El pleno aprueba destinar 11 millones de euros del superávit al pago de sentencias por las modificaciones en la RPT de 2014 y 2015
Las decisiones judiciales tienen que ver con la gestión del anterior gobierno del PP
EDDC.NET / Las Palmas de Gran Canaria
El pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aprobó destinar 26,3 millones de euros de los 35,4 millones de euros del superávit municipal correspondiente al ejercicio presupuestario de 2017 a atender las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto, principalmente el pago de sentencias judiciales en materia de personal correspondiente a los ejercicios 2014 y 2015 y las indemnizaciones por sentencias en materia urbanística de años anteriores.
Las dos modificaciones de la Relación de Puestos de Trabajo durante el pasado mandato (2014 y 2015) y su posterior nulidad, así como la supresión por parte del Gobierno municipal de ese momento del complemento de incompatibilidad y la suspensión unilateral de los pactos y acuerdos con los trabajadores también anuladas por los Tribunales obligan al Ayuntamiento al pago de 11 millones de euros en materia de sentencias judiciales que se podrá atender mediante la modificación de crédito aprobada por el pleno municipal.
El actual grupo de gobierno municipal prevé que en el último cuatrimestre del ejercicio 2018 quede saldada la totalidad de la deuda con los trabajadores municipales.
La Disposición Adicional Sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera habilita a las corporaciones locales que no están endeudadas, que tengan superávit y remanente líquido de tesorería positivo, como es el caso del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, para aplicar el superávit presupuestario generado en el ejercicio anterior a atender las obligaciones de pendientes de aplicar al presupuesto.
Con la modificación de crédito aprobada por el pleno, además se incorporarán los créditos necesarios al área de Urbanismo para liquidar las indemnizaciones derivadas de sentencias firmes en materia urbanística o los acuerdos de justiprecio por expropiaciones pendientes de abono.
Igualmente, se incorpora a todos los centros gestores el crédito necesario para atender las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto.
