Canarias recibe 347.594 euros para la reforma de la Administración de Justicia

Afonso considera “manifiestamente insuficiente” la aportación económica concedida”

EDDC.NET / Santa Cruz de Tenerife

El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, Aarón Afonso, y la secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés, firmaron ayer, en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, un convenio de colaboración por el que se formaliza la recepción de 347.594 euros que el ejecutivo regional destinará a continuar con la renovación del hardware de la administración de Justicia. Pese a que la aportación del Ministerio de Justicia “nos da un pequeño respiro”, consideró el consejero, “es manifiestamente insuficiente”.

Afonso explicó que los 347.594 euros es la cantidad asignada a Canarias por el Estado de un crédito de seis millones de euros que aprobó distribuir entre las comunidades autónomas con competencias en la materia con el fin de mejorar la justicia dentro de su ámbito territorial.

En concreto, según se recoge en el convenio, la partida designada puede destinarse a actuaciones tendentes a la mejora de la asistencia jurídica gratuita, la dotación de medios materiales para el mantenimiento de la organización judicial y al impulso de las nuevas tecnologías en los juzgados de las Islas para conseguir una Justicia digital, abierta e innovadora.

El gobierno de Canarias, explicó Afonso, destinará la cuantía recibida a continuar con la renovación, ya iniciada a finales del pasado año, de todos los ordenadores de jueces, fiscales, secretarios judiciales y personal de la Administración de Justicia. En tal sentido, detalló el consejero, ya se han instalado 2.677 nuevos ordenadores y quedan pendientes alrededor de 600 equipos informáticos, 600 impresoras locales, 550 impresoras de red, 16 servidores y sistemas de almacenamiento, además de salas de vista y polivalentes.

Por tal motivo, insistió el consejero, “no podemos dejar de lado el ámbito tecnológico ya que las nuevas tecnologías y su buen uso nos ayudarán a mejorar la operatividad y calidad de la Justicia”.

Afonso recalcó que, más allá de la aportación económica del ministerio de Justicia,“existe la necesidad y la conveniencia de colaboración entre las dos administraciones ya que debemos avanzar con la finalidad de construir esa administración de Justicia operativa para el ciudadano”.