Podemos afirmó en un pleno que “el caso Amurga era demoledor para la izquierda”

El PP vio un pelotazo y pidió la dimisión de Morales

EDDC.NET / Las Palmas de Gran Canaria

Los cuatro grupos de la oposición en el Cabildo -PP, Unidos por Gran Canaria, Podemos y CC- rechazaron en su día las explicaciones del gobierno insular sobre la compra de las fincas de Amurga a la familia de Román Rodríguez y consideraron que el procedimiento administrativo ha sido “un traje a medida” para acabar pagando más de cuatro millones de euros por unos terrenos que podrían comprarse por mucho menos dinero.

Al gobierno insular de Antonio Morales le llovieron críticas desde todos los bandos políticos, pero las acusaciones más contundentes le llegaron desde la propia izquierda. Miguel Montero, portavoz de Podemos y exmiembro del gobierno insular, opinó que “el caso Amurga es demoledor para la gente de la izquierda” porque, a su juicio, se le dado información a una determinada persona para que compita “con ventaja” en un expediente administrativo donde cada día aparecen nuevas sorpresas.

“Yo pensé que esto no podía pasar en Gran Canaria; no con un gobierno de NC y del PSOE, pero demuestra la impunidad con la que estaban trabajando y ya no disimulan nada”, resaltó Montero, quien insinuó que la compra de estos terrenos es “otro pelotazo” a cargo del consejero de Hacienda, Pedro Justo Brito, después de otras adquisiciones “sospechosas” entre las que citó Santa Rosalía, la casa de la SGAE en la capital grancanaria o los terrenos públicos del Polígono de Arinaga. “Solo una vez pudimos parar el pelotazo, que era la compra de un convento ruinoso en la calle Canalejas, que en 2010 ya había sido visto por un consejero de NC y había dicho que no servía para nada”.

Carlos Ester, portavoz de PP, le preguntó al presidente Morales si iba a seguir en el cargo hasta el final del mandato después de las supuestas irregularidades en la compraventa de las fincas de Amurga, en una sugerencia directa de dimisión. “Está usted muy simpático y graciosillo”, le contestó Morales con ironía.

Carlos Ester comentó en un receso del Pleno que “el presidente del Cabildo de Gran Canaria tiene un palmarés envidiable”, tanto en su gestión en este asunto, como en el caso de la residencia de mayores del Ayuntamiento de Agüimes. El portavoz del PP también recordó que el gobierno de Morales “ha dado un sueldo” a la asociación que encabeza el exconsejero Juan Manuel Brito con una modificación de urgencia.

“No es un presidente digno para esta institución y por eso le pidieron que se mandará a mudar”, comentó. Respecto a las explicaciones de los miembros del gobierno sobre la compra de Amurga, Ester denunció que “siguieron mintiendo y ocultando información”.

“Teníamos dos cosas claras: que Antonio Morales conocía a los propietarios de la finca y que el Cabildo compró suelo por un valor de cuatro millones de euros, de los que a la familia de Román le corresponden dos”, resaltó.

El portavoz de Unidos por Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, opinó que las explicaciones del gobierno de NC y PSOE no son creíbles, porque “se trata de 22 personas titulares de una finca, con un expediente durante años en el Cabildo, y con vínculos al partido y con compañeros”. A su juicio, no es posible que “nadie del grupo de gobierno conociera la titularidad” de esos suelos.

Aunque no ha querido “ser tajante hasta estudiar en detalle el expediente”, Bravo de Laguna sugirió que podría haberse dado un “trato de favor, influencias, ventajas informativas o lo que sea”. Por tanto, reclamó que se paralizará la compra, sin éxito alguno.

Por último, el representante de Coalición Canaria, Fernando Bañolas, dijo que las explicaciones aportadas “chocan para quien tenga dos dedos de frente”, porque se trata de un expediente “de la familia de Román Rodríguez, que presenta una finca que no sirve para nada, con pendientes donde no se puede plantar nada y solo hay lagartos, pero dicen que es para reforestar”.

“Tras saltar el nombre por todos los medios, dicen que no lo conocen, lo que no es cierto porque este expediente lleva años dando tumbos en el Cabildo”, concluyó.