Los afectados por la ley turística consiguen un ‘llenazo’ en Las Palmas de Gran Canaria

Más de quinientas personas asisten a la primera reunión de la Plataforma de Afectados por La Ley Turística. El Real Club Náutico de Gran Canaria fue el escenario en el que se desarrolló la primera asamblea informativa que esta organización sin ánimo de lucro realiza en la capital de la isla. En una mesa encabezada por Blas Padrón, presidente, acompañado de Maribe Doreste, Vicepresidenta de la organización, y de José Sánchez, secretario, se procedió a explicar en detalle la situación creada por la normativa recientemente aprobada que cambia todo el panorama sobre el derecho de propiedad de miles de propietarios de viviendas en el sur grancanario. Para Maribe Doreste “las normas aprobadas y publicadas en 2013 y 2015 constituyen el colofón que trata de cerrar el círculo por el que se ha pretendido, durante un proceso de quince años, «sacar» literalmente a los pequeños propietarios de su vivienda en zona turística”. Continuó señalando que “estas normas totalmente injustas,  han permitido que otras personas o agentes sociales tuvieran voz sobre derechos que no les corresponden, decidiendo sobre el uso de la propiedad de miles de pequeños propietarios sin su participación y consentimiento”. Blas Padrón por su parte señaló que “la situación creada supone en definitiva que el propietario tendrá una propiedad que no valdrá prácticamente nada, pues se pregunta qué valor tiene una propiedad que no puedes disfrutar sino solo cederla a la gestión turística, no puedes vivirla, disfrutarla personalmente o alquilarla”. Señaló además que, “con la publicación de los Planes Generales, como el caso de San Bartolomé de Tirajana, expresamente se señala la exclusividad de uso turístico, por lo que no se podrá tan siquiera alquilar por temporadas”. Blas Padrón continuó informando que “por extravagante que parezca, esta es la realidad. No se ha contado con el principal propietario de las zonas turísticas y se ha tergiversado totalmente la interpretación de lo que es uso turístico, de forma que antes esta consideración era simple y llanamente un plus para el propietario que podía, como valor añadido, ceder su propiedad a la actividad turística. Ahora se quiere hacer creer que esta posibilidad, que era una opción, era una obligación, e indicó que esto es absolutamente falso. El sur de Gran Canaria fue residencial, y han sido las normas sucesivas las que han ido cambiado, de forma interesada el concepto, haciendo creer a los ciudadanos que siempre han tenido un uso restringido”. Por su parte, Maribe Doreste destacó igualmente que los llamados Planes de Modernización y Mejora “suponen los verdaderos «caballos de Troya» de toda esta conspiración contra los pequeños propietarios. Se trata de verdaderos caramelos envenenados con los que se pretende involucrar a las comunidades de propietarios y que de aprobarse en ciertas condiciones, pueden suponer la pérdida absoluta de derechos para los propietarios, cambiando absolutamente el régimen jurídico de la propiedad”. José Sánchez, secretario de organización, señaló que “esta problemática no afecta solo a los pequeños propietarios, sino al conjunto de la sociedad canaria, por lo que es absolutamente necesario que se conozca este disparate jurídico que desgraciadamente ha sido admitido por todos los políticos canarios que no han defendido desde luego a la gente de su pueblo sino a otros intereses”. Con esta norma, se informó, los canarios no podrán tener una segunda residencia donde retirarse como cualquier otro español o europeo, “sino que se nos convierte en ciudadanos de segunda en nuestra propia tierra”. Después de una importante ronda de preguntas realizadas por los asistentes, se planteó la necesidad de aumentar los socios de la plataforma porque se indicó “llegaremos hasta donde haga falta para proteger nuestros derechos”. El acto se interrumpió en reiteradas ocasiones por los aplausos de los asistentes, que constataron la gravedad del problema y lo que supone para el conjunto de la sociedad canaria.