El drama de los desalojos de viviendas en Tenerife
Plataforma Antidesahucios de Tenerife
Cada día, acuden a nuestra oficina de Derechos Sociales, casos de personas y familias que se encuentran en situaciones precarias y verdaderamente preocupantes, dada la falta de atención y de recursos que cubran la demanda de sus necesidades, especialmente cuando se producen situaciones de riesgo de pérdida de la vivienda habitual o desahucios, siendo la respuesta que las administraciones locales dan a través de sus recursos actuales, totalmente insuficientes e inadecuados. El pasado lunes paralizamos el desalojo de una familia monoparental, con una menor a cargo, de 9 años, hace días paralizamos otro de otra familia con otras dos menores, de 11 y 8 años, y el pasado jueves 29 de junio se produjo otro que tratamos de evitar, sin garantías.
Gobierno de Canarias tampoco ha sabido dar respuesta a esta situación aplicando medidas que realmente eviten que se produzcan desalojos forzosos sin alternativa habitacional. La falta de un Parque de Viviendas de Alquiler Social está provocando situaciones verdaderamente dramáticas y preocupantes.
Hace más de un año que denunciamos ante la Fiscalía Provincial de santa Cruz de Tenerife, ante el propio Gobierno de Canarias y en medios de comunicación, la existencia de un grave problema habitacional que estaba produciendo el aumento exponencial de las ocupaciones de viviendas por parte de familias que no obtenían respuesta de los Servicios Sociales de sus municipios y quedaban sin realojo tras ser desahuciados, en toda la isla, especialmente en aquellos municipios de mayor población y donde por sus características, favorables a la explotación del turismo, como es el sur de la isla, se promovieron y construyeron más inmuebles, que luego, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria quedaron vacíos y cayeron en manos de bancos que se los adjudicaron por la quiebra de promotores y constructores.
Tras el grave aumento de la necesidad de vivienda, la incapacidad del gobierno de Canarias de responder a esta necesidad, la precariedad y escasos recursos de los que están dotados los Servicios Sociales de la mayoría de municipios de las islas y la gran cantidad de viviendas vacías que quedaron en manos de entidades financieras por efecto de esta crisis, surgieron mafias que se aprovecharon de esta situación y vieron una oportunidad de hacer negocio con la vida de los que menos tienen y de sus familias, pues siendo la vivienda una necesidad fundamental para preservar la integridad física y psíquica de las personas por suponer su ámbito de intimidad y de acogimiento, fundamental para evitar la desestructuración de las familias pues imprescindible para evitar el desamparo de los menores y su especial protección, se convirtió en la mejor herramienta de extorsión hacia la mayoría más vulnerable.
Lejos de buscar soluciones, el gobierno de Canarias y, por efecto, el resto de gobiernos locales e insulares, han obviado su responsabilidad de buscar alternativas urgentes para cubrir la necesidad de vivienda del casi 40% de la población canaria que padece pobreza y exclusión social lo que le impide acceder a una vivienda, por razones estrictamente económicas.
Adoptando criterios criminalizadores sobre este sector de la población y poco objetivo acerca de un problema creado por una necesidad no cubierta por el propio gobierno de Canarias, que ha provocado la actuación de estas mafias, una minoría, ante una mayoría vulnerable, cuyos derechos son vulnerados una y otra vez, generando situaciones verdaderamente dramáticas y una sensación de marginalidad provocada por la no distinción entre situaciones de ocupación obligadas ,por necesidad, a las que son arrojadas muchas familias, y las situaciones de ocupación por elección propia.
Las administraciones públicas canarias conocen perfectamente que las medidas que se están aplicando actualmente dejan sin atención a cientos de familias canarias pues básicamente sus circunstancias vienen dadas por la falta de empleo y recursos económicos.
Luego, las ayudas al alquiler precarias que no solucionan el problema, sino que lo agravan, son ayudas puntuales, con una duración determinada, corta, que no cubre las necesidades reales de las personas o unidades de convivencia, de las familias. Los precios del mercado de alquiler son muy elevados, lo que provoca la ejecución de un desahucio tras otro, generan el rechazo de los particulares a alquilar viviendas a familias de escasos recursos, siendo estigmatizados por efecto, además de existir una realidad que los propietarios de inmuebles conocen, los Ayuntamientos pagan mal y tarde y los exponen a tener que acudir a los juzgados para desahuciar a sus inquilinos, con la responsabilidad moral y económica que eso supone, generando deudas a ambas partes: arrendador y arrendatario, y un mayor rechazo a esta alternativa, que no deja de ser un parche. Una razón más por la que tantas familias se ven obligadas a ocupar viviendas vacías por necesidad, no por elección.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Tenerife (PAH Tenerife) que forma parte de este Consejo y coordina las Mesas de Análisis, Estudio y Propuesta al Instituto Canario de la Vivienda de la Oficina de Intermediación y Protocolo Antidesahucios y, de Personas Sin Hogar, ha desarrollado un diseño y organización de la Oficina Insular de Intermediación por el Derecho a la Vivienda, modelo de intervención y varios protocolos necesarios para la puesta en funcionamiento de la misma, que actualmente está siendo inutilizados o utilizados bajo criterios poco efectivos, sin contemplar su integralidad y que dejan fuera a un amplio sector de personas y unidades de convivencia afectadas.
Mientras no existan viviendas para dar respuesta a la necesidad de la población, jamás se resolverá el problema, si gobierno de Canarias y el resto de instituciones públicas, a través de políticas comprometidas con los más desfavorecidos, no apuestan firmemente por generar un Parque de Viviendas de Alquiler Social, seguiremos asistiendo a sucesos como el que vivimos el pasado 20 de junio vivimos, y esta misma semana, algo totalmente ilegal y que vulnera Derechos Fundamentales.
Bancos que han sido rescatados con dinero público, que mantienen en su poder el mayor parque de viviendas, adjudicadas a través de hipotecas fraudulentas: Bankia, Santander, BBVA, Caixa, La Sareb y una larga lista de fondos buitres y especuladores que adquieren esas viviendas a precios de risa, tras habérselas arrebatado a las familias, para volver a especular con ellas en un futuro, que siguen ejecutando desalojos y se permiten criminalizar a las víctimas de su mercadeo indecente, ante la mirada indiferente del gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamientos, que pueden incurrir, por su inactividad, en una dejación de sus funciones públicas, cuando se produce la pérdida de la vivienda de familias de colectivos especialmente vulnerables, sin una alternativa de realojo, provocar depuración de responsabilidades, pues de no garantizar el Derecho a la Vivienda y poner todos los esfuerzos y recursos necesarios para hacer efectivos sus derechos fundamentales están incurriendo en una vulneración flagrante de Derechos Humanos.
Por todo ello, la Pah ha solicitado una reunión con carácter de urgencia, con la Mesa del Parlamento y todos los grupos políticos que lo integran, para que promuevan de manera institucional la adopción de medidas de protección y realojo a las familias que están siendo desalojadas sin alternativa habitacional por las entidades financieras y contra las mafias que trafican con la necesidad de vivienda de los más vulnerables. Y que exijan a las entidades financieras y bancarias que no ejecuten desahucios ni desalojos forzosos, paralizándolos de forma indefinida hasta que cada caso sea estudiado por los servicios sociales de sus municipios y el Instituto Canario de La Vivienda hayan intervenido y aportado, una alternativa de realojo que impida que se sigan vulnerando todos sus derechos.
