La crisis del hotel Oliva Beach de la cadena Riu acorrala a los socialistas

La falta de respuesta de Costas pone en entredicho sus actuaciones

EDDC.NET / Las Palmas de Gran Canaria

El PSOE está contra las cuerdas en la provincia de Las Palmas por el despido de casi 400 trabajadores del hotel Oliva Beach, de Riu, en Fuerteventura, debido a la incapacidad del gobierno para rechazar o aprobar en 19 meses la solicitud de la propiedad del hotel para su rehabilitación.

Los nervios están a flor de piel y cada uno dispara hacia donde puede. El más sensato ha sido el presidente del gobierno canario, el socialista Angel Torres, que indicó a la prensa que trasladó al ministerio de Transición Ecológica la «urgencia» de otorgar la licencia de obras, debido a que están «muchos puestos de trabajo en riesgo» 

El presidente requirió «cuanto antes» que Costas presente los informes para agilizar la licencia de remodelación del hotel, además de solicitar aclaraciones finales a la secretaría general técnica y a la Abogacía del Estado a la vista de «las inesperadas complicaciones» de la tramitación del expediente de Riu en dominio público marítimo terrestre. 

En cambio, el delegado del Gobierno en la isla (la figura es exactamente director insular), Domingo Fuentes, ha intervenido en la cadena Cope local para decir algo incomprensible: “si realmente quisieran rehabilitar el hotel [en referencia a Riu] podrían haberlo hecho” porque conocen de primera mano, “aunque no por escrito”, las dificultades que entrañan los tres proyectos presentados a la dirección general de Costas.

El delegado no explica si Riu debió de haber hecho las obras sin permiso, pero en todo caso deja la responsabilidad en el tejado de la empresa. Fuentes indica que en primer lugar hay que resolver la cuestión de interpretación con respecto a cuándo comienza a contabilizarse la prórroga de 75 años concedida, también la imposibilidad de incluir en sus proyectos la privatización de una vía pública, y la incapacidad de dar una autorización sobre la reforma de los apartamentos puesto que varios de ellos pertenecen a particulares.

Pero no aclara qué puede hacer Riu ante la incapacidad del ministerio para aclarar estos asuntos. Sin embargo, Fuentes confía en que la empresa se centre en resolver las deficiencias –que nadie le ha comunicado por escrito– y logre el visto bueno de Costas. 

La senadora por Fuerteventura, el Cabildo y el Ayuntamiento también han reaccionado, demostrando que son capaces de leer la prensa, pero poco más.