que ingrese 52.000 en su casa y que tenga verdaderos problemas para pagar la educación de sus hijos. ¿Este es el modelo de progresividad fiscal que ustedes quieren? Ya les adelanto que el Partido Socialista prefiere becas a desgravaciones fiscales.

Abro un paréntesis para hablar del modelo productivo. Desde Presidencia del Gobierno, todos los días corren ríos de tinta hablando de I+D+i. Se acude a jornadas, congresos y demás eventos hablando de futuro, de inteligencia, de ser punteros, de cambio de modelo productivo, pero mientras tanto se recorta casi un 15 por ciento en investigación, desarrollo e innovación. Recortan en futuro.

Si esto es preocupante, lo que de verdad enciende las alarmas son las declaraciones de la consejera diciendo que la recuperación económica vendrá de la mano del incremento del 80 por ciento en inversiones en infraestructuras.

Estas infraestructuras seguramente son muy necesarias para prestar mejores servicios públicos, pero no son un fin en sí mismas, sino un instrumento para que el personal formado en Canarias y, a ser posible, con las innovaciones patentadas en Canarias, puede prestar unos mejores servicios a la ciudadanía.

Pongan el foco donde tienen que ponerlo, porque algunos estamos empezando a pensar que ese nuevo modelo desarrollista que propone el señor Clavijo es el mismo que imperó en Canarias antes de la crisis, el de más cemento y menos talento, pero disfrazado de buenas intenciones.

El ejercicio 2016, el de los 160 millones del IGTE, se cerró o, mejor dicho, se iba a cerrar con un superávit presupuestario de 20 millones, pero finalmente hubo un déficit de 140 millones porque el gobierno, ya con el PSOE fuera, decidió transferir a cabildos y ayuntamientos el Fdcan por adelantado y no una vez justificadas las obras. Detrás de esta decisión estaba, entre otras cuestiones, no dejar mal a un presidente que se atrevía a cuestionar al señor Morera porque, supuestamente, gastaba mucho en la sanidad de todos los canarios.

En 2017, nuestro objetivo de estabilidad nos permitía llegar hasta los 111 millones de déficit. No obstante, nos va tan bien que la señora Dávila ya nos ha anunciado que cerraremos con un superávit de más de 300 millones, de los que el Estado nos permitirá gastar 260 en 2018. Nos quieren convencer de que esta es una buena noticia.

El Partido Socialista debe vivir en el mundo al revés, porque nosotros no le vemos a este dato las bondades por ningún lado. Llámennos ilusos, comunistas o marxistas, pero para que nosotros podamos considerar un superávit de 260 millones una buena noticia, exigimos, como mínimo, que Canarias no esté a la cola en sanidad ni en dependencia ni en el informe PISA ni en plazas sociosanitarias ni en plazas públicas en escuelas infantiles y, sobre todo, que Canarias no esté a la cabeza en pobreza, en exclusión social y en pobreza severa.

Señora Dávila, deje de decirnos que el ‘ranking’ en el que tenemos que salir bien parados es el del señor Montoro o el de Fitch, porque los que de verdad cuentan, los que dan razón de ser a un Gobierno autonómico, son los que le acabo de nombrar y ese es el precio que estamos pagando por la nefasta gestión presupuestaria de este Gobierno.

Esa nefasta gestión política del presidente nos ha llevado a obtener más recursos de Madrid y una flexibilización de la regla de gasto, pero se les ha olvidado introducir alguna excepción para que podamos contratar más empleados públicos.

Este presupuesto prevé que en 2018 gestionaremos 983 millones más con 924 empleados públicos menos, según el anexo de personal. De ahí nuestra reiterada indigestión presupuestaria: hay una nefasta dirección política que confunde las prioridades y muy poco personal para gestionar los expedientes. La consecuencia es que seguiremos amortizando deuda en lugar de rescatar a las personas.

Estamos hablando de una gestión cargada de precipitaciones y despropósitos: de mezclar el debate presupuestario con el debate fiscal, cuando se dijo que no se haría; de regular bonificaciones con carácter retroactivo; de superávits presupuestarios mientras aumenta la pobreza; de leyes de crédito extraordinario, anunciadas antes incluso de aprobarse las leyes de presupuestos; de amenazas a un consejero de Sanidad por gastar mucho cuando en realidad te sobra el dinero.

Esta dirección política es la que va gestionar el “presupuesto histórico” de Canarias en 2018.

Culmino como empecé, hablando de responsabilidad. El primer paso para tramitar esta Ley es posicionarse sobre las enmiendas a la totalidad presentadas y defendidas por Podemos y Nueva Canarias. Señora Santana, señor Rodríguez, han hecho un buen trabajo. Sus enmiendas están cargadas de razones para rechazar el presupuesto, pero no ofrecen las soluciones que en este momento podamos encauzar con el reglamento en la mano.

Si el reglamento permitiera enmiendas a la totalidad de texto alternativo, allí habría estado el Partido Socialista, pero solo admite de devolución.

Políticamente, lo que podría interesar a mi partido es que este presupuesto fuera devuelto, para así obligar al gobierno a prorrogar el vigente y remitir una ley de crédito extraordinario en la que sí podríamos mover dinero entre secciones. Sin embargo, con ello lo que conseguiríamos, por ejemplo, es ralentizar las transferencias a los cabildos para el plan sociosanitario, o que los docentes no cobraran sus nuevos complementos retributivos, o que el señor Baltar no contara con un presupuesto cierto desde el 1 de enero.

Por eso, nuestro interés choca con nuestra responsabilidad, y lo digo desde el respeto y compartiendo argumentos con Podemos y Nueva Canarias. Por eso nuestro voto va a ser la abstención a sus enmiendas a la totalidad, porque nuestro principal objetivo no es frenar al gobierno, sino que el gobierno cambie el rumbo.

Ahora bien, también anuncio que esta abstención acaba aquí. A partir de ahora trabajaremos para acercar el presupuesto al modelo de protección social que propone el Partido Socialista.

Para ello platearemos pensiones no contributivas, un 4 por ciento de presupuesto en Educación con dotación para escuelas infantiles de 0 a 3 años, más fondos para dependencia, más fondos para violencia de género, un fondo canario de ayudas de emergencia social, la supresión de las bonificaciones fiscales para la sanidad privada, un mejor reparto de la política pública de vivienda, más libertad a los ayuntamientos para que puedan gastar el Fondo Canario de Financiación Municipal o más fondos para I+D+i.

Si no se cubre un mínimo de estas exigencias, el Partido Socialista no se va a poner de perfil. En ese camino, el de la imposición y el de las negociaciones paralelas, no nos encontraremos.

(*) Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista