El Consejo Insular de Aguas entrega al Cabildo el coste económico que supondrá la regeneración de los barrancos de Güímar: 345 millones de euros
La evaluación responde a la proposición de ley presentada en el Parlamento canario
EDDC.NET / Santa Cruz de Tenerife
Comienza la cuenta atrás con respecto al cumplimiento de uno de los efectos de la sentencia sobre el expolio arenero en los barrancos de Güímar: la regeneración de lo destruido por esa voraz industria que en su día nadie censuró, pero que al final a pesar de los cantos de cisne alabando el desarrollo y el progreso para todos, eludiendo el enriquecimiento desmesurado de unos pocos, está llegando a su recta final, aunque sin saber quien va a pagar este desaguisado.
La proposición de ley sobre la ordenación de los barrancos de Güímar y la restauración de ese espacio, aprobada por el pleno del Cabildo de Tenerife y llevada al Parlamento de Canarias y bautizada como la iniciativa Plasencia, ya que se veía como una jugada para ahorrarle al empresario el disgusto de pagar tremenda salvajada, traía aparejado el mandato de realizar una evaluación de los efectos económicos que pudieran derivarse de la misma, sobre todo enfocada a que no provoque inestabilidades presupuestarias, lo que apunta a que serán todos los tinerfeños los que paguen este tranque monstruoso en el que nos metieron estos empresarios.
El Cabildo se lo encargó al Consejo Insular de Aguas, el cual, ya la ha terminado y en un informe de 78 páginas ha evaluado el coste de esta proposición de ley y “para el establecimiento de los precios utilizados se han evacuado diversas investigaciones sobre actuaciones con movimientos de tierras a gran escala, entre las que destaca las que lleva a cabo la Autoridad Portuaria en el polígono de Granadilla, así como otras previsiones en el mismo entorno territorial”.
Precisa este informe que, “sobre los precios vigentes se ha aplicado la interpretación experta de los técnicos del CIATF, adoptándose como origen el transporte de tierras en el ámbito del Polígono Industrial de Granadilla”.
En conclusión, “del apartado correspondiente del presente informe se concluye un presupuesto para conocimiento de la administración que asciende a 344.916.676, 57 euros”. Esta es la evaluación inicial. Ahora toca escuchar a las partes implicados, incluido el abogado que ha hecho posible que se haga justicia y que ha conseguido lo que parecía imposible en esta tierra: sentar a Plasencia y sus amigos en el banquillo.
