Diez respuestas para entender el ‘caso Varadero’
Comienza el juicio que sentará en el banquillo a Macario Benítez y a Ana Lupe Mora
David Cuesta (mírametv.com) / Santa Cruz de Tenerife
El camino que hay que atravesar para acabar sentado en un juicio por delitos vinculados a la corrupción administrativa es largo y tedioso. Primero se debe aceptar a trámite la denuncia o querella inicial, ya sea presentada directamente en los Juzgados o a través de la Fiscalía. Es necesario recorrer una instrucción en la que se toma declaración a los imputados y se aportan todas las pruebas que las partes consideren.
Después de este proceso, que suele prolongarse durante años, el juez de instrucción debe decidir si hay base suficiente, ya no meros indicios, para que se abra el período de acusación a los imputados, o si, por el contrario, se archiva el caso. Llegados a este punto, el Ministerio Público y las acusaciones particulares o populares, de estar personadas, deben motivar las penas que solicitan para los investigados, que, a su vez, pueden recurrir la decisión en aras de evitar la celebración de la vista oral.
Esta es la travesía que han recorrido los siete acusados de prevaricación que a partir de hoy lunes 14 de septiembre, y durante tres jornadas consecutivas, se sentarán en el banquillo durante la celebración del juicio del conocido como caso ‘Varadero’: Macario Benítez, exalcalde socialista del municipio de El Rosario; Ana Lupe Mora, exconcejal de Urbanismo y exconsejera de Medioambiente del Cabildo de Tenerife, también bajo las siglas del PSOE aunque en este mandato es la portavoz en la oposición de Vecinos por El Rosario; los exediles Abel Acosta, Laurentino Quintana, Andrés Hernández y María Elba Delgado; y la secretaria municipal, María Anita Alonso.
Ocho años de un proceso judicial en la vía penal que entrará en su recta final la próxima semana, cuando el Juzgado Número 5 de Santa Cruz de Tenerife dé inicio a una de las vistas orales más esperadas por presunta corrupción en Canarias. Pero, ¿qué es el caso ‘Varadero’? Estas son las principales claves que explican la importancia del juicio que comienza este lunes:
1.- ¿Qué es El Varadero?
El Varadero es un espacio natural que se encuentra ubicado en el municipio tinerfeño de El Rosario, muy cerca del límite municipal que linda con Candelaria, y que ocupa una superficie de unos 260.000 metros cuadrados. En ese enclave habita una importante reserva de tabaibas, cardones, vinagreras y aulagas; además de un pequeño poblado pesquero en la zona del litoral. Esta área se encuentra altamente protegida por el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT), elaborado y aprobado, en el año 2002, por el Cabildo de Tenerife.
2.- ¿Por qué está protegido El Varadero?
La protección de El Varadero está recogida en el PIOT, que cataloga este espacio, por su condición de ladera, como Área de Regulación Homogénea de Protección Ambiental 1. Esta figura, la de mayor calado para este tipo de zonas, viene definida por su "alto interés geomorfológico, ecológico y paisajístico", ya que "cumplen un papel fundamental en la conservación de los recursos naturales y de la calidad de vida, requiriendo especial protección e intervenciones de conservación y mejora".
El planeamiento del Cabildo de Tenerife establece una serie de condiciones que deben regir las actuaciones en los suelos de estas características, todas encaminadas a su conservación dado el alto valor natural que poseen. De hecho, el PIOT es tajante a la hora de afirmar que, "en todo caso, serán usos incompatibles el tránsito con vehículos de motor fuera de los viarios de circulación rodada, los industriales, los terciarios, los turísticos (salvo los establecimientos de turismo rural en laderas), y los residenciales". El documento, incluso, insta a los ayuntamientos a prohibir en el planeamiento municipal "toda intervención que pudiera suponer alteraciones del relieve original del terreno, de los ecosistemas asociados al mismo o degradación de sus valores naturales". Cualquiera que lea el PIOT se dará cuenta de que en El Varadero difícilmente se puede construir un cuarto de apero, y mucho menos una urbanización de cerca de mil viviendas.
3.- ¿Qué pretendía construir el Ayuntamiento de El Rosario en el suelo protegido de El Varadero?
El Ayuntamiento de El Rosario, gobernado durante más de treinta años por el PSOE, redactó y aprobó el tan conocido como polémico Plan Parcial de El Varadero, por medio del que pretendía dar carta blanca a las intenciones urbanísticas del promotor Amador Díaz. En un principio, la intención era construir un amplio complejo urbanístico en el que se incluía el uso turístico, algo imposible, además de por el PIOT, por la aprobación de la Ley de Moratoria; para finalmente contemplar unas mil viviendas residenciales.
