El Parlamento propone al gabinete de Clavijo 15 medidas de buen gobierno elaboradas por Podemos
Concepción Monzón defiende un ‘Estatuto de Denunciantes’
EDDC.NET / Las Palmas de Gran Canaria
El Parlamento de Canarias ‘ha puesto los deberes’ al ejecutivo regional que preside el nacionalista Fernando Clavijo al apoyar por unanimidad este miércoles un total de 15 medidas de buen gobierno elaboradas por el Grupo Parlamentario Podemos Canarias.
Así, la Cámara regional mandata al gabinete en minoría a, entre otras cuestiones, crear y establecer “un procedimiento de denuncia de irregularidades y de malas prácticas del gobierno”, a través del Comisionado de Transparencia, instaurando para ello el ‘Estatuto de Denunciante’ como “mecanismo de defensa” de la ciudadanía que ponga en evidencia malas praxis en las Administraciones públicas.
Asimismo, el ejecutivo deberá poner en marcha “encuestas periódicas sobre el clima ético en las administraciones “mediante procedimientos confidenciales”.
Concepción Monzón, la diputada del Grupo Parlamentario Podemos Canarias que ha sido la defensora de la iniciativa, ha recordado que la formación morada se ha visto impelida a actuar para que la Cámara supla, con las 15 medidas propuestas, la inacción del Gobierno de Clavijo a la hora de debatir la Ley de Altos Cargos y Buen Gobierno, que ha sido constantemente prorrogada y previsiblemente no será aprobada en esta Legislatura.
Por ello, y además del ‘Estatuto de Denunciantes’, el Gobierno deberá instaurar mecanismos “que impidan los conflictos de intereses en la toma de decisiones de los altos cargos, confeccionando un código ético al efecto en el que se incluyan medidas de lucha contra la corrupción y sistemas correctores ante la investigación de delitos contra la Administración pública”.
Asimismo, la propuesta de la formación morada apoyada por el Parlamento incluye “publicar en la web de transparencia los cargos públicos que han ostentado previamente los altos cargos del gobierno de Canarias así como su idoneidad para el cargo y el uso de bienes patrimoniales públicos y los gastos derivados de los mismos”.
Regular los lobbies
Otro punto mandata al ejecutivo regional a “regular los grupos de interés y lobbies y cómo se relacionan con los cargos públicos y la Administración pública autonómica en general”. Otra de las medidas se encamina a “establecer mecanismos para la participación ciudadana en el desarrollo normativo, la toma de decisiones y la rendición de cuentas de cada departamento, organismo autónomo y entidad del sector público autonómico”.
Adaptar la Ley de la Función Pública al Estatuto básico del Empleado Público y no externalizar las funciones potestativas de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias son otras dos de las propuestas aprobadas.
A ellas se une “publicar en la web de transparencia los documentos con el contenido de los acuerdos de gobierno, los planes y programas, los contratos y encomiendas de gestión, así como las modificaciones que se produzcan durante la vigencia de los mismos”.
Transparencia en las obras públicas
Asimismo, y para evitar “los altísimos sobrecostes” que históricamente se han detectado, la misma web de transparencia deberá contener “las obras públicas y las concesiones de servicios públicos, así como las modificaciones que se produzcan de las mismas”.
El Parlamento, a propuesta de Podemos Canarias, también incita al Gobierno a “trabajar para un alcanzar un pacto en materia de recursos humanos sobre el modelo de administración y servicios de la Comunidad Autónoma de Canarias negociado de forma efectiva entre agentes sociales y la propia Administración autonómica.
Por último, tendrá que conseguir que las relaciones de puestos de trabajo (RPT) “se adecúen a las necesidades de los servicios y a las cargas de trabajo, con estructuras coherentes y eficaces”; cumplir con los plazos en la provisión de puestos de trabajo, respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad en la movilidad de los empleados públicos” y negociar todas las cuestiones relativas a las condiciones de trabajo de los empleados públicos, “derogando los acuerdos de gobierno que menoscaben las condiciones de trabajo de los empleados públicos”.