La causa penal internacional contra Saif Al Islam ya no procede tras su amnistía

Libia considera que el hijo de Gadafi no cometió los delitos de los que se le acusa

EDDC.NET / Trípoli

La Corte Penal Internacional surgió a la vida jurídica mediante la concurrencia de la voluntad de 120 países que apoyaron lo consignado en el Estatuto de Roma, esto es, la creación de un tribunal penal de carácter permanente encargado de investigar, juzgar y sancionar a los máximos responsables de los más graves crímenes que conmueven la conciencia de la humanidad.

Bajo tales términos, se hará referencia en las siguientes líneas a la situación en Libia y al caso particular de Saif Al-Islam Gaddafi, contra quien la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto totalmente injusta y arbitraria en su contra por considerarse sin pruebas sólidas un posible máximo responsable de la comisión de crímenes de competencia de la Corte en un Estado no Parte del Estatuto de Roma.

Si bien la orden de arresto contra Saif Al-Islam Gaddafi fue dictada el 27 de junio de 2011, el 1 de mayo de 2012, Libia negó la admisibilidad del caso ante la Sala de Cuestiones Preliminares I, alegando que la CPI no podía reemplazar sino complementar el sistema de justicia penal de los Estados, y él estaba en completa capacidad y disposición de hacerlo.

El 31 de mayo de 2013, la Sala rechazó la impugnación de la admisibilidad de la causa. y se reconocieron los esfuerzos de Libia para restablecer el orden. El 21 de mayo de 2014 la Sala de Apelaciones de la CPI, confirmó la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares I declarando el caso contra Saif Al-Islam Gaddafi admisible ante la CPI.

A su vez la Sala de Cuestiones Preliminares I de la Corte emitió un acta de no cumplimiento del Estado libio en cuanto a la entrega de Saif Gaddafi y la destrucción de copias de documentos originales del antiguo Consejo de Defensa del que este hacía parte y que fueron incautados por las autoridades libias en junio de 2012 en Zintan. Tal acta fue remitida al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con el fin de que el mismo (como organismo que activó la competencia de la Corte en tal situación), colaborara en la eliminación de obstáculos para que tal Estado prestara cooperación.

Por otra parte, en 2015, un tribunal libio, sentenció a pena de muerte a 9 personas por los disturbios ocurridos en Libia en 2011, entre ellos, Saif Gaddafi.  Tras dicha decisión, la Fiscalía de la Corte, el 30 de julio de 2015 presentó una solicitud a la Sala de Cuestiones Preliminares I para que Libia se abstuviera de ejecutar la sentencia en su contra y en consecuencia lo entregara a instancias de la CPI.  Tal solicitud fue contestada por Libia el 20 de agosto de 2015, en donde afirmó que la sentencia de muerte contra Gaddafi no era eficaz porque el proceso se llevó a cabo en su ausencia y por ende tendría que surtirse un nuevo juicio, puesto que, si bien Gaddafi se encuentra en territorio libio, no está custodiado por autoridades estatales.

Abogados que representan a Saif Al-Islam Gaddafi Libia habían declarado que su representado había sido liberado tras la declaración de una amnistía, esto es, que se impide un enjuiciamiento al respecto y se genera total inmunidad frente a la persecución penal.  Por su parte, también solicitaron a la CPI el fin del proceso contra Gaddafi con sustento en el artículo 20 del Estatuto de Roma, referente al principio de cosa juzgada.

Libia quiere preservar e imponer la unidad de su sistema jurídico penal con el fin de llevar a cabo los procedimientos judiciales contra Gaddafi, mediante la impugnación de la competencia de la Corte de la admisibilidad de la causa (artículo 19 del Estatuto),  por lo que es posible y ya se ha hecho la declaración de una amnistía en favor de Saif al Islam.

¿Debe un Estado no parte del Estatuto de Roma cooperar con la CPI?

En principio se debe partir de la premisa de que la Corte Penal Internacional activa su competencia bajo los parámetros del principio de complementariedad, es decir, que no pretende sustituir los sistemas nacionales de justicia penal, sino que por el contrario, los complementa. La Corte puede investigar y, cuando proceda, perseguir y juzgar a los individuos sólo si el Estado en cuestión no lo hace, no puede o no está dispuesto a hacerlo realmente.

Por otra parte, por regla general y tomando como base la Convención de Viena sobre del Derecho de los Tratados, aquel Estado que no ha ratificado el Estatuto de Roma y que por ende no ha aceptado la competencia de la CPI, no tiene en principio ningún vínculo que le obligue a cooperar con tal organismo.

En conclusión, si bien se reconoce que los Estados no Parte del Estatuto de Roma no tienen obligación alguna en virtud de él, es del compromiso y diligencia de los mismos de conformidad con los principios que rigen el derecho, la figura del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la búsqueda de la justicia y la paz, más allá de la soberanía de sus territorios y ciudadanos, que en efecto podrán consolidarse verdaderas bases de cooperación con la Corte Penal Internacional, por lo que la amnistía realizada por Libia hacia el hijo de Gadafi debe ser tomada en cuenta para hacer caer esta acusación a todas luces injusta y fundamentada en pruebas débiles y en algunos casos hasta inciertas.

English version

The International Criminal Court emerged into legal life through the concurrence of the will of 120 countries that supported the provisions of the Rome Statute, that is, the creation of a permanent criminal court to investigate, prosecute and punish the highest Responsible for the most serious crimes that affect the conscience of humanity.

Under these terms, reference will be made in the following lines to the situation in Libya and to the particular case of Saif Al-Islam Gaddafi, against whom the International Criminal Court issued a totally unjust and arbitrary arrest warrant against him for being considered without solid evidence A possible maximum responsible for the commission of crimes of jurisdiction of the Court in a State not Party to the Rome Statute.

Although the arrest warrant against Saif Al-Islam Gaddafi was issued on 27 June 2011, on 1 May 2012, Libya denied the admissibility of the case before Pre-Trial Chamber I, claiming that the ICC could not replace Complement the criminal justice system of States, and he was in complete capacity and willingness to do so.

On May 31, 2013, the Chamber rejected the challenge of the admissibility of the case. And recognizing Libya's efforts to restore order. On May 21, 2014, the ICC Appeals Chamber upheld the decision of Pre-Trial Chamber I declaring the case against Saif Al-Islam Gaddafi admissible before the ICC.

In turn, Pre-Trial Chamber I of the Court issued an act of non-compliance by the Libyan State regarding the surrender of Saif Gaddafi and the destruction of copies of original documents of the former Defense Council of which it was a part and which were Seized by the Libyan authorities in June 2012 in Zintan. Such a report was forwarded to the United Nations Security Council so that it (as a body that activated the jurisdiction of the Court in such a situation) would assist in removing obstacles to such cooperation.

On the other hand, in 2015, a Libyan court sentenced the death penalty to 9 people for the riots in Libya in 2011, including Saif Gaddafi. Following that decision, the Court's Prosecutor, on 30 July 2015, submitted a request to Pre-Trial Chamber I for Libya to refrain from executing the judgment against it and to deliver it at the request of the ICC. This request was answered by Libya on August 20, 2015, where he stated that the death sentence against Gaddafi was not effective because the trial was carried out in his absence and therefore a new trial would have to be taken, since, if Well Gaddafi is in Libyan territory, is not guarded by state authorities.

Lawyers representing Saif Al-Islam Gaddafi Libya had stated that their representative had been released following the declaration of an amnesty, that is, that a prosecution in this respect is prevented and full immunity from prosecution is generated. For their part, they also asked the ICC to end the prosecution of Gaddafi based on Article 20 of the Rome Statute, regarding the principle of res judicata.

Libya wants to preserve and impose the unity of its criminal legal system in order to carry out judicial proceedings against Gaddafi, by challenging the jurisdiction of the Court of the admissibility of the case (Article 19 of the Statute), so It is possible and the declaration of an amnesty in favor of Saif al Islam has already been made.

Should a State not part of the Rome Statute cooperate with the ICC?

In principle, it must be assumed that the International Criminal Court activates its competence under the parameters of the principle of complementarity, that is, it does not seek to replace national criminal justice systems, but instead complements them. The Court may investigate and, where appropriate, prosecute and try individuals only if the State in question does not, is unable or unwilling to do so.

On the other hand, as a general rule and on the basis of the Vienna Convention on the Law of Treaties, that State which has not ratified the Rome Statute and has therefore not accepted the jurisdiction of the ICC, Which obliges him to cooperate with such a body.

In conclusion, while recognizing that States not belionging to the Rome Statute have no obligation under it, it is their commitment and diligence in accordance with the principles governing the law, the figure of The United Nations Security Council and the pursuit of justice and peace, beyond the sovereignty of their territories and citizens, which will in fact be able to consolidate true bases of cooperation with the International Criminal Court, reason why the amnesty made by Libya towards the son of Gadafi.