El gobierno trabaja en el diseño de un catálogo de costes y servicios en materia de Discapacidad
Patricia Hernández defendió contar con más recursos humanos y materiales
EDDC.NET / Santa Cruz de Tenerife
Patricia Hernández explicó, durante su intervención en Comisión Parlamentaria, que se está trabajando con los cabildos y colectivos implicados en el diseño del catálogo para que se adapte a las necesidades que presenta cada isla.
En materia de Dependencia, la vicepresidenta anunció que se abonará una gran parte de la deuda contraída con los familiares de los fallecidos.
La vicepresidenta del gobierno de Canarias y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Patricia Hernández, anunció durante su comparecencia en Comisión Parlamentaria, que “en materia de Discapacidad estamos trabajando junto con los cabildos y los colectivos implicados en el diseño de un catálogo de costes y de servicios que sea igualitario para toda Canarias”. Al respecto, explicó que “estamos haciendo un gran esfuerzo para que ese catálogo se adapte a las necesidades que presenta cada isla, ya que no es lo mismo residir en una isla que en otra, a la hora de acceder a determinados servicios para una persona con discapacidad”.
Asimismo, recordó que también se trabaja con el Servicio Canario de Empleo (SCE) para adaptar los cursos a las personas con discapacidad y que puedan acceder a las acciones formativas que se ofertan.
También en materia de discapacidad, Hernández anunció la puesta en marcha de un Plan Canario de Atención a las Personas con Discapacidad, que relegue un agotado plan de Atención a la Discapacidad (2005- 2010), “que sólo abordaba la atención socio sanitaria y no aspiró a trazar una política real de verdadera inclusión social”. Para ello será necesario elaborar una estrategia común, en red con los sectores implicados: las personas, las entidades y las instituciones.
Hernández recordó que se ha fijado como objetivo primordial dar respuesta al número de solicitudes para el reconocimiento de la condición de persona con discapacidad y su calificación, en los correspondientes dictámenes e informes que permiten el acceso del ciudadano a los beneficios, derechos económicos y servicios que los organismos públicos otorgan. En este sentido, aclaró que para hacer frente a esta situación planteamos una intervención centrada en tres pilares: el primero se centra en la reorganización de cuestiones necesarias del modelo de gestión con un apoyo administrativo, criterios y protocolos claros y comunes para las siete islas. En segundo lugar, la dotación de una herramienta informática que de un lado permita una más ágil y eficiente gestión de los expedientes dentro de los centros base y los servicios de información, y por último, dotar de más personal para crear nuevos equipos de valoración, formados por médicos, psicólogos y trabajadores sociales. Así como el apoyo administrativo, con auxiliares para la gestión de los mismos.
Por otra parte, defendió la necesidad de dotar de personal y de los recursos económicos suficientes el sistema de Dependencia y la Discapacidad en Canarias. “Nuestro objetivo en el ámbito de la Dependencia es cumplir con las personas, hacer del sistema público de Atención a la Dependencia un sistema real, que dé respuesta a las miles de personas que reúnen las circunstancias necesarias para ser atendidos por este sistema”, afirmó.
Hernández explicó que se han fijado un conjunto de actuaciones en tres ámbitos de acción. En primer lugar, se impulsará un plan de choque para dotar de personal necesario al área de Dependencia, además, de impulsar un refuerzo especial que de forma puntual nos permita analizar y resolver los miles de expedientes que nos encontramos amontonados, conocer y dar una respuesta a esas 12.000 personas que nos necesitan. “En segundo lugar, dotaremos de recursos económicos suficientes para hacer frente a los resultados del trabajo realizado por el personal, con las consiguientes altas en nómina”, aclaró.
La vicepresidenta recordó que “nos encontramos un área de Dependencia con un déficit para abonar las ayudas y con la imposibilidad de continuar dando altas, simplemente porque los fondos económicos destinados a las Prestaciones Vinculadas al servicio se habían destinado a otro fin, pero dijimos no”. Además, anunció que la tramitación de la Ley de Crédito Extraordinario permitirá seguir dando altas y abonar una gran parte de la deuda contraída con los familiares de los fallecidos, “aunque a estos no sólo les debemos dinero, les debemos una disculpa”.
Por último, Hernández afirmó que, en materia de Dependencia, “la aportación del Estado no es suficiente, ni adecuada para nuestra Comunidad”. En Canarias el gasto público en el sistema en 2014 fue de 95,3 millones de euros, de los cuales 25 millones fueron aportados por el Estado a través del nivel mínimo; es decir, un 26% del total.
Asimismo, se calcula el quebranto estimado para las arcas autonómicas en dependencia como consecuencia de la supresión del nivel acordado y el recorte del nivel mínimo aprobado por el Real Decreto-ley 20/2012, que se cifra en 10,9 millones de euros en 2014.
