Podemos califica de “ilusionismo social” la repentina apuesta del Cabildo por las cláusulas sociales en el Plan Transforma
Montero y Pulido recuerdan que Morales rechazó garantizar los derechos laborales
EDDC.NET / Las Palmas de Gran Canaria
El Grupo de Podemos en el Cabildo de Gran Canaria, formado por los consejeros Miguel Montero e Ylenia Pulido, aplauden el repentino interés del gobierno de Antonio Morales por garantizar las cláusulas sociales en la contratación del Plan Transforma del Cabildo, un interés que curiosamente se produce tras una solicitud de Podemos en el Pleno en este sentido.
Los representantes de la formación morada consideran "muy positivo" que Morales rectifique y se comprometa ahora a velar por los derechos de los trabajadores, máxime cuando en el pleno de abril su grupo de gobierno rechazó una moción de Podemos que buscaba garantizar dichas cláusulas sociales, pero aplicada a los contratos de seguridad privada del Cabildo y organismos autónomos.
El portavoz de Podemos en el Cabildo, Miguel Montero, considera “preocupante que, dos meses después del anuncio del Plan Transforma, y ya a mitad de año y de legislatura, el Cabildo anuncie que está considerando empezar a plantearse la posibilidad de incluir cláusulas sociales en los pliegos de contratación” lo que, a su juicio, refuerza la sensación de que el presidente del Cabildo y su grupo de gobierno “se ha embarcado en una estrategia de propaganda vacía de contenido”.
“No contento con practicar el ilusionismo económico con el Plan Transforma, ahora quiera añadirle además el ilusionismo social con una medida que, precisamente, no ha aplicado en los últimos dos años en otras contrataciones pese a tratarse de un compromiso reflejado en el Pacto de Gobierno".
Las cláusulas sociales en la contratación pública cobran especial relevancia por la situación de crisis económica, que afecta principalmente a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, así como por el recorte en los presupuestos que la Administración insular desarrolló durante el periodo de contracción económica.
Los concursos de adjudicación de la administración pública suelen favorecer la competencia de las empresas en precio, lo que provoca la rebaja reiterada de los costes de adjudicación para hacerse con un determinado contrato. Cuando un producto o servicio se licita por debajo de su precio real, la empresa adjudicataria se ve obligada o bien a limitar y empeorar el servicio ofertado, o bien a recortar los derechos y condiciones laborales de los trabajadores que lo llevan a cabo. Las cláusulas sociales, entre otras cuestiones, tratan de evitar lo segundo.