4. ¿Conocía el Ayuntamiento de El Rosario la protección que establecía el PIOT?
Este ha sido uno de los argumentos que los acusados del Caso Varadero, y las administraciones implicadas, han utilizado, sin éxito, en su defensa. Según Macario Benítez y demás implicados, el Plan Parcial era anterior al PIOT, aunque no se aprobó hasta el año 2004, dos años después de que lo hiciera el planeamiento insular, por lo que aseguraban que debía regirse por las normas subsidiarias anteriores. Una explicación que se cae por su propio peso si se tiene en cuenta que, más allá de los tiempos y estrategias que se siguieron para su aprobación, el propio Ayuntamiento de El Rosario presentó alegaciones contra el Plan Insular de Ordenación del Territorio desde 1998. Incluso, recurrió en el Contencioso-Administrativo, a la par que el promotor, cuando el Plan entró en vigor. El Consistorio, por tanto, conocía de sobra que el PIOT tiraba por tierra cualquier intención de urbanizar El Varadero.
5.- ¿Cómo logró el Ayuntamiento de El Rosario aprobar el Plan Parcial de El Varadero?
El Ayuntamiento de El Rosario tuvo que recurrir a una auténtica pirueta administrativa para dar luz verde al Plan Parcial de El Varadero bajo una falsa apariencia de legalidad. Aunque la intención inicial era aprobar el documento a través de la vía que establece la actual legislación, lo que obliga a pasar, fundamentalmente, el filtro de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), el alcalde Macario Benítez tuvo que recurrir a una argucia nada habitual.
En el año 2002, cuando el documento por fin llegó a la mesa del órgano fiscalizador del gobierno de Canarias, que lo incluyó en el orden del día del pleno, el histórico dirigente socialista envió un fax a la Cotmac, y posteriormente se personó en su sede, para que no se abordara en dicha sesión la aprobación del Plan Parcial. Benítez era consciente en aquel momento de que el documento contaba con tres informes negativos: por la Ley de Moratoria Turística, por reparos del área de Carreteras del Cabildo y por la protección que establecía el PIOT, aún en tramitación. El entonces alcalde de El Rosario, conocedor de que el texto iba a recibir una respuesta negativa, se salió con la suya, ya que la Comisión dejó El Varadero sobre la mesa. No hubo más noticias hasta el año 2004, cuando el Gobierno municipal, sorpresivamente, llevó el Plan Parcial al pleno, donde lo aprobó por silencio administrativo de la Cotmac, el ente al que el propio Macario Benítez había pedido por fax, precisamente, paralizar el expediente. Además, con efectos retroactivos a 2001, antes de que entrase en vigor el PIOT. Y se dio el visto bueno, de hecho, como si no existiera ninguno de los numerosos informes que ya por aquel entonces ponían negro sobre blanco la ilegalidad de urbanizar El Varadero.
6.- ¿Por qué se anuló el Plan Parcial de El Varadero?
Con tales antecedentes, al Plan Parcial de El Varadero le esperaba una corta trayectoria. El principal partido de la oposición, IR-Verdes, liderado por el actual alcalde de El Rosario, Escolástico Gil, llevó la aprobación del documento al contencioso-administrativo. Antes, hasta en siete ocasiones en distintos plenos municipales, había advertido de las ilegalidades en las que estaba incurriendo el Gobierno municipal. Entre 2006 y 2011 se produjeron seis pronunciamientos judiciales contrarios a su aprobación (un auto firme y cinco sentencias, cuatro del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y una del Supremo). Como era de esperar, principalmente por incumplir de forma flagrante el PIOT, la urbanización de El Varadero fue decretada ilegal. En 2007, IR-Verdes decidió llevar el caso a la vía penal, cuyo desenlace se decidirá en el juicio que arranca el lunes. Una parte importante de las pruebas que se tendrán en cuenta en la vista y, sobre todo, el encaje de muchas de las piezas se logró también gracias al trabajo que para el periódico Diario de Avisos desarrolló el periodista Vicente Pérez.
7.- ¿Pudo haber llegado tan lejos el Plan Parcial de El Varadero sin la complacencia de otras administraciones?
