Arenas movedizas de la injusticia
Micheel Ángel Acosta Hernández (*)
En la actualidad, la adquisición de la nacionalidad española se erige como la cúspide que anhela alcanzar todo trabajador de origen extranjero como forma de culminar su integración en nuestra sociedad. A finales de 2012 y comienzos de 2013, más de 430.000 personas residentes en España aguardaban desde hacía años una contestación del Ministerio de Justicia a su petición de nacionalidad. Reclamaban la nacionalidad española, pero no recibían respuesta. Generalmente, el atraso acumulado es de unos cuatro años y en el caso de las peticiones más complejas se alarga a siete.
Cada mes, 10.000 nuevos expedientes se acumulan en gigantescas torres de documentos. Desde 2014 a febrero de este año se han presentado 168.000 nuevos expedientes y, por falta de apoyo administrativo, aún estaban pendientes de que se les asigne “un número de registro o expediente”, como tampoco se habían efectuado las solicitudes previas de informes de la dirección general de Policía, entre otros informes y registros necesarios para la gestión de los mismos.
Detrás de cada expediente hay una persona y, en muchos casos, una familia pendiente de una respuesta que puede cambiar sus vidas. El acceder a un puesto de trabajo, tener derecho al voto, reunir a sus familias en España, obtener becas de estudios o poder viajar y acogerse al descuento de residente canario o balear, o simplemente viajar con un pasaporte español sin restricciones por Europa son algunos de los derechos fundamentales que no llegan porque la tramitación de las solicitudes ha quedado obsoleta. La eterna dilación provoca con frecuencia que se deban presentar de nuevo informes o documentación que caducan; ocurre con los antecedentes penales, lo que conlleva un sobrecoste para el solicitante o interesado (en Uruguay, la documentación cuesta 130 euros, y en Venezuela solo se tramitan en la ciudad capital de Caracas).
El procedimiento del gobierno de España, gestionado por el Partido Popular, para otorgar la nacionalidad es extremadamente complicado, con falta de transparencia y claridad. Lo más acertado sería definirlo como laberíntico o una carrera de obstáculos. Este proceso, a todas luces discriminatorio y diferenciador que está institucionalizado en la propia administración pública, y que le sirve al Partido Popular de mecanismo de selección y control, establece exigencias que en estos últimos años de acuciante crisis económica es de imposible cumplimiento, como es demostrar la capacidad y solvencia económica, tener un trabajo estable, seguro médico que cubra hospitalización y cirugías, entre otros requisitos que no son los estrictamente exigidos por la normativa vigente.
La incapacidad manifiesta del gobierno del Partido Popular de dar respuesta oportuna a cientos de miles de personas demuestra su nula intención de integrar a este colectivo en nuestra sociedad. La derecha española siempre ha ejercido sus políticas a través del lucro, del dividendo o beneficio económico a favor del gobierno, las elites o lobbies, y en detrimento o sacrificio del pueblo.
El gobierno del Partido Popular, en 2013, decidió conceder permisos de residencia y visados a todos aquellos millonarios que compraran una vivienda en nuestro país (con un precio mínimo de 500.000 euros sin contar impuestos), o bien destinaran dos millones de euros a adquirir deuda pública o se hicieran con un millón de euros en acciones, así como para aquellos que impulsaran proyectos empresariales de envergadura; para estos lobbies o privilegiados extranjeros sí se conceden de manera exprés los visados, pero para el modesto trabajador y obrero no. El capital no tiene fronteras, al capital no le interesa nuestra residencia o la nacionalidad, hoy está en España y mañana en Portugal o Rumania. Por el contrario, el que emigra aporta con el esfuerzo de su brazo y su intelecto el desarrollo de la poderosa clase media, que es el motor del crecimiento de los pueblos y las naciones.
El gobierno del Partido Popular firmó un acuerdo con los registradores públicos para intentar agilizar las solicitudes para la adquisición de la nacionalidad española que se siguen acumulando; sacó adelante la transformación de la ley de Registros Civiles que fue dibujada durante la gestión de Alberto Ruiz Gallardón frente al ministerio de Justicia, pero la autoría, según Economía Digital, “se la atribuyen al hermano del propio presidente del Gobierno, Enrique Rajoy, quien es titular del Registro de la Propiedad de Cáceres y asesor de la dirección general de Registros y Notarios”. Con esta reforma, la gestión y tramitación de los expedientes de nacionalidad, entre otros trámites, los sustituirán los registradores mercantiles y de la propiedad, un gremio al que pertenece el propio presidente del gobierno.
Los registradores, trabajadores que han ganado sus plazas por oposición pero que cobran en función de aranceles, se quedaron con el negocio del registro de todos estos trámites. De esta forma, todas aquellas gestiones que antes eran gratis tienen ahora una tasa fijada. Por ejemplo, obtener la nacionalidad por residencia cuesta entre 185 y 306 euros, dependiendo del idioma del país de origen del solicitante, una prueba de conocimiento constitucional y sociocultural de España y, en algunos casos, otra de idiomas. La tasa será solo por presentar la solicitud, al margen de que después se conceda o no. Rechazamos esta reforma del Partido Popular por tener como fin el impedir, obstaculizar y demorar la carta de naturalización del que tienen derechos la inmensa mayoría de los solicitantes y con interés recaudatorio claro en todas sus políticas.
Lamentamos las dificultades que arbitrariamente impone el gobierno del Partido Popular en los trámites a este colectivo, obstáculos que le impide el poder pasar a formar parte del conjunto de la población española.
Nos preocupa profundamente el atraso, por lo trascendental que es para estas personas que le demos una respuesta a la que tienen derecho. Porque si anhelamos una mejor sociedad debemos apostar por la integración, la diversidad y la pluralidad. Canarias, y España en general, han pasado de ser una tierra de emigrantes a tierras de inmigrantes, un lugar precioso elegido por muchas personas para vivir y ganarse la vida. Esta multiculturalidad con la que convivimos cada día no pasa por accidente, sino que el destino ha querido que escribamos juntos el futuro de España, la España grande, la España sembradora, la que vive y perdura.
(*) Coordinador Regional Latino Socialista del PSC-PSOE
