Oídos sordos en Costas al clamor en favor del hotel Oliva Beach de Fuerteventura
Las gestiones socialistas ante su propio gobierno han sido infructuosas
EDDC.NET / Las Palmas de Gran Canaria
Los días, las semanas y los meses pasan sin que Costas termine de responder si se puede o no reformar el hotel Oliva Beach de Fuerteventura, que ha pedido permiso para una modernización hace ahora 19 meses. La empresa, la cadena hotelera Riu, está frenando el expediente de regulación de empleo de los casi 400 trabajadores del hotel, creyendo que el apoyo abierto del Ayuntamiento, el Cabildo majorero y el gobierno de Canarias, todos en manos socialistas, puede servir para algo. Pero Madrid sigue sin contestar.
Ahora han sido los empresarios de la Cámara de Comercio quienes han reclamado a lo que siempre se llamó dirección general de Costas y que ahora es la dirección de Sostenibilidad de la Costa y del Mar que desbloquee los permisos, para acabar con la incertidumbre de los 400 trabajadores. Antonio Rodríguez Marichal, presidente de la Cámara, dijo que el hotel y los trabajadores tienen el apoyo de las entidades sociales, institucionales y empresariales de Fuerteventura. Añadió que hace cinco años se logró “evitar el derribo del hotel, con una prórroga administrativa para continuar con la actividad”, por lo que ahora “no se explica cómo paralizan el proyecto después de haber dado la concesión.”
El hotel se encuentra situado en un entorno virgen, cerca del mar, un área donde está prohibido edificar por la Ley de Costas. Sin embargo, fue el propio gobierno quien permitió la supervivencia del hotel como concesión administrativa por la que la empresa paga dos millones de euros anuales.
El anuncio del expediente de regulación de empleo tuvo lugar a principios de julio, a los 18 meses de que la cadena hotelera presentara la petición de reforma. Pese a que desde el primer momento el PSOE canario, incluido su presidente, se manifestaron a favor de la continuidad del hotel, y pese a las gestiones llevadas a cabo en Madrid, el hotel sigue sin autorización para las obras, lo que impide la modernización.
