La sospechosa “torpeza” del magistrado Jaime Requena, ponente de la sentencia del ‘Caso Las Teresitas’
Comisión Ciudadana de Apoyo a Justicia y Sociedad
Ya en julio del año pasado sucedió algo de similar naturaleza: a escasos dos meses de que se iniciara el juicio oral por el llamado “caso Las Teresitas”, el presidente del tribunal, que también lo es de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, el magistrado Joaquín Astor Landete, impuso una injusta, desproporcionada y, a nuestro juicio, innecesaria fianza de 28.000€ a Justicia y Sociedad, asociación de juristas canarios sin ánimo de lucro que lleva ejerciendo la acusación popular desde hace años en este proceso judicial.
Nunca descartamos que la imposición de este aval guardara relación con la recusación planteada por la acusación popular al citado presidente del tribunal -rechazada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias- que estaba sustentada en las declaraciones de un testigo protegido que afirmó que “Landete es el hombre en los tribunales de dos de los acusados, el empresario Ignacio González y su hijo Pedro”. A pesar del brevísimo espacio de tiempo concedido –apenas diez días- para hacer efectiva la fianza, una comisión ciudadana creada al efecto fue capaz de recaudar la cantidad exigida para que Justicia y Sociedad siguiera en el proceso garantizando la defensa de los intereses de las clases populares en su lucha contra la corrupción y la injusticia.
Ayer se publicó en el periódico eldigitaldeanarias.net una noticia más sorprendente y escandalosa aún. Según dicha noticia, el ponente de la sentencia del “caso Las Teresitas” tiene desde hace años relaciones de trabajo con el que ha sido abogado de uno de los acusados.
En efecto, el magistrado Jaime Requena Juliani, uno de los tres jueces integrantes del tribunal que juzga los presuntos delitos, es desde el curso académico 2015-2016 profesor asociado del Departamento de Derecho Penal de la Universidad de La Laguna, cuyo jefe es el catedrático de Derecho Penal Esteban Sola Reche, abogado defensor de Pedro González Santiago, hijo de Ignacio González Martín, uno de los principales acusado en este proceso.
No sabemos si esa circunstancia puede ser motivo legal suficiente para que el magistrado Requena Juliani se hubiera abstenido motu proprio de integrar el tribunal, pero lo que sí consideramos de sentido común es que, por una cuestión de elemental ética profesional, Jaime Requena debió haber informado públicamente de tal particularidad, por si alguna de las partes implicadas en el juicio tenía reparos que oponer.
Y no sólo por eso, también por un evidente principio de transparencia debió dar cuenta el señor Requena de los lazos de subordinación laboral que le unen al catedrático Sola, y a su vez, asesor jurídico de Inversiones Las Teresitas, empresa propiedad de dos de los principales reos a los que iba a juzgar, Antonio Plasencia e Ignacio González. Hubiera sido la mejor manera de quedar exento de las inevitables suspicacias que este descubrimiento de última hora puede generar en la opinión pública, ya de por sí escaldada ante los muchos ejemplos de venalidad judicial que se están dado en el ámbito del Estado.
Para más inri el juez Requena es nada menos que el ponente de la sentencia que se hará pública en fecha próxima. Si ésta es absolutoria de Ignacio González y Antonio Plasencia, ¿cuál creen ustedes que será la sensación más generalizada entre la gente sobre el papel de la Justicia y de sus representantes y gestores en nuestro país?
Aun sin descartar la posibilidad de que Jaime Requena actúe rectamente y de acuerdo con sus principios profesionales en este controvertido asunto, nada podrá aventar las sombras de desconfianza que la escandalosa ocultación de un dato tan importante ha podido generar entre la población.
Dos ejemplos, dos casos que ponen en cuestión la imparcialidad de la justicia al aludir a las distintas varas con que algunos juzgadores –no afirmamos rotundamente que este sea el caso, pero nos queda la duda razonable– suelen medir la conducta delictiva, según la influencia social y económica de los presuntos delincuentes. Ejemplos en los que basar el escepticismo no nos faltan.
