El TSJC instó al Juzgado de San Sebastián a que realice las diligencias pendientes para aclarar si existe responsabilidad penal del presidente insular Casimiro Curbelo
Pidió, entre otras diligencias, la declaración a Javier González Ortiz, exconsejero
EDDC.NET / Santa Cruz de Tenerife
En un auto emitido por la Sala de lo Penal, los magistrados devolvieron la causa al Juzgado de San Sebastián porque «no constaba practicada diligencia alguna de investigación de los hechos denunciados» desde hace mucho tiempo. El TSJC rechaza así la petición del juez instructor que, tras un aforamiento de Casimiro Curbelo, el cual había solicitado que el procedimiento pasará al Tribunal por la nueva situación jurídica del presidente insular.
La Sala de lo Penal consideró que «no procede, asumir la competencia de la causa», al no haberse realizado las diligencias básicas para decidir si existían indicios de criminalidad en la actuación del presidente del Cabildo. Aunque en el auto se otorgó «libertad de criterio» al Juzgado de San Sebastián, los magistrados concluyeron que, “al menos, ha de ser oído en declaración Javier González Ortiz, para que explique las razones por las que se produjo una tardanza en decretar el nivel 2, y por qué, si así hubiera acontecido, se rebajó al nivel 1”.
El TSJC consideró necesario que se escuche el testimonio de Gregorio Medina, que en el momento del incendio ejercía las funciones de presidente accidental, «siempre que se acreditara que en aquellas fechas Casimiro Curbelo se encontraba ausente por vacaciones».
Después del auto del Tribunal, el juez instructor emitió el 23 de octubre una providencia para ordenar la causa y pedir que se tomará declaración, «en calidad de denunciados», tanto a González Ortiz como a Gregorio Medina, así como a los «testigos-peritos» reclamados por la Sala de lo Penal.
Reactivación del fuego
En la lista de nombres que figuran en el auto para que fueran citados a declarar, además de González Ortiz y Medina, también se aludía a un técnico de Medio Ambiente del Cecoes y al director del Parque Nacional de Garajonay, «que se incorporó a su trabajo el 7 de agosto», así como a «los miembros del Seprona que emitieron informes sobre el incendio».
Otra de las diligencias que ni siquiera ha llevado a cabo el Juzgado, y que recuerdan los magistrados del TSJC en su auto, es la necesidad de «ofrecer acciones a los perjudicados por el incendio, así como valorar los daños producidos en los bienes y propiedades de los particulares y entidades públicas». A esto se suma el envío de un oficio a la Agencia Estatal de Meteorología para que «informe de las condiciones climáticas existentes en los días en que se produjeron los incendios, particularmente el 9 de agosto y siguientes (…) y si era previsible la reactivación del incendio».
El incendió que arrasó La Gomera en 2012 asoló 4.100 hectáreas, el 11% de la superficie de la Isla, y obligó a desalojar a una cuarta parte de la población. El fuego quemó más de 750 hectáreas del Parque Nacional de Garajonay. El Cabildo cifró en un informe en 71 millones de euros las perdidas provocadas.
La investigación abierta por el Juzgado intenta dilucidar si existió negligencia política a la hora de llevar a cabo las labores de extinción, especialmente por las decisiones que se tomaron a la hora de decretar los diferentes niveles de actuación. No hay que olvidar que, cuando ya se daba por estabilizado el fuego, el incendio se reactivó el 9 de agosto debido a una fuerte ola de calor.
