Antonio Morales cedió a cuenta de Amurga y congeló su compra
La excusa fue la realización de deslindes necesarios para determinar si existía suelo público en las fincas afectadas
EDDC.NET / Las Palmas de Gran Canaria
La comisión de seguimiento del pacto de gobierno en el Cabildo entre NC y PSOE decidía posponer la adquisición de las tres fincas de Amurga cuya compra se había aprobado el 28 de diciembre pasado hasta disponer de los deslindes del dominio público no incluidos en este expediente y ahora solicitados al Consejo Insular de Aguas (CIA).
En la práctica, dados los trámites a seguir, esto suponía que la adquisición de 4,66 millones de metros cuadrados por 4,06 millones de euros a 22 propietarios, entre ellos la esposa y cinco cuñados del líder de NC, Román Rodríguez, no se materializaría en el mandato anterior y tendría que volver al Consejo de Gobierno Insular para «realizar los ajustes precisos».
Comunicado
Así lo recogía el escueto comunicado hecho público por ambas fuerzas políticas sobre la reunión mantenida para tratar el procedimiento de adquisición de esas fincas por el Cabildo «con la finalidad de seguir incrementando la superficie pública con interés medioambiental y de reforestación».
La comisión ratificaba la decisión del consejero de Hacienda y responsable de Patrimonio, Pedro Justo, de encargar al CIA la realización de los deslindes necesarios para determinar si existe suelo público en las fincas afectadas. De haberlo, debería ser descontado del precio de adquisición.
Al respecto, la escueta nota de NC y PSOE se limitaba a señalar que «desde que se disponga de la información requerida, el expediente de adquisición se llevará al Consejo de Gobierno al objeto de realizar los ajustes precisos».
Deslindes
El comunicado se hizo público después de que el presidente del Cabildo, Antonio Morales (NC), negara que la compra de Amurga se tratara en la comisión de seguimiento y de que el entonces vicepresidente primero, Ángel Víctor Torres, sostuviera que sí se trató. «Claro, indudablemente», declaró.
Según Morales, esta operación fue utilizada por algunos «para minar este pacto de gobierno», pero «por supuesto que seguirá adelante» porque «fue un procedimiento absolutamente legal». Por el contrario, Torres consideraba que la compra no podía materializarse sin incorporar los deslindes del dominio público solicitados al CIA, momento en el que el expediente volverá a someterse a la aprobación del Consejo de Gobierno Insular.
El procedimiento a seguir para realizar el deslinde de los barrancos de las fincas incluía un periodo de información pública, recordaba el secretario general del PSC, por lo que la compra «no será inminente ni mucho menos». Calcula que en todo caso quedaría para este mandato y sería resuelta por la corporación elegida en los comicios del 26 de mayo.
La reprobación
El presidente del Cabildo mantuvo también que la reprobación del consejero de Presidencia y Hacienda, Pedro Justo, por la gestión de la compra de Amurga «no cabía en absoluto» en el pacto de gobierno con el PSOE, que confirmó que no la respaldaría”.
