El nuevo alcalde, Moncho León (NC), de Icod de los Vinos baja por decreto los sueldos de los asesores
Dicho decreto carece de validez legal porque invade competencias del pleno
EDDC.NET / Santa Cruz de Tenerife
El nuevo regidor municipal de Icod de los Vinos, José Ramón León, ha iniciado su andadura como alcalde con un estrambótico pleno, celebrado sólo unos minutos después del primero como presidente de la corporación icodense el pasado día 5 de septiembre.
El pleno, extraordinario y urgente, tuvo como único punto del orden del día la comunicación al pleno, ‘dación de cuentas’ en el argot jurídico municipal, de un decreto firmado con anterioridad por José Ramón León por el cual aprobaba la relación de cargos que iban a ser desempeñados por asesores de confianza (personas nombradas a dedo, para entendernos).
Algo superfluo a la vista de lo que se reveló posteriormente, pues resultó que son los mismos puestos que aprobó el pleno del Ayuntamiento en el año 2010 cuando presidía el Ayuntamiento Diego Afonso y que mantuvieron el condenado Cheo Dorta y Francisco González Díaz, predecesor de León destituido por la moción de censura que lo catapultó a la alcaldía de la Ciudad del Drago. O sea que bien se podía haber ahorrado el dinero que cuesta convocar un pleno en forma de dietas y prebendas de los asistentes.
El alcalde no informó al pleno quienes serán las personas que nombrará como asesores, limitándose a indicar la denominación de los puestos.
El nuevo alcalde, además de su decisión de ser continuista en cuanto a la organización municipal, comunicó también al pleno que había decidido bajar por decreto el sueldo a los asesores, algo contrario a la Ley que establece que la competencia para establecer las retribuciones de los asesores corresponde al pleno: el número, características y retribuciones del personal eventual será determinado por el pleno de cada corporación, al comienzo de su mandato.
Es más, la Ley aclara que tanto las retribuciones como el número y las demás características de los puestos de asesores sólo podrán modificarse con motivo de la aprobación de los presupuestos anuales.
Lo más surrealista del asunto es que, según dijo el alcalde en la propia sesión plenaria, el pleno se celebró a instancia de la Interventora municipal Olga García quien, al parecer, le recomendó dar cuenta al pleno de su decreto ilegal. La Interventora no puso ningún tipo de objeción legal a la decisión del alcalde, sino que más bien la respaldó.
Fue la portavoz de Coalición Canaria Mercedes Vera quien, en una confusa intervención en la que leyó unas notas que le habían escrito, advirtió al pleno que el expediente estaba mal tramitado y que el alcalde estaba invadiendo competencias del pleno.
La secretaria del Ayuntamiento reconoció que efectivamente tal como decía la portavoz de CC, los puestos de asesores que figuraban en el decreto del alcalde ya existían y que lo único novedoso que había hecho el alcalde era bajarles el sueldo, algo en lo que tampoco ella apreció ningún problema.
La portavoz de CC también pidió a la secretaria municipal que la asesorara sobre la forma en que podía recurrir ya que, según ella, lo que se estaba haciendo era ilegal, sin conseguir el asesoramiento pedido pues la secretaria se limitó a recomendarle que “presentara un escrito”.
Finalmente José Ramón León dio por finalizado el pleno sin que el asunto se votara ya que se trataba de una ‘dación de cuentas’.