Fiscalía denunció al entonces alcalde de Icod y al candidato Ramón Luis (PSOE)
El fiscal cree que Dorta y el edil de Urbanismo pudieron prevaricar
EDDC.NET / Santa Cruz de Tenerife
La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife presentó en su momento una denuncia contra el alcalde de Icod de los Vinos, Juan José Dorta (PSOE), y el edil de Urbanismo, secretario general de los socialistas icodenses y candidato a la Alcaldía en 2015, Manuel Ramón Luis Socas (PSOE), por un presunto delito de prevaricación continuada.
El fiscal pidió al juzgado de Instrucción de Icod que citará a declarar a ambos en calidad de imputados por la posible contratación irregular del mantenimiento de jardines en los años 2012 y 2013, adjudicado mediante contratos menores mensuales a la empresa Jardi Drago S.L. por una cantidad total de 210.715 euros, según publicaba el periódico El Día el pasado 6 de noviembre de 2014.
El fiscal citó a declarar como testigo al interventor municipal y examinó los expedientes administrativos de estas contrataciones, donde señala que “se aprecia la existencia de numerosos reparos formulados por el interventor en los que denunciaba la existencia de irregularidades derivadas de una ausencia de contratación conforme a ley, irregularidades que según se desprende del contenido de los expedientes y, especialmente, de los decretos por los que se levantaban los reparos, también eran apreciados por la secretaria general de la corporación local”.
En su denuncia, Fiscalía señalaba que “se constata que el Ayuntamiento de Icod ha llevado a cabo la adjudicación directa y fraudulenta de los servicios de mantenimiento y conservación de los jardines del municipio a la entidad Jardi Drago, haciendo un uso indebido de la fórmula del contrato menor mediante el que se hacían efectivas mensualmente sucesivas facturas y que, individualmente, eran inferiores a 18.000 euros, salvando así el límite del precio fijado en la ley de Contratos del Sector Público, cuando esas facturas debían haber formado parte de un solo contrato”.
“En 2012, el Ayuntamiento de Icod adjudicó el mantenimiento de zonas ajardinadas a Jardi Drago en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, por 9.709 euros al mes, cifra que en su conjunto suma 116.509 euros, una cantidad que obligaría al ayuntamiento a acudir al procedimiento abierto, según la Ley de Contratos del Sector Público”, detalla el fiscal. Estos contratos fueron suscritos, indistintamente, por el alcalde, Juan José Dorta, y el concejal Manuel Ramón Luis Socas.
La Fiscalía destacó que “con empleo de este fraude de ley, Jardi Drago fue contratada en 2013 para el mantenimiento de jardines en enero (por valor de 9.709 euros), febrero, marzo, abril y mayo (por valor de 8.988 euros cada mes), y en junio, julio, agosto, septiembre y octubre (de nuevo por 9.709 euros al mes)”. El cómputo anual del precio de contratación en 2013 ascendió a 94.206 euros.
El Código Penal castiga en su artículo 404 a “la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo” con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público “por tiempo de siete a diez años”. Dorta ya ha anunciado que en mayo de 2015 deja la política, pero esta imputación sí pone en riesgo la candidatura y futura trayectoria de Ramón Luis.
En este asunto, la Fiscalía consideró que el entonces alcalde de Icod y el edil Ramón Luis, elegido en aquellos tiempos candidato del PSOE a la Alcaldía en 2015, realizaron estas contrataciones “prescindiendo de los principios que inspiran el correcto ejercicio de la función pública, apartándose conscientemente de la legalidad vigente y generando una situación claramente injusta en la medida en que impedía u obstaculizaba el acceso a la participación en esos servicios de cualquier entidad o ciudadano, infringiendo así la Ley de Contratos del Sector Público”.
La Fiscalía tramitó esta denuncia ante el juzgado decano por apreciar “indicios racionales de criminalidad”. El origen de la denuncia estuvo en una comparecencia de un trabajador municipal.
Entre las diligencias de investigación que pidió el fiscal destaca la citación, en calidad de testigos, del denunciante, el interventor y la secretaria, “pues suscribe los reparos de Intervención entendiendo que existen irregularidades procedimentales en las adjudicaciones denunciadas”. También pide que se tome declaración, en calidad de imputados, a Dorta y a Luis, “al entender que existen indicios racionales de la comisión de un delito continuado de prevaricación administrativa”. También se piden los expedientes de contrataciones con Jardi Drago en 2011.
Ramón Luis reconoció en noviembre de 2013 que no había contrato con la empresa
En noviembre de 2013, el edil Manuel Ramón Luis Socas (PSOE) declaró en su momento a EL DÍA que la deuda que mantenía entonces el Ayuntamiento de Icod de los Vinos con la empresa Jardi Drago SL, encargada de los jardines, se debía a “la inexistencia de un contrato de adjudicación del servicio”. Luis aseguró entonces que la falta de un contrato en vigor era “una situación heredada del mandato 2007-2011, cuando CC y PP gobernaban” en la Ciudad del Drago. Según dijo Luis Socas, “el contrato concluyó entonces y la empresa continuó prestando servicios. Inicialmente nos saltamos los reparos para pagar, pero hemos optado por regularizar la situación y eso es lo que motivó la deuda”.
Y Coalición Canaria exigió en enero de 2014 que se pagara a Jardi Drago S.L.
Pese a las declaraciones de Ramón Luis Socas sobre la inexistencia de un contrato, en enero de 2014, dos meses después, a finales de enero de 2014, el entonces portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Icod de los Vinos, el abogado Francisco González, exigió al grupo de gobierno (PSOE) que “con carácter urgente e inmediato pague los 140.000 euros que adeudan por servicios prestados a la empresa Jardi Drago”.
El entonces concejal de CC recordaba que en noviembre de 2013, el Ayuntamiento de Icod aprobó una moción de CC en la que se denunciaban los impagos a Jardi Drago, empresa a la que el portavoz de CC y candidato a la Alcaldía en 2015 definía como “empresa familiar que realiza, desde hace años, las labores de ejecución, cuidado y mantenimiento de los jardines municipales con profesionalidad y rigor, pese al hecho de que el consistorio esté lejos de estar al día en los pagos”.
González lamentó que “tres meses después y, a pesar de que la moción fue aprobada por el pleno, Jardi Drago sigue sin cobrar el trabajo realizado en 2012 y 2013 (los años que motivan la denuncia del fiscal), por lo que las deudas ascienden ya a más de 140.000 euros”.
