La Asamblea en Defensa de Nuestra Tierra denuncia la grave situación que sufre Tenerife a cuenta de los vertidos sin depurar

Recuerdan los casos de Güímar y el campo de tiro de Taucho, entre otros

EDDC.NET / Santa Cruz de Tenerife

 Desde la Asamblea en Defensa de Nuestra Tierra queremos denunciar ante la opinión pública la gravísima situación que seguimos viviendo en todo el archipiélago y de forma particularmente alarmante en la Isla de Tenerife, en relación a los vertidos sin depurar que día a día continúan siendo arrojados al mar así como al subsuelo sin control alguno. No sólo consideramos de extrema gravedad la situación actual derivada de la emisión de aguas sin depurar, que pese a estar desde hace décadas en conocimiento de las autoridades locales  y aún a pesar de las reiteradas advertencias emitidas por  las autoridades europeas de cara a subsanar el incumplimiento reiterado de las normativas en materia de vertidos y alcantarillado, sigue a día de hoy sin solución. 

Recientemente trascendió la noticia de las sanciones impuestas al reino de España desde el Tribunal Europeo de Justicia, con cifras que solo en Tenerife ascienden a cerca de 750.000 euros a causa de los vertidos en el Valle de Güimar. Vertidos que se vienen produciendo sin interrupción y que ninguna de las autoridades competentes se decide a atajar para así cumplir con las directrices comunitarias y evitar sanciones mayores. El Cabildo Insular echa la culpa al municipio, que además en este caso particular destaca por contar con presupuestos millonarios destinados a proyectos de nula utilidad social así como por hacer gala de un despilfarro y discrecionalidad en el manejo de sus cuentas municipales que han comportado incluso investigaciones desde la Fiscalía de Anticorrupción por presuntos casos de prevaricación y corrupción sistemática. El Gobierno de Canarias a su vez se exime de toda obligación señalando al Estado en un laberinto de auto-exculpación auspiciado por un entramado administrativo tan burocrático como ineficaz. El resultado sea cual sea el último responsable institucional, siempre es el mismo: Las multas las pagamos entre todos, con el dinero que generan nuestros impuestos. Nuevas multas han sido ya anunciadas, dada la dramática situación que padece Tenerife y la ausencia de voluntad política para resolverlo. Más y más millones de nuestro dinero público se destinarán a costear dichas sanciones. Y los vertidos continúan.

Si bien el caso de Güimar es tan solo uno de tantos muchos otros que siguen a día de hoy agravando una situación que hace mucho tiempo superó cualquier nivel de contaminación tolerable. La reciente autorización de manos del Consejo Insular de Aguas del polémico vertido de plomo que se viene efectuando desde el campo de tiro de Taucho; los costosos y en muchos casos inviables proyectos de depuradoras que chocan con las necesidades reales de la población y que se oponen frontalmente  a una lógica de  sostenibilidad a medio-corto plazo por deficientes y  caros en su mantenimiento o el que la gran mayoría de los puntos negros ilegales detectados en todo el territorio continúen sin ser considerados y se ignoren en el nuevo Plan Hidrológico, son solo algunos de los muchos detalles que dibujan un escenario grotesco y aterrador.

Además y por si nuestra lucha no contara con múltiples frentes, tenemos que asistir también a un bochornoso incremento de la represión contra aquellas voces que deciden unirse para informar a la ciudadanía de cuanto sucede, al tiempo que se pretende divulgar de forma libre la información necesaria para concienciar acerca de las buena prácticas y usos entorno a un recurso tan vital como lo es el agua. Agua que en Canarias continúa acaparada en manos privadas y precisamente por ello, se permite el abuso en su venta y distribución sin que se cumplan las más básicas normativas de  alcantarillado, tratamiento y reutilización. Durante la realización de una mesa informativa por parte de la Plataforma del Rosario que viene  luchando por acabar con los vertidos en su municipio al tiempo que exigen la realización de una planta depuradora de bajo coste que resolvería gran parte de la problemática, una compañera fue sancionada con 600 euros  de multa mientras repartía información cerca de la playa. La persecución contra quienes nos oponemos al lamentable embrollo administrativo que favorece el nepotismo, la corrupción, la malversación y el empleo de fondos públicos para proyectos que solo persiguen el lucro privado por contra del bien común, solo nos confirman que estamos señalando en la dirección correcta cuando decimos alto y claro: Basta de vertidos, queremos vivir en una isla libre de contaminación y corrupción. Hoy más que nunca, unámonos para defender nuestra tierra y mares. No hay otra alternativa.