Yaiza Castilla aboga por impulsar medidas para facilitar el acceso a la educación del alumnado sordo signante

La senadora gomera alerta de la ausencia de inclusión educativa en la etapa secundaria 

EDDC.NET / Madrid

“Los derechos humanos de las personas con discapacidad son una realidad precaria y deficitaria en España, con graves carencias y anomalías que nos alejan como país de unos estándares aceptables”, lamentó Yaiza Castilla en el Senado durante su intervención en defensa de la adopción de medidas que faciliten el acceso a la educación secundaria del alumnado sorgo signante.

La representante gomera apuntó a que la situación actual es de vulneración sistemática y estructural para la inclusión y el bienestar de estas personas. De forma especial, hizo referencia a la educación, pues en palabras de Castilla, “uno de los ámbitos más relevantes para la sociedad, es la educación”. En esta línea, argumentó que el sistema educativo debe recoger la diversidad de las necesidades educativas de los niños y niñas, y de la población con algún tipo de diversidad funcional.

“Estamos a favor de que se estudie la situación actual de acceso a la educación secundaria junto a las comunidades autónomas, así como con las organizaciones representativas de los colectivos de personas sordas, sordociegas y con discapacidad auditiva y que todo ello se incluya en el Pacto Educativo que se está negociando”, explicó.

Yaiza Castilla puso en valor la labor que realizan las organizaciones en pro de la inclusión. Sobre ellas, hizo referencia a Funcasor (Fundación Canaria de Personas con Sordera) y Fasican (Federación de Personas Sordas de las Islas Canarias) que son algunas de las existentes en las Islas.

“Debemos derribar muros en la comunicación entre las personas , más aún, en la etapa educativa, tan esencial en el futuro de las personas”, indicó Castilla, antes de pedir mayor implicación para mejorar el sistema educativo.

“Tenemos que ser conscientes de que la educación sin lenguaje de signos no está completa, es insuficiente, genera desigualdad y vulnera tanto los derechos humanos, como el artículo 27 de la Constitución Española”.