Santiago Pérez afirma que Hacienda activa medidas de intervención a La Laguna

Amenazan con descontar de la participación lagunera en los tributos del Estado

EDDC.NET / Santa Cruz de Tenerife

El portavoz de xTF-NC en el Ayuntamiento de La Laguna, Santiago Pérez, ha asegurado en rueda de prensa que la corporación municipal ha recibido ya un requerimiento del ministerio de Hacienda, exigiendo el cumplimiento del periodo medio de pago a proveedores y amenazando con descontar de la participación de La Laguna en los tributos del Estado las cantidades necesarias para afrontar estos pagos. Esta aportación del Estado es una de las fuentes de ingreso fundamentales para el presupuesto del municipio.

Santiago Pérez recordó que La Laguna está intervenida por el ministerio de Hacienda como consecuencia de una deuda oculta de 70 millones de euros que afloró entre 2012 y 2013, para cuyo pago el Ayuntamiento ha tenido que aprobar un plan de ajuste hasta 2023. Por esta razón, se llevan a cabo medidas que refuerzan el control de gastos y sobre todo intensifican los impuestos sobre los ciudadanos, convirtiendo los tributos en los más caros de Canarias.

Pérez recalcó que la corporación lagunera no ha podido cumplir con los requerimientos de Hacienda porque sigue haciendo contrataciones ilegales al margen del presupuesto. Como ejemplo citó un documento que pone de manifiesto como la concejalía de Economía y Comercio contrajo, sólo en 2014, deudas por un valor de 237.524 euros al margen del presupuesto, la mayoría para publicidad y propaganda.

El portavoz de xTF-NC insistió en que en el Ayuntamiento de La Laguna “vivimos en un constante sobresalto del que no se enteran los ciudadanos, porque la propaganda oficial tira tierra a los ojos de los contribuyentes”

Discriminación y favoritismos

Santiago Pérez también se refirió al “trato de favor” que recibe el Grupo Mixto por parte de Jose Alberto Díaz. En este sentido, indicó que “el alcalde de La Laguna quiere consagrar la ilegalidad y la discriminación como regla de juego de esta legislatura”. Así, recordó los “favores” que recibe Ciudadanos, que, aunque no tenga grupo político propio, su despacho se ubica en la parte noble del Ayuntamiento; es el único grupo de la oposición que cuenta con personal de apoyo; así como el nombramiento de la concejala Teresa Berastegui Guigou como presidenta de la Comisión Plenaria de Transparencia, Información Pública y Buen Gobierno además de ser miembro del concejo de administración de Teideagua.

De esta manera, hizo referencia al recurso de reposición contra el decreto de Alcaldía 1142/2015, de diecisiete de julio de 2015, donde se nombraba el personal eventual (cargos de confianza) del Ayuntamiento, presentado junto al Grupo Unidos Se Puede el pasado 29 de septiembre. Ya que tanto la legislación vigente en materia de Régimen Local como el propio Reglamento Orgánico del Ayuntamiento preven que se asigne a los grupos el personal y los medios necesarios para desarrollar sus funciones de manera proporcional a la representación obtenida en las elecciones.

Pérez aseveró que “con el nombramiento del señor Marañón se produce no sólo una severa discriminación sino también una ilegalidad, ya que se está dotando de personal eventual al Grupo Mixto, conformado por dos concejales que no lograron suficiente representación para formar un grupo político propio y que además es el que menos representación tiene en relación al resto de grupos de la oposición, que carecen del personal de apoyo indispensable para ejercer sus funciones de control en el Ayuntamiento”.

Asimismo, anunció que si el alcalde no contesta en los plazos estipulados, se presentará un recurso judicial para la revocación del decreto discriminatorio.

Plan General de Ordenación

En cuanto al PGO, Santiago Pérez recalcó que no aceptará un modelo que plantea imponer a La Laguna una clara voluntad desarrollista, devastadora para el suelo agrícola e inviable financieramente. Pérez explicó que “es esa misma inviabilidad económica la que la corporación pretendía resolver imponiéndole a los pequeños propietarios cargas económicas al margen de la legalidad”.