De forma rotunda, no. El Plan Parcial de El Varadero, además del impulso que de manera constante le dio el Ayuntamiento de El Rosario, no podría haber llegado tan lejos sin la participación de otras administraciones con competencias en la materia. Primero, porque la Cotmac modificó el orden del día del pleno que en 2002, previsiblemente, iba a tumbar la aprobación del documento, al hacer caso al fax de Macario Benítez y dejar sobre la mesa el texto, lo que facilitó que el Consistorio le diera luz verde en 2004 por silencio administrativo. Segundo, porque el 23 de mayo de 2007, y a pesar de existir ya dos sentencias del TSJC que declaraban su ilegalidad, el órgano fiscalizador del Gobierno de Canarias aprobó el Plan General de Ordenación (PGO) de El Rosario, pese a que este incluía el Plan Parcial de El Varadero. IR-Verdes y la por entonces jefa del Servicio de Planificación del Cabildo, Luz Reverón, incluso, habían enviado sendos escritos a la Comisión en 2006 en los que recordaban la existencia de los fallos judiciales que desestimaban los recursos judiciales del Ayuntamiento y el promotor contra el PIOT. Tercero, porque no solo el gobierno de Canarias facilitó el avance administrativo de la controvertida urbanización.
El Cabildo remitió a la Cotmac el 14 de agosto de 2007 un informe sobre el PGO de El Rosario en el que no ponía reparos a su aprobación, pese a estar incluido El Varadero y ser claramente contrario a su propio planeamiento. Para ello se justificó en un dictamen jurídico del Servicio de Planes Insulares que aseguraba que el PIOT no era de aplicación porque el Plan Parcial estaba vigente antes. Un criterio que en 2005 también había mantenido, y que posteriormente rechazó, la Viceconsejería de Ordenación Territorial del Ejecutivo autonómico. Lo más curioso es que unas semanas antes del escrito del Cabildo, el por entonces todavía consejero de Planificación de la Corporación insular, José Manuel Bermúdez, aseguró en rueda de prensa que retiraría su visto bueno al Plan Parcial por la existencia de dos de las sentencias que tumbaron el texto. En la vía penal nunca se han pedido responsabilidades ni al Gobierno de Canarias ni al Cabildo de Tenerife.
8.- ¿Qué ganaba el Ayuntamiento de El Rosario con la aprobación de El Varadero?
Esta puede ser considerada la pregunta del millón. No hay nada, aparentemente, que justifique la actitud del Ayuntamiento de El Rosario, empeñado en aprobar un Plan Parcial claramente definido como ilegal por las leyes y las resoluciones judiciales. Los ingresos por licencias urbanísticas no parecen suficiente recompensa al lado de las consecuencias penales y los gastos que para las arcas públicas ha supuesto todo el proceso jurídico. Quien sí iba a ganar mucho de aprobarse la urbanización de El Varadero (todavía faltaban algunos años para que pinchase la burbuja inmobiliaria) era el promotor Amador Díaz, con quien el consistorio siempre fue de la mano, incluso a la hora de plantear los recursos judiciales. Aquí es donde entran en juego las especulaciones sobre lo que pudieron haber recibido los políticos rosarieros a cambio de su forma de proceder. Sin embargo, durante la instrucción oficial de la causa no se encontró ningún indicio que apuntase en una dirección distinta a la de la presunta prevaricación. Ni una sola prueba que pudiera sostener una imputación por tráfico de influencias o cohecho. La respuesta solo la conocen los principales protagonistas de este caso.
9.- ¿Qué penas se piden a los acusados que se sentarán en el banquillo?
Las siete personas que se sentarán este lunes en el juicio del Caso Varadero se enfrentan a la acusación por haber cometido, presuntamente, prevaricación. Este delito está recogido en el artículo 404 del Código Penal, que expone que "a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo, se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años". La acusación popular, representada por IR-Verdes, solicita para los siete acusados 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. La Fiscalía, por su parte, pide ocho años para Macario Benítez, Ana Lupe Mora y la secretaria municipal, y exculpa al resto, ya que considera que obraron "simplemente en consonancia con la información que les fue facilitada por los tres acusados".
10.- ¿Cómo será y cuánto durará el juicio del Caso Varadero?
La vista oral del Caso Varadero tendrá una duración, en principio, de tres días. El lunes 14 de septiembre se producirá la comparecencia de los siete acusados en la sala número 5 del Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife, donde serán interrogados de nuevo, aunque les ampara el derecho a no declarar en el juicio y limitarse a reafirmar lo que respondieron en fase de instrucción. Al día siguiente, la vista se trasladará a la sala número 9, en la que se llevarán a cabo las declaraciones testificales, así como la pericial y el resto de pruebas necesarias. El ministerio Público ha solicitado que se tome declaración a un total de 19 testigos. El último día, el 16 de septiembre, está fijada la jornada de conclusiones de las partes, a no ser que aún falten pruebas por discutir en la vista, lo que aplazaría el juicio hasta el 18 de septiembre.
