El PSOE portuense exige ante la apertura del juicio oral contra el alcalde por presunta prevaricación su dimisión inmediata

Consideran inadmisible que Afonso arrastre el nombre de la ciudad en la corrupción

EDDC.NET / Santa Cruz de Tenerife

Los socialistas lamentan que Lope Afonso esté dispuesto a manchar el nombre de la ciudad con tal de salvar unas semanas o meses su cargo como alcalde de la ciudad, “una actitud que consideramos incoherente con su propio código ético, irresponsable con la ciudad y peligrosa y obtusa porque Lope Afonso niega el reproche jurídico que deben tener todas las acciones que ignoran la leyes que nos hemos dado en un Estado de Derecho”, denuncia Marco González, portavoz municipal socialista en el Ayuntamiento.

El juzgado de primera instancia e instrucción de Puerto de la Cruz emitió auto de apertura de juicio oral contra el alcalde portuense y coordinador regional del PP por, según la fiscalía, un presunto delito de prevaricación continuada, delito al que la acusación particular suma el de presunta malversación de caudales públicos.

“Las instituciones como nuestro Ayuntamiento están muy por encima de las personas incluso si esta se llama Lope Afonso que, por lo visto y por sus declaraciones, está dispuesto a pasear el buen nombre de la ciudad por el banquillo de los acusados por corrupción”, subraya González. “Si realmente ama a la ciudad este alcalde debería dimir inmediatamente de forma voluntaria sin esperar más tiempo”, señala González. “Dictar presuntamente a sabiendas una resoluciinjustararia e  de muchos de losuna situacita la iene, segr su bienestar, atendiendo las necesidades imperiosas de muchos de losón arbitraria e injusta es el peor ejemplo que se puede dar a la ciudadanía desde una administración pública que debe estar sometida siempre al imperio de la ley”, advierte González.

El PSOE quiere poner de ejemplo a todos los ciudadanos que cumplen religiosamente con la ley y que asisten atónitos a unos hechos que pone a los pies de los caballos a la política y a los políticos, situaciones que deben ser desterradas de la vida pública. “Pero no somos todos iguales”, como señala la vicesecretaria de Acción política de la Regional socialista Nira Fierro, “ya que los estatutos del código ético del PSOE recogen la dimisión automática de todo cargo público cuando se abre juicio oral, no sólo por la gravedad de la acusación que formula un representante público como es un juez y una fiscalía independientes sino para proteger a las instituciones públicas y su buen nombre”.

“Nos preocupa que el nombre del municipio se vea empañado tiñendo de inseguridad jurídica la labor de este alcalde cuando estaba al frente de la concejalía de Comercio y Concesiones Administrativas”, recuerda González, que además señala que este tipo de delitos, tal y como los califica la Fiscalía, está penado con inhabilitación para ejercer empleo y cargo público.

Asimismo, el secretario general del PSOE de Puerto de la Cruz y portavoz del grupo municipal socialista, Marco González, solicita tanto a Asier Antona como a Manuel Domínguez, presidentes de los populares a nivel regional e insular respectivamente, que tomen medidas al respecto. Exige que "no se anden con rodeos y reclamen para proteger el nombre de la ciudad turística la renuncia del alcalde de su cargo público y orgánico".

De igual forma, solicitan a Coalición Canaria, que se pronuncie al respecto, ya que, de no exigir la dimisión del alcalde, no sólo están apoyando la presunta corrupción en las instituciones públicas y la vida política denunciada por la fiscalía, sino que muestra su doble vara de medir, “pues justificaron la moción de censura en Granadilla precisamente en unos hechos de la misma índole ante los que ahora callan de una manera vergonzosa”, denuncia González. Según los socialistas, llama poderosísimamente la atención el silencio cómplice de Coalición Canaria que no ha sido capaz siquiera de salir en defensa de su ex alcalde Marcos Brito.

Los socialistas afirman que no se trata de desechar la presunción de inocencia, sino “se trata de proteger a la institución municipal de acusaciones por hechos que de por sí son impropios de un representante público”. “Es posible que acostumbrado a los casos de corrupción de su partido, el alcalde no acierte a comprender la gravedad que tiene saltarse todo el procedimiento legal para conceder una licencia en un espacio público a dedo cuando era concejal de Comercio”, señala González.

“Ninguna institución y menos el Ayuntamiento del Puerto tiene por qué aguantar unos meses poniéndose en entredicho la responsabilidad y la gestión transparente y legal de los asuntos públicos”, concluye González.