Emalsa hace oficial la querella al exinterventor Rafael Bolívar
Fue acordada por el Consejo de Administración de Emalsa el pasado mes de diciembre
EDDC.NET / Las Palmas de Gran Canaria
En la mañana de ayer, Emalsa ha presentado en los juzgados de instrucción de Las Palmas de Gran Canaria, una querella criminal contra el funcionario del Ayuntamiento Rafael Bolívar Toledo, en relación con lo actuado por él durante los 18 meses en los que, por designación de la Junta de Gobierno que presidía Juan José Cardona, desempeñó el cargo de Interventor de los Servicios Municipales de Agua en esta compañía.
La querella fue acordada por el Consejo de Administración de Emalsa, en su sesión de 22 de diciembre de 2015, con los votos a favor de los socios privados y los consejeros en representación de la plantilla de la empresa. Los consejeros municipales y su presidente y Alcalde de la ciudad, Augusto Hidalgo, se abstuvieron
La querella que se dirige contra el técnico municipal lo es por los delitos de falsedad documental y prevaricación mediata.
La querella plantea también que el auténtico objetivo de la intervención en Emalsa perseguía el rescate de la concesión, para lo que se falsearon informes con supuestos incumplimientos contractuales que, carentes lógicamente de pruebas, nunca han permitido la apertura de expediente sancionador alguno contra la compañía.
Se argumenta el delito de falsedad documental porque, en el ejercicio de sus funciones, Rafael Bolívar faltó, de forma reiterada y sistemática, a la verdad en numerosos informes que fueron muy relevantes para que, por la corporación municipal, se adoptaran determinadas decisiones relativas a la empresa Emalsa, señalando falsos incumplimientos contractuales y atribuyéndole, también falsamente, a dicha empresa concesionaria, muchos de los problemas de la gestión del ciclo integral del agua que, sin embargo, no eran en absoluto su responsabilidad. Todas esas falsedades sirvieron para perjudicar a la empresa (e, indirectamente, al propio Ayuntamiento) dejándole de abonar facturas, que como luego se ha demostrado a través de una sentencia judicial, deberían haberse abonado en su momento.
La querella señala también delito de inducción a la prevaricación (prevaricación mediata) porque, a través de dichos informes, manipuló de forma ostensible la voluntad de los integrantes de la corporación municipal, haciéndoles creer que la solución a todos esos supuestos incumplimientos y problemas de gestión tenía que ser la intervención de los servicios concesionales y, una vez declarada ésta, haciéndoles creer la necesidad de su prórroga durante un año más.