El juzgado de Instrucción Número 1 del Puerto de la Cruz ha remitido el caso ‘Mercadillos’ sobre Lope Afonso al juzgado de lo Penal que corresponda
La fecha del juicio oral contra el alcalde portuense, cada vez más cerca
María Montero / Santa Cruz de Tenerife
El juzgado de instrucción número 1 del Puerto de la Cruz ha emitido una diligencia de ordenación el pasado 4 de diciembre en el que concluida la fase intermedia del procedimiento judicial abierto en el que el alcalde portuense del PP, Lope Afonso, es acusado de prevaricación por el caso ‘Mercadillos’, se remite el citado proceso al juzgado de lo Penal que por turno corresponda, en el que se celebrará el juicio oral contra este alto cargo de los populares que ejecuta la coordinación regional del partido en Canarias.
El alcalde imputado, Lope Afonso (PP), se enfrentará en este juicio en la jurisdicción penal a la acusación por presunta prevaricación según se dictaminó en un auto del juzgado de instrucción número 1 del Puerto de la Cruz, emitido por la juez María Antonia Este auto fue recurrido por Afonso ante la Audiencia Provincial de Tenerife, pero perdió esta apelación al ser desestimado el recurso en el que solicitaba el sobreseimiento del caso ‘Mercadillos’.
La Audiencia estimó la actuación del juzgado de primera instancia que en el citado auto alegaba “concurren indicios racionales bastantes de la presunta comisión por el investigado, de un delito de prevaricación, al constar de forma indiciaria en las actuaciones por un tiempo prolongado de dos años, Lope Afonso concedió autorizaciones verbales y escritas para ocupación y uso del espacio público, con vulneración de la norma aplicable”.
En este sentido, la Audiencia Provincial confirmó “la omisión del investigado, Lope Afonso, de la tramitación del correspondiente expediente administrativo para la concesión o licencia para la ocupación de espacios públicos para tres mercadillos”, “que resulta cuanto menos indiciaria de la arbitrariedad y conciencia de su injusticia exigida por el tipo penal”.
Por otra parte, la acción popular ejercitada por la asociación Vigía de los Derechos Públicos y Privados (VDPP), ha solicitado tres años de cárcel para el número 3 del PP de Canarias, Lope Afonso, por presunta prevaricación y malversación de caudales públicos, así como una inhabilitación especial de seis años para ejercer como cargo público. El abogado, José Regalado, que representa a esta Plataforma vecinal en el caso ‘Mercadillos’, realiza “una labor encomiable en este proceso judicial” según explica el secretario de esta asociación, Pedro Pérez Rolo que “espera se haga justicia para los ciudadanos del Puerto de la Cruz”.
Los testigos propuestos para este juicio oral son David Semelak, beneficiario del uso del suelo público para la instalación de los mercadillos sin procedimiento administrativo; Francisco Gómez, Jefe de la Policía Local del Puerto de la Cruz; Domingo Jesús Hernández, secretario general de la Corporación del Puerto de la Cruz; Álvaro Luis Rodríguez, responsable de Mercadillos del Atlántico beneficiario del uso del suelo público en el Puerto de la Cruz; Luis Carrasco, Gerente del Mercado Municipal del Puerto de la Cruz; la asociación de comerciantes del Puerto de la Cruz.
La Ley de partidos políticos establece que “es necesario adoptar en las normas internas de las formaciones políticas un sistema de prevención de conductas contrarias al ordenamiento jurídico”. El PP considera que “el umbral para expulsar a un militante del partido vinculado a un proceso de corrupción es la apertura de juicio oral”.
En relación a esta directriz del PP, el presidente regional de Canarias, Asier Antona, aún no se ha pronunciado respecto a la expulsión del alcalde Lope Afonso ante la inminente apertura de juicio oral por el caso ‘Mercadillos’. El presidente del PP de Tenerife, Manuel Domínguez, -denunciado en Anticorrupción por el caso Mi Tierra TV-, tampoco ha tomado medidas para aplicar los estatutos del partido en el caso de Lope Afonso, que mantiene su cargo orgánico de coordinador regional en el PP de las Islas.
