El juzgado desestima la medida cautelar interpuesta por la asociación de Vecinos Defensa de Ciudad Jardín contra la MetroGuagua

La suspensión y paralización de las obras supondría innumerables molestias

EDDC.NET / Las Palmas de Gran Canaria 

El juzgado de lo contencioso administrativo nº1 de Las Palmas no accede a la medida cautelar interpuesta por la asociación de Vecinos Defensa de Ciudad Jardín. El magistrado de la sala desestima la suspensión de todas las obras que se están llevando a cabo en la ciudad en virtud de los actos administrativos adoptados por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para la preparación, adjudicación y ejecución del Sistema Público de Transporte Rápido (BRT) de la MetroGuagua, tal y como había pedido la procuradora en representación de la Asociación.

Según el auto, el interés general representado por la necesidad de dotar a la ciudad de un sistema de transporte público más rápido y eficaz que el que existe en la actualidad y que exige la realización de múltiples obras que afectan a todos los ciudadanos debe prevalecer por encima del interés particular alegado por la Asociación de Vecinos Defensa de Ciudad Jardín.

El juez alega que la suspensión y paralización de las obras supondría innumerables molestias para todos los habitantes y visitantes de la ciudad y para el tráfico rodado. Además, los usuarios del transporte público verían retrasada la entrada en funcionamiento de la MetroGuagua, que pretende dar agilidad y rapidez al transporte público en la ciudad. Finalmente, los intereses económicos de todas las empresas que resultaron adjudicatarias de los distintos proyectos de las obras resultarían directamente afectados, acarreando importantes pérdidas económicas para ellas.

Por otra parte, el auto califica de “intereses abstractos” el hecho de que los demandantes soliciten la suspensión de las obras “en defensa del medio ambiente y del urbanismo”, ya que la defensa de estos puntos no está prevista entre los fines de la asociación que se enumeran en los estatutos aportados por la misma.

Finalmente, el magistrado expone en el auto que la comunidad de vecinos pretende que se declare la nulidad de todos los actos administrativos del consistorio capitalino con respecto a la MetroGuagua, pero sin especificar ninguno en concreto, lo que ya de por sí va en contra del carácter revisor de la jurisdicción contencioso administrativa en la que ha de analizarse la legalidad de los actos administrativos concretos.