Exigen a administraciones que “dejen de contratar a empresas pirata” del Grupo Ralons

Rodríguez, candidato al Congreso por la provincia de Santa Cruz de Tenerife en las elecciones generales del próximo 10 de noviembre, y Manuel Marrero, portavoz del Grupo Parlamentario, han solicitado a las administraciones públicas de las Islas que “acaben con la infamia” que supone la contratación de “las empresas pirata del Grupo Ralons”, cuyo propietario es Miguel Ángel Ramírez. “No sabemos el motivo por el cual las administraciones públicas siguen aprobando contratos públicos con Miguel Ángel Ramírez, cuyas empresas no pagan los salarios a los trabajadores, no cumplen con los convenios colectivos y que no cotizan ni a la Seguridad Social ni a Hacienda”, ha afirmado el ‘cabeza de lista’ de Unidas Podemos. Por este motivo, el portavoz parlamentario planteará al presidente del gobierno, Ángel Víctor Torres, una pregunta en la próxima sesión de control al ejecutivo sobre “qué va a hacer en el futuro este gabinete con respecto a estas empresas que no están cumpliendo con los trabajadores”. “El gobierno debe adoptar alguna medida, porque lo que no puede ser es que haya 400 trabajadores y trabajadoras, y sus respectivas 400 familias, que lleven seis meses sin cobrar y que están en absoluta precariedad, hasta el punto que ni siquiera pueden ir a trabajar porque no tienen ni para pagar la guagua”, insistió Marrero. Rodríguez y Marrero se reunirán con representantes sindicales de los trabajadores del Grupo Ralons, que iniciaron el jueves una huelga, pues ambos representantes políticos insisten en que “no puede ser que la precariedad y el sufrimiento de la gente de Canarias esté, encima, financiada con dinero público”. Marrero recuerda que “es gente que trabaja en centros de salud de Atención Primaria del SCS o en colegios de Ayuntamientos como, por ejemplo, el de Arico”; incidiendo en que “las administraciones deberían estar mucho más rápidas para solventar un asunto que se viene arrastrando desde hace muchos años”. “Es una anomalía con la que hay que acabar que el dinero público se entregue a empresas que luego no cumplen con sus trabajadores”, concluye Marrero.