El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, permite, al no tener interés alguno, que se aplique a rajatabla el reglamento de la ley de Costas

La directriz ‘política’ es restringir al máximo el litoral y que no genere economía

EDDC.NET / Madrid

El reglamento que desarrolla la Ley de Costas fue la última esperanza que tenían muchos de los núcleos del litoral de Canarias y a día de hoy sigue pesando sobre ellos la amenaza de demolición.

Su aprobación definitiva ha cambiado la manera de determinar la línea del dominio público, pues si hasta ahora se colocaba allí a donde llegaron históricamente las mayores olas, en adelante el mar tendrá que haber llegado a ese punto no sólo una vez, sino «al menos cinco ocasiones en un periodo de cinco años.

Voces autorizadas señalan que este reglamento, unido a que la propia Ley ya contempla que se pueden llevar a cabo deslindes de oficio cuando la Demarcación de Costas así lo estime, ha dejado a los núcleos costeros «al borde del precipicio”.

Pero lo peor es que este reglamento no contiene ni una palabra relativa a las singularidades de Canarias ni excepción alguna, como esperaban muchos afectados y como incluso habían dejado entrever algunos diputados. Y esta ausencia es la que duele y mucho, ya que la demarcación de Costas en Tenerife, por ejemplo, se agarra a ello para estrangular, coartar, limitar a ciudadanos y empresas, de cara no solo a los usos del litoral, sino a la propia actividad sencilla de los habitantes de estas islas.

Lo peor es que ni siquiera el actual secretario de Estado, el socialista Hugo Morán, mueve pieza alguna y deja, con su indiferencia, que en Costas se imponga el criterio de aplicar la ley de manera salvaje. Sin piedad y sin diálogo.