Defender derechos y singularidades

Román Rodríguez (*)

A las consecuencias de la crisis económica en Canarias se han añadido los efectos del ninguneo y del maltrato del PP durante la legislatura estatal que finaliza. Visible en la financiación autonómica, perdiendo entre 700 y 800 millones de euros al año. En el incumplimiento de los preceptos económicos del Régimen Económico y Fiscal (REF) que obligan a  que nuestra comunidad se encuentre, al menos, en la media de inversiones del conjunto de las comunidades autónomas, excluidas las que corresponden a la compensación del hecho insular, y en los presupuestos generales del Estado (PGE), en los que aparecemos siempre a la cola.

Lo hemos sufrido con el incumplimiento del convenio de carreteras, 755 millones de euros detraídos a nuestra comunidad en lo cinco presupuestos del Estado elaborados y aprobados por el PP, retrasando su desarrollo, impidiendo la mejora de la conectividad y dañando a las empresas y al empleo en el sector.

Pero, asimismo, Canarias lo ha padecido cuando el gobierno central conservador se ha cargado el Plan de Empleo (PIEC), el de infraestructuras turísticas, el destinado a la construcción de nuevos colegios e institutos y  cuando ha reducido significativamente las partidas destinadas a desalación de aguas.

En esta legislatura que agoniza Canarias ha padecido un conjunto de injustas decisiones por parte del PP que han supuesto más desempleo y mayor pobreza en las Islas. La aprobación de los últimos PGE de Rajoy, pocos días antes de la disolución de las Cortes Generales y de la convocatoria de las elecciones generales del 20 de diciembre, condiciona gravemente al próximo ejecutivo estatal. Unos PGE que suponen más de lo mismo para las Islas, redondeando cinco presupuestos tremendamente lesivos para nuestra comunidad.

Los nacionalistas canarios hemos presentado más de 5.000 enmiendas a los PGE sin que el PP haya aceptado una sola, demostrando, una vez más, su nula sensibilidad hacia la situación de la comunidad más alejada y una de las que sufre mayores dificultades socioeconómicas. El camino para recuperar un trato justo pasa por cambiar este gobierno conservador.

Somos conscientes de que se necesita un cambio profundo en las políticas estatales, acabando con el neoliberalismo conservador de los últimos cuatro años. Un cambio que servirá, también, para mejorar la situación de los ciudadanos y ciudadanas de Canarias.

Canarias 

Así sucederá si las fuerzas progresistas conforman un gobierno estatal de orientación bien distinta al actual. Un ejecutivo que tendrá entre sus tareas acabar con la reforma laboral vigente y poner fin a esta etapa de recortes y austeridad que han pagado trabajadores y clases medias. Así como modificar en profundidad el actual e injusto modelo fiscal y apostar decididamente por los servicios públicos.

Pero, junto a esas transformaciones en el ámbito estatal, es preciso un profundo giro respecto a las políticas específicas hacia el archipiélago. Se trata de revertir la situación del maltrato sufrido por nuestra comunidad a lo largo de la legislatura que concluye y establecer las bases para mejorar los recursos y servicios públicos con el objetivo de impulsar la economía y generar empleo tras años de retroceso económico y social.

En la nueva etapa resulta imprescindible la reforma inmediata del sistema de financiación autonómico, que financie los servicios públicos per cápita y no por diputado como algunos quieren poner de moda en Canarias. Así como el respeto en las cuentas públicas estatales a los preceptos del REF, especialmente, los contenidos en los artículos 95 y 96 de la Ley20/1991, consiguiendo que se cumpla esa obligación de que Canarias se sitúe, al menos, en la media de inversiones de las comunidades, excluyendo del cómputo aquellas destinadas a compensar el hecho insular.

Para ello consideramos esencial  el blindaje del REF en la futura reforma de la Constitución. Y el cumplimiento de lo establecido en el convenio de carreteras Canarias-Estado, así como la recuperación de los planes de empleo e infraestructuras turísticas.

Aspiramos, asimismo, a que Canarias incremente su autogobierno. Mediante un nuevo Estatuto de Autonomía que cuente con el máximo debate y la mayor participación social, así como un elevado consenso político. Que incremente las competencias y posibilite avanzar en aspectos esenciales para las Islas como la gestión de los aeropuertos y el control sobre el tráfico aéreo interinsular, así como que establezca nuestra delimitación territorial. 

Democracia 

Un Estatuto que debe servir, además, para mejorar la calidad de la democracia, mediante una reforma del sistema electoral canario; ganando en proporcionalidad, posibilitando que los ciudadanos y ciudadanas estén correctamente representados en el Parlamento canario y evitando que formaciones con más que suficiente apoyo popular queden fuera de la Cámara.

Tenemos, en definitiva, una gran oportunidad el próximo 20 de diciembre. La de contribuir a un giro progresista que entierre los recortes y centre las políticas en las personas, los servicios públicos y una economía sostenible. Y, al tiempo, la de superar el maltrato estatal a la comunidad canaria, con decisiones sobre la financiación autonómica o el REF que posibiliten a  las Islas salir de su dramática situación de paro y pobreza, así como de progresivo deterioro de los servicios públicos.

Nueva Canarias está plenamente comprometida con esas indispensables transformaciones. La unidad electoral entre PSOE y NC pretende contribuir activamente al establecimiento de una nueva mayoría progresista que impulse el cambio político en el Estado español y que, al mismo tiempo, defienda consecuentemente los derechos y singularidades del archipiélago.

(*) Portavoz parlamentario y presidente de Nueva Canarias.