Román Rodríguez (NC) pidió auditar la gestión de Negrín
El presidente de este partido político quedó bien, pero luego, nada de nada
EDDC.NET / Santa Cruz de Tenerife
La noticia que adelantaba en su día DIARIO DE AVISOS sobre las contrataciones por cuatro millones de euros del expresidente del Ente Público Radio Televisión Canaria (RTVC), Santiago Negrín, al empresario audiovisual investigado por malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, Santiago Falcón, estremeció los cimientos de la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias.
Las sombras en la gestión judicializada de Guillermo García en RTVC, volvieron a aparecer en un ente público que vive sus momentos más delicados, con un administrador único, que intenta evitar que la emisión se vaya a negro y con el futuro de casi 300 trabajadores pendientes de una complicada solución antes del 30 de junio. En cuanto a las reacciones políticas, los principales partidos de la oposición, excepto el Partido Popular (PP), que no se pronuncia sobre “asuntos judicializados”, mostraron ayer su preocupación por informaciones de este calado y más, dada la situación límite que está viviendo este servicio público.
La entonces diputada y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Dolores Corujo mostró su “preocupación” a DIARIO DE AVISOS, por “la situación de urgencia que vive RTVC.” Este tipo de noticias, según Corujo, “añadían más incertidumbre, si cabe, al futuro del ente público”.
Por su parte, el presidente de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez aseguró a este periódico, que “creía que vamos a tener que auditar esos tres años”, en referencia a la gestión de Santiago Negrín como máximo responsable de RTVC. Sobre las posibles sospechas de este contrato entre Negrín y la empresa de Santiago Falcón, DobleDiez Canarias, Rodríguez precisó que el hecho de que “el propietario de la productora esté siendo investigado, no impide que se le pueda contratar”, pero sembró la duda al aseverar que “lo que no sabemos es si este contrato responde a los intereses generales o a los intereses de Negrín y los de sus amigos”.
En línea con Rodríguez, también se pronunció el entonces diputado de Podemos y miembro de la comisión de control del ente público, Juan Márquez, quien insistió en que “con Negrín se desaprovechó una oportunidad de oro: generar un nuevo proyecto para RTVC”. Márquez lamentó que Negrín “tenía las herramientas para haber comenzado una nueva etapa de mayor calidad y con transparencia”. “Ya advertimos de que se estaban produciendo similitudes con la etapa anterior; ha sido puro continuismo”.
Sobre el modelo y las funciones de la Televisión Canaria, el diputado de Podemos recalcaba que “es un servicio público y no una televisión generalista. Los resultados de audiencia nunca nos han importado porque el propósito no es ganar dinero; eso sí, es inadmisible que la televisión pública se convierta en una copia barata de Telecinco”, remarcó. Sobre las similitudes entre la etapa de Willy García como máximo responsable del ente público y la de Santiago Negrín, Márquez recordó que “estamos colaborando con el sindicato Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias (UPCC), que están personados como acusación popular en las posibles irregularidades de la etapa anterior”.
En cuanto a la gestión de Negrín, el diputado de Podemos precisó que “también estamos aportando un granito de arena a UPCC, para que puedan llevar a los tribunales algunas presuntas irregularidades, como por ejemplo, el concurso de informativos.”
Antecedentes
Santiago Falcón está imputado por la supuesta comisión de graves delitos de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, en una causa que se investiga en el juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife.
Tras el levantamiento del secreto del sumario se ha conocido que Falcón ha sido investigado igualmente por indicios de cohecho (sobornos), aunque por el momento no se le ha imputado formalmente este delito en el proceso que se sigue contra él y otros encausados. Santiago Negrín también formaba parte de la larga lista de testigos llamados a declarar por la titular del juzgado que instruye la investigación del caso.
