Unidas Podemos dice que acertó llevando a Fiscalía el caso Juan Luis Guerra

No entiende que desde Coalición Canaria se le critique por haber denunciado

EDDC.NET / Santa Cruz de Tenerife 

Ramón Trujillo, portavoz de Unidas Podemos (Podemos-Izquierda Unida-Equo) en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, afirma que el informe sobre el caso Juan Luis Guerra, elaborado por Francisco Clavijo, oficial mayor del Ayuntamiento, muestra que la decisión de Unidas Podemos de llevar el caso a la Fiscalía fue acertada.

El portavoz municipal de Unidas Podemos señala que la propuesta de resolución del expediente de información reservada, sobre la contratación de Juan Luis Guerra, evidencia una chapuza monumental que destroza los mecanismos garantistas previstos por la ley. El informe del oficial mayor apunta a tres irregularidades que, cada una de ellas, podrían conllevar la nulidad de pleno derecho. Y, una cuarta irregularidad, podría suponer la anulabilidad del procedimiento de contratación.

El expediente de información reservada no ve justificado el trámite de urgencia, ni la exclusividad de la representación de los artistas, ni la justificación para aplicar un procedimiento de adjudicación negociado sin publicidad, ni la satisfacción del requisito de solvencia económica del adjudicatario, que era ocho veces inferior al mínimo exigido legalmente. Asimismo, el informe detecta otras irregularidades desprovistas de consecuencias legales.

Sin embargo, también acredita una irregularidad que no evalúa legalmente. Se trata de la constatación de la no presentación preceptiva de las facturas, antes del abono del primer pago de 250.597 euros. Esta omisión hace particularmente pertinente la denuncia de Unidas Podemos en Fiscalía porque parece ser la única manera de averiguar cómo se gastó ese primer pago de dinero público. Y, asimismo, el destino de tales pagos podría ser determinante a la hora de establecer responsabilidades por lo sucedido.

Trujillo no entiende que desde Coalición Canaria se le critique por haber denunciado la contratación de Juan Luis Guerra ante la Fiscalía Anticorrupción. Porque no haberlo hecho supondría aceptar que no hay que justificar debidamente la recepción de dinero público, o aceptar declaraciones de exclusividad insuficientemente acreditadas y que, por lo tanto, pudieran servir para incrementar costes. Tampoco se entiende que no se exija con rigor la acreditación de solvencia económica, pese a saber que ello podría conllevar pérdidas para el Ayuntamiento u ocultar tratos de favor a determinadas empresas.