Los trabajadores del Ayuntamiento deberán estar libres de condenas por delitos sexuales contra menores

El pleno aprueba por unanimidad una moción del PP en este sentido

EDDC.NET / Santa Cruz de Tenerife

El Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna dictará una instrucción específica y de aplicación general para todas las áreas municipales que trabajen con menores, a los efectos de garantizar que se cumple con el requisito legal de aportar una certificación negativa del Registro central de delincuentes sexuales, de las personas en contacto habitual con menores.

Así lo aprobó por unanimidad el Pleno del consistorio, a iniciativa del Partido Popular, que establece que las personas que prestan sus servicios en el Consistorio, cuyo trabajo implique contacto habitual con personas menores, el personal de las empresas a las que el Ayuntamiento adjudica contratos o formaliza convenios de colaboración para la prestación de servicios destinados a la infancia y la adolescencia, las personas profesionales o voluntarios de las Entidades del Tercer Sector y cualesquiera entidades que actúan en centros, servicios o programas destinados a personas menores y que reciben subvenciones, o utilicen bienes de propiedad municipal para el desarrollo de actividades o programas, siempre vinculadas al ámbito del menor, o el personal profesional o voluntario con el que el Ayuntamiento participe o colabore en el desarrollo de actividades o programas dirigidos a personas menores, deberán cumplir la normativa de protección de menores.

Según el concejal popular, Iván González, “en este nuevo contexto legal, hay que tener en cuenta que el Ayuntamiento de La Laguna, de forma directa con personal propio, presta servicios por los cuales personas profesionales están habitualmente en contacto directo con personas menores. Asimismo, se adjudican contratos en cuya ejecución, personas profesionales o voluntarias están en relación con menores. Igualmente, participa o colabora con entidades en programas o actividades en cuya virtud tanto personas profesionales como voluntarias están en contacto directo y habitual con menores”.

Insiste González Riverol en que “se hace necesario adoptar las disposiciones que resulten pertinentes para asegurar que estas personas profesionales o voluntarias cumplan con el requisito previsto”.

La adopción de este registro es un nuevo paso en un campo donde la protección a la posible víctima es fundamental, evitando que entre en contacto con potenciales agresores y actuando siempre con las máximas garantías legales.

“Desde el Grupo Popular pensamos que es necesario elaborar un documento particular y realizar las gestiones necesarias para que todas las concejalías que trabajan con menores tengan una metodología y unos criterios comunes para facilitar una actuación coordinada por parte del Ayuntamiento que garanticen la protección del interés superior de los menores de edad”, finalizó el edil popular.