Denuncian fraude en el proceso selectivo de acceso al Cuerpo Nacional de Policía

Emplean un cuestionario como un instrumento que esgrimir ante posibles litigios ante opositores que recurren sus entrevistas personales

EDDC.NET / Madrid

El motivo de este documento es dar a conocer las causas por las que centenares de opositores acuden todos los años a la asociación de ‘La Voz del Opositor’ sorprendidos por su expulsión del proceso selectivo y por el contenido de los informes técnicos derivados de sus entrevistas en la División de Formación y Perfeccionamiento (DFP).

A continuación pasamos a exponer lo que, a nuestro parecer, motiva la actuación arbitraria de la DFP y anexamos, al final del presente escrito, notas de prensa y otra documentación diversa que apoyan las ideas que aquí sostenemos. 

Hay que tener presente que la prueba de entrevista personal está encaminada a verificar la adecuación del perfil psicológico del oposit@r para el ejercicio de las funciones policiales. Consiste en una prueba de evaluación psicológica encaminada a contrastar la información que se desprende de un cuestionario de información biográfica (CIB) y un test de personalidad (TP), que se realizan previamente. En definitiva, son tres piezas que conforman una única prueba y que tendrían que guardar cohesión y coherencia entre ellas. Además la prueba psicotécnica, que mide la inteligencia y capacidad de aprendizaje, que también debería formar parte de la evaluación psicológica, se la ha apartado sin ningún rigor científico como última prueba desconectada del resto. 

Este año como elemento novedoso y gracias a la ayuda del sindicato de Policía, Jupol, se han empezado a grabar las entrevistas. Sin embargo, esta pretendida transparencia conllevó una modificación en las Bases de la convocatoria: concretamente en los apartados referentes al CIB y TP, que por primera vez se desligan de la entrevista, otorgándoles un carácter accesorio, y encumbrando a la entrevista personal como una prueba autónoma, única y determinante de la continuación en el proceso selectivo; lo cual constituye una aberración que imposibilita el fin perseguido por las Bases. 

También hemos comprobado que en los informes técnicos que la DFP elabora, para motivar el suspenso de los opositores recurrentes, se tergiversa la verdad, se transcriben palabras que nunca se han pronunciado, o directamente son sacadas de contexto, incluso llegan al extremo de alegar supuestos prácticos que no han tenido lugar durante la entrevista, deformando una realidad que se construye al gusto del órgano de selección. 

Debido a estas irregularidades, y con el fin de arrojar luz al proceso selectivo, desde ‘La Voz del Opositor’ publicamos los informes de síntesis que la DFP remite a los opositores y en los que de forma breve y esquemática se argumentan las razones por las que han sido declarados no aptos, así a modo de ejemplo se esgrimen las siguientes: “Dependencia económica familiar; nula trayectoria laboral y/o profesional; nula experiencia de vida; fracaso en la trayectoria académica; tono cansino y aburrido”. Motivos que preocupan y desalientan, causando una enorme indefensión, ya que no tienen fundamento en ninguna causa legal, contribuyendo a la inseguridad y la opacidad del proceso. 

Igualmente, este año el citado CIB ha presentado ciertas particularidades que lo han hecho especialmente confuso y extenso en contraste con el limitado tiempo otorgado para su resolución, en comparación con años anteriores. Pensamos que este hecho no ha sido casual, ya que hace unos días han sido publicadas las notas de entrevistas y, curiosamente, muchos de los opositores que, en convocatorias anteriores fueron descartados en la fase de entrevista por otros motivos, este año han sido nuevamente descartados en esta convocatoria por el factor “comunicación”. El caso resulta sorprendente en cuanto que otros opositores han superado la entrevista personal habiendo dejado muchas preguntas sin contestar en dicho cuestionario. Entendemos que la DFP no emplea el cuestionario como una herramienta para cribar los opositores idóneos para la función policial, sino como un instrumento que esgrimir ante posibles litigios ante opositores que recurren sus entrevistas personales. 

Por otra parte, las estadísticas revelan que hay perfiles que no son bien aceptados por la DFP. Así tener una “edad avanzada”, la sobrecualificación académica o ser militar de carrera son factores que “no gustan”. Aspectos que, por cierto, tampoco vienen recogidos en las Bases, pero que son utilizados de manera extraoficial para descartar opositores en una prueba que, como dice la jurisprudencia, de forma reiterada, no es una prueba selectiva ni competitiva, sino que tiene por finalidad comprobar que en el aspirante no concurre una incapacidad de entidad suficiente que le inhabilite para el ejercicio de la función policial. Una prueba que culminaría la evaluación del candidato, previo CIB y TP, para descartar únicamente a aquellos opositores que por razones clínicas y de forma rigurosa e inequívoca no puedan ejercer dicha función. 

Especial relevancia cobra el “Expediente de la Promoción XXXII”. Ya que el 27 de junio del año 2019, veintinueve opositores, considerados no aptos en la entrevista personal del año 2015, fueron convocados a realizar la última prueba del proceso -test psicotécnicos-, último paso antes de llegar a Ávila y que, tras el fallo estimatorio del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), deberían ser de la misma dificultad que la de su año, es decir "con los mismos parámetros y criterios seguidos en la convocatoria a la que concurrieron”. En cambio fueron sometidos a un examen con una dificultad extrema, lo que supuso que ninguno pasara el corte establecido; Así, el resultado fue del 100% de suspensos, cuando en el examen correspondiente al año de su promoción solo suspendió el 5% de los aspirantes. 

Por todo ello, concluimos que la DFP trata de disuadir a los opositores que ejercen su derecho a recurrir. Estos hechos quedan evidenciados en el reciente Auto sobre el incidente de ejecución de sentencias emitido por el TSJM, referente a la realización de la prueba psicotécnica a la que fueron convocados los veintinueve opositores citados. En el que el Tribunal consideró probada tanto la DESVIACIÓN DE PODER, como los comportamientos innecesarios y una burla a la sentencia emitida por ellos mismos. 

Como dato significativo y al hilo del uso irregular de esta herramienta ahondando, más si cabe, en la extralimitación y el abuso que tiene lugar en esta parte del proceso, cabe indicar que hace unos meses, el periódico ‘El Diario’, confirmaba lo que venía siendo un secreto a voces: Víctor Duque, Secretario General del Sindicato Policial UFP, ha sido investigado por recibir correos donde otros miembros del mismo sindicato, pedían al secretario, que sus familiares fueran tenidos en cuenta en la prueba de Entrevista personal. 

Pensamos, en definitiva, que la DFP utiliza de forma privativa y arbitraria el proceso selectivo a la función pública, purgando a opositores no por falta real de capacidad o competencias para ejercer la función policial, como bien deja patente la Justicia con la sentencias que dan la razón al opositor todos los años, sino por la potencial amenaza que sus reivindicaciones suponen al poder absoluto de su gestión y control torticero sobre el mismo